Raymundo Riva Palacio
Lo extraordinario se volvió ordinario, y lo oficioso se
convirtió en oficial. La militarización del país llegó para quedarse. Con 14
meses de retraso, o de estar ponderando el gran paso que iba a dar hacia
delante, el pasado viernes 8 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador
firmó el acuerdo para que las Fuerzas Armadas asuman tareas de policía y se
sumen a combatir la delincuencia junto con la Guardia Nacional, cuando menos
hasta el 27 de marzo de 2024. López
Obrador continuó su entrega a los militares, a quienes detestaba y criticaba
antes de llegar a la Presidencia, y que hoy son el pilar sólido sobre el cual
descansa su gobierno.
Ningún presidente en tiempos de paz había hecho lo que
ahora concretó López Obrador al publicar el acuerdo este lunes en el Diario
Oficial de la Federación, dejando abiertas las preguntas de porqué tardó tanto
en publicarlo, para que entre en vigor a partir de hoy martes, y si haberlo
hecho significa que el periodo de gracia que le dio a la Guardia Nacional, que
nació en marzo de 2019, se agotó sin que ese nuevo cuerpo policial paramilitar
mostrara evolución. O también, si esto es resultado de una inconformidad dentro
de las Fuerzas Armadas que había pasado desapercibido en la opinión pública.
Esto ha sido posible porque Miguel Ángel Godínez García,
hijo del fallecido general Miguel Ángel Godínez Bravo, jefe del Estado Mayor
Presidencial durante el gobierno del presidente José López Portillo, entreabrió
una puerta usualmente hermética que impide ver las diferencias o
inconformidades del poder militar con el poder civil. En su artículo semanal en
Excélsior a finales de abril, escribió: “Decepciona el mensaje del Presidente
al crimen organizado. Es evidente que la pandemia está sacando a la luz lo que
hemos dicho y escrito en todas las formas posibles, no existe estrategia alguna
en materia de seguridad nacional.
“Las estrategia del Estado han sido ocurrencias”, agregó
el autor, que por sangre y relaciones conoce el sentir militar. “Acusarlos con
sus ‘mamacitas, ‘abrazos y no balazos’, ‘amor y paz’, y ahora este último que
sólo muestra un grito desesperado del jefe de Estado: ‘bájenle, sí; bájenle’.
El nivel de la 4T en este rubro es insultante, desafiante y peligroso… Ningún
mexicano desea tener un mandatario que ni siquiera es tibio, es sumiso o
sometido.
“En otros tiempos estaríamos viendo al Ejército en
operativos disuasivos en las calles, primero para garantizar el aislamiento y
de paso persuadir al crimen organizado. En su lugar sólo vemos a un ex vocero
de escritorio que sigue ostentando con vergüenza el puesto de secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, a una Olguita Cordero que ya nadie sabe qué ostenta,
y la Fuerzas Armadas, siendo su única institución con líderes capaces de actuar
frente a cualquier dadivoso cártel, en espera de recibir órdenes para contener
y persuadir con toda su infraestructura la paz anhelada que prometió hasta el
cansancio la 4T”.
La crítica de Godínez García refleja un largo malestar
con López Obrador, por su maltrato inicial a las Fuerzas Armadas, atenuado por
la forma como les fue cediendo poder en actividades fuera de su competencia.
Recursos presupuestales y obras a militares sirvieron como bálsamo, pero no
suficiente para desterrar la sensación de entrega, miedo o por la sospecha de
compromisos inconfesables con el Cártel de Sinaloa. Puede ser todo coincidencia
o no ese artículo con un mensaje que podría no tener relación directa con la
decisión presidencial, pero tres semanas después de publicado, apareció el
acuerdo que se había enlatado en Palacio Nacional. El acuerdo, aunque tiene
fecha de vencimiento pocos meses antes de las próximas elecciones
presidenciales, podría renovarse, lo que parecería lógico pues introduce de
manera natural el concepto de Seguridad Interior en México.
Javier Oliva, un experto en temas de seguridad y
militares, expuso casualmente el tema ayer en su colaboración habitual en El
Sol de México. La Seguridad Interior, explicó, tutela la estabilidad social y
política, y cuando por diversas razones, internas o externas se afecta, deben
aplicarse los recursos más efectivos para contener, procesar y neutralizar los
fenómenos desestabilizadores. Los cárteles de la droga estaban logrando esto
con un desafío sin respuesta al Estado. Primero hincó el Cártel de Sinaloa al
presidente y a su gobierno en octubre del año pasado en Culiacán, al liberar al
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Después puso a disposición de su familia los
buenos oficios de cuatro secretarios de Estado para que busquen su repatriación
de Estados Unidos. Cuando llegó el coronavirus, sin poner un freno salvo
gritillos de “bájenle, bájenle”, López Obrador contempló a la hija de El Chapo
y a los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación, apoyar socialmente y
repartir despensas en las comunidades más necesitadas, tarea que correspondía
al gobierno.
El acuerdo le da un poder extraordinario a las Fuerzas
Armadas, que se rigen normativamente por la Ley de Seguridad Nacional y la Ley
de Seguridad Interior, y que ahora tendrán el blindaje político para operar
casi plenamente dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Con funciones equiparables a las que tenía la prácticamente extinta
Policía Federal, cumplirán de manera “subordinada y complementaria” a la
Guardia Nacional, aunque esto es sólo un decir.
El comisionado de la Guardia Nacional, el general Luis
Rodríguez Bucio, no recibe órdenes de su jefe nominal, el secretario de
Seguridad, Alfonso Durazo, sino de su jefe real, el general secretario de la
Defensa, Luis Cresencio Sandoval. No será el Ejército el subordinado, sino la
Guardia Nacional, de la cabeza a la cola, que será sometida a las Fuerzas
Armadas, en este proceso abierto y claro de la militarización del país, que no
beneficia a nadie, incluidos los militares.
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