Pablo Hiriart.-
La reforma constitucional que da entrada a la consulta
popular para la revocación de mandato al Presidente y gobernadores no es una
carta blanca para la reelección: la frena por esa vía.
Sin embargo el país será escenario de un forcejeo
político sin tregua para derribar legalmente a las autoridades.
Los incentivos serán para el enfrentamiento y no para los
acuerdos.
¿Por qué un partido opositor le va a dar sus votos al
partido gobernante en el Congreso a fin de aprobar una buena ley?
Ni de broma. Si lo puede tirar, ¿para qué lo va a ayudar?
Todas las grandes reformas que le han dado viabilidad al
país e impiden que estemos en el hoyo a pesar de un mal gobierno, han sido
posibles gracias a los acuerdos PAN-PRI en el Congreso.
El TLCAN nos sacó de la crisis del 95 y nos mantiene a
flote ahora que la economía se ha caído. Fue un acuerdo PRI-PAN.
Ahora el incentivo será al revés: que le vaya mal al
gobierno para que caiga en la consulta intermedia.
El Presidente y los gobernadores vivirán en campaña.
Promoviéndose y atacando.
La tarea de gobernar para el bien de la ciudadanía y las
próximas generaciones, quedará anulada.
Hay que subrayar que tiene una virtud lo que aprobó el
martes el Senado, a diferencia de cómo venía el proyecto original: cierra la
puerta a la reelección, al menos por esa vía.
Esta revocación no es, automáticamente, igual a
reelección.
Sin duda buscarán otras vías para intentarlo, porque la
idea es reelegirse, como lo mostró el grosero experimento de Baja California.
Dentro de poco Morena tendrá mayoría en la Suprema Corte,
o la construirá mediante el expediente de forzar la renuncia de ministros
incómodos.
Pero así como está, lo que aprobó el martes el Senado no
será un instrumento para alargar el mandato presidencial ni de los gobernadores
estatales.
Tampoco estará el Presidente en la boleta en las
elecciones intermedias, como quería Morena en esta ocasión.
De todas maneras es una mala ley. Los tres primeros años
del Presidente los destinará a conseguir su ratificación en la mitad del
mandato.
Y en lugar de aprovechar esos primeros años para
construir acuerdos y tomar medidas aunque sean difíciles, la motivación será
buscar el fracaso del gobierno.
Los presidentes, especialmente a los autoritarios que se
les dificulta llevar una relación de trabajo con quien piensa diferente, harán
todo lo posible por tirar a los gobernadores de oposición mediante consulta
popular.
Es muy fácil hacerlo. Basta con cerrarles la llave del
dinero desde la Secretaría de Hacienda. Ahorcarlos sin recursos para seguridad,
por ejemplo.
Los gobernadores vivirán bajo el chantaje permanente del
gobierno federal y de los grupos radicales y pendencieros en sus estados.
¿Cómo van a hacer los gobernadores de los estados más
atrasados (Guerrero, Oaxaca, Chiapas), si van a estar a expensas de la
extorsión política de grupos magisteriales y otros más violentos, movidos en
buena medida por Morena?
Los radicales pueden poner de cabeza a un estado hasta
que el gobierno local ceda al chantaje. Ahora que el gobernador tenga su cargo
pendiente del hilo de la consulta popular, más revueltas van a haber.
Tendremos una dinámica de confrontación permanente y nada
de incentivos para los acuerdos.
Un país como México, polarizado, está condenado al
estancamiento.
Y a que ganen los grillos que dedican su vida a impedir
los avances, o de plano a destruirlos.
Como es el caso.