¿En riesgo la ganadería nacional? ¿Intereses políticos?


Febrero 1, 2020 | Por Revista Siempre!
Cecilio Ferro Villa.- 

La introducción ilegal de ganado por nuestra frontera sur es un discurso recurrente desde hace varios meses en el sector pecuario donde organismos y líderes locales alertan sobre los peligros de esta práctica tanto por el factor sanitario como por la seguridad nacional.

Las preocupaciones de los ganaderos van desde las pérdidas económicas y de estatus zoosanitario –que inciden en sus exportaciones– hasta los embates de la delincuencia organizada que los amenaza lo mismo si no compran ese ganado irregular o por si los denuncian. Un caso emblemático fue el asesinato del ganadero veracruzano y dirigente de la CNC, Juan Carlos Molina, que ya había denunciado los riesgos del tráfico ilegal de ganado centroamericano a México.

Las alertas se diluyen frente a los significativos recortes presupuestales que el gobierno de la cuatroté ha hecho para el campo afectando de manera contundente en las campañas sanitarias y de vigilancia epidemiológica. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura (SADER), responsable de la regulación, inspección, vigilancia y certificación de alimentos sanos ha sufrido un desmantelamiento importante de sus inspectores sanitarios por la austeridad gubernamental. Entonces ¿quién y bajo qué parámetros vigila el ingreso de ganado y demás productos agroalimentarios por nuestras fronteras? sin la debida trazabilidad, ¿a dónde llegan esos productos para ser procesados o cómo se integran a nuestro hato nacional, a nuestros mercados, a nuestras mesas?

Ricardo y David Monreal
La vulnerabilidad y porosidad en la frontera sur —como ya se ha visto en las últimas semanas con las caravanas migrantes— sumada al despido de los verificadores e inspectores del SENASICA y la corrupción de las aduanas, es el cóctel para la introducción ilegal de ganado que bien puede estar enfermo o ser producto de abigeato, y que ya en territorio mexicano, es “nacionalizado” por medio de los aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA) que certifican la “trazabilidad” del ganado nacional y que son vendidos en un mercado negro, del cual, de manera conveniente, las autoridades responsables no han podido encontrar el origen.

En este panorama corren las versiones en el sentido de que ese ganado, es vendido a veces a mitad de precio de lo que ofertan los ganaderos nacionales, naturalmente los intermediarios en la cadena de carne privilegian la compra de ganado ilegal centroamericano sobre el nacional, con las consecuentes pérdidas a la ganadería. Los ganaderos oaxaqueños han denunciado que el arete del SINIIGA es vendido en 500 pesos por cabeza, cuando el precio fijado por la SADER es de 30 pesos.

El debilitamiento de esos estándares y procesos para preservar la sanidad animal e inocuidad agroalimentaria, también se han visto afectados con la puesta en marcha del programa de Crédito Ganadero, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores al incentivar la ganadería de traspatio. El programa, sin embargo, no deja en claro la trazabilidad misma de los animales que son repartidos, si cuentan con certificados, quién es el proveedor, cuánto cuesta al gobierno cada cabeza y sobre todo, si los productores beneficiados tendrán las capacidades técnicas para criar a ese ganado con los estándares de sanidad que les permitan su reproducción o venta con las calidades que requiere el mercado.

Las constantes denuncias y quejas de los ganaderos mexicanos parecieron encontrar respuesta en noviembre pasado cuando la SADER firmó un acuerdo de entendimiento con el gobierno de Guatemala a fin de desalentar el tráfico ilegal de ganado. Sin embargo, hasta el momento no se percibe ningún signo que sugiera que la problemática se revierta. Se desconoce el número de reses que han ingresado al país ilegalmente y que ponen en alto riesgo la sanidad animal de México, que no sobra subrayar durante los últimos años ha sido reconocido como una autoridad sanitaria a nivel mundial y que ha permitido crecer y expandir las exportaciones a mercados tan exigentes como los europeos y asiáticos por los altos estándares de sanidad e inocuidad.

Entre los claroscuros de la ganadería mexicana en la administración de la cuatroté, es inmanente el filón político. La incertidumbre y depresión que asola al sector pecuario, se acrecienta por los vaivenes y afanes del Coordinador General de Ganadería de la SADER, David Monreal, quien desde antes de ocupar su cargo en el gobierno federal manifestó sus intenciones de acceder a la gubernatura de Zacatecas, con el abierto aval de su hermano, Ricardo, actual coordinador de la bancada morenista en el Senado. En estas últimas semanas, el Coordinador viajero —nunca está en su oficina para atender a los productores— se ha visto rodeado de versiones que adelantan que dejará el cargo en poco tiempo para dedicarse de lleno a sus aspiraciones políticas. ¿Y el sector, y los ganaderos, y primero los pobres será que son sólo un trampolín?


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