Febrero 1, 2020 | Por Revista Siempre!
Cecilio Ferro Villa.-
La introducción ilegal de ganado por nuestra frontera sur
es un discurso recurrente desde hace varios meses en el sector pecuario donde
organismos y líderes locales alertan sobre los peligros de esta práctica tanto
por el factor sanitario como por la seguridad nacional.
Las preocupaciones de los ganaderos van desde las
pérdidas económicas y de estatus zoosanitario –que inciden en sus
exportaciones– hasta los embates de la delincuencia organizada que los amenaza
lo mismo si no compran ese ganado irregular o por si los denuncian. Un caso
emblemático fue el asesinato del ganadero veracruzano y dirigente de la CNC, Juan
Carlos Molina, que ya había denunciado los riesgos del tráfico ilegal de ganado
centroamericano a México.
Las alertas se diluyen frente a los significativos
recortes presupuestales que el gobierno de la cuatroté ha hecho para el campo
afectando de manera contundente en las campañas sanitarias y de vigilancia
epidemiológica. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), organismo desconcentrado de la Secretaría de
Agricultura (SADER), responsable de la regulación, inspección, vigilancia y
certificación de alimentos sanos ha sufrido un desmantelamiento importante de
sus inspectores sanitarios por la austeridad gubernamental. Entonces ¿quién y
bajo qué parámetros vigila el ingreso de ganado y demás productos
agroalimentarios por nuestras fronteras? sin la debida trazabilidad, ¿a dónde
llegan esos productos para ser procesados o cómo se integran a nuestro hato
nacional, a nuestros mercados, a nuestras mesas?
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| Ricardo y David Monreal |
La vulnerabilidad y porosidad en la frontera sur —como ya
se ha visto en las últimas semanas con las caravanas migrantes— sumada al
despido de los verificadores e inspectores del SENASICA y la corrupción de las
aduanas, es el cóctel para la introducción ilegal de ganado que bien puede
estar enfermo o ser producto de abigeato, y que ya en territorio mexicano, es
“nacionalizado” por medio de los aretes del Sistema Nacional de Identificación
Individual del Ganado (SINIIGA) que certifican la “trazabilidad” del ganado
nacional y que son vendidos en un mercado negro, del cual, de manera
conveniente, las autoridades responsables no han podido encontrar el origen.
En este panorama corren las versiones en el sentido de
que ese ganado, es vendido a veces a mitad de precio de lo que ofertan los
ganaderos nacionales, naturalmente los intermediarios en la cadena de carne
privilegian la compra de ganado ilegal centroamericano sobre el nacional, con
las consecuentes pérdidas a la ganadería. Los ganaderos oaxaqueños han
denunciado que el arete del SINIIGA es vendido en 500 pesos por cabeza, cuando
el precio fijado por la SADER es de 30 pesos.
El debilitamiento de esos estándares y procesos para
preservar la sanidad animal e inocuidad agroalimentaria, también se han visto
afectados con la puesta en marcha del programa de Crédito Ganadero, cuyo
objetivo es fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores al
incentivar la ganadería de traspatio. El programa, sin embargo, no deja en
claro la trazabilidad misma de los animales que son repartidos, si cuentan con
certificados, quién es el proveedor, cuánto cuesta al gobierno cada cabeza y
sobre todo, si los productores beneficiados tendrán las capacidades técnicas
para criar a ese ganado con los estándares de sanidad que les permitan su
reproducción o venta con las calidades que requiere el mercado.
Las constantes denuncias y quejas de los ganaderos
mexicanos parecieron encontrar respuesta en noviembre pasado cuando la SADER
firmó un acuerdo de entendimiento con el gobierno de Guatemala a fin de
desalentar el tráfico ilegal de ganado. Sin embargo, hasta el momento no se
percibe ningún signo que sugiera que la problemática se revierta. Se desconoce
el número de reses que han ingresado al país ilegalmente y que ponen en alto
riesgo la sanidad animal de México, que no sobra subrayar durante los últimos años
ha sido reconocido como una autoridad sanitaria a nivel mundial y que ha
permitido crecer y expandir las exportaciones a mercados tan exigentes como los
europeos y asiáticos por los altos estándares de sanidad e inocuidad.
Entre los claroscuros de la ganadería mexicana en la
administración de la cuatroté, es inmanente el filón político. La incertidumbre
y depresión que asola al sector pecuario, se acrecienta por los vaivenes y
afanes del Coordinador General de Ganadería de la SADER, David Monreal, quien
desde antes de ocupar su cargo en el gobierno federal manifestó sus intenciones
de acceder a la gubernatura de Zacatecas, con el abierto aval de su hermano,
Ricardo, actual coordinador de la bancada morenista en el Senado. En estas
últimas semanas, el Coordinador viajero —nunca está en su oficina para atender
a los productores— se ha visto rodeado de versiones que adelantan que dejará el
cargo en poco tiempo para dedicarse de lleno a sus aspiraciones políticas. ¿Y
el sector, y los ganaderos, y primero los pobres será que son sólo un
trampolín?
