Raymundo Rivapalacio.-
El domingo 28 de septiembre de 2014, Jesús Murillo Karam,
procurador general, informó al presidente Enrique Peña Nieto y a sus
principales colaboradores, sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa la
noche del 26 en Iguala. “Se trata de una depuración entre narcotraficantes”,
dijo con contundencia, recordó uno de los asistentes en esa reunión. En la
lógica que tenía el gobierno peñista, llevada al absurdo como estrategia para
combatir la inseguridad, no meterían las manos. La lectura del ex procurador no
era precisa, y el manejo que dieron fue un desastre. Minimizar que en el centro
de una lucha entre grupos criminales en Iguala habían quedado atrapados decenas
de estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, harían que
aquella noche fuera uno de los detonantes del fracaso de Peña Nieto y el
principio del fin de su sexenio.
El gobierno de Peña Nieto nunca encontró el motivo real
del crimen contra los normalistas -hasta hoy, sólo hay la certeza de que uno de
los 43, murió- que cumple cinco años esta semana, pero las investigaciones que
nunca se detuvieron permiten tener como hipótesis de trabajo que fueron
privados de su libertad y probablemente asesinados la mayoría de ellos, al
menos, dentro del marco de la guerra entre Guerreros Unidos y Los Rojos, que
luchaban por el control de dos corredores de droga, el de Iguala-Ciudad
Altamirano-estado de México, dentro del territorio de los primeros, y el de
Acapulco-Chilpancingo-Ciudad de México, además del trasiego, distribución y
comercialización de la heroína, extraída de la amapola, cultivada en esa Tierra
Caliente.
Una hipótesis que ha venido sumando más evidencias es que
aquel 26 de septiembre, cuando llegaron dos autobuses a Iguala con los
normalistas -que se apoderaron de otros dos en la terminal-, activó a Guerreros
Unidos que estaban en alerta por información que tenían que Los Rojos habían
llegado a su territorio para atacarlos. Esto fue detonado por un ataque al
lavado de autos “Los Peques”, de los hermanos Benítez Palacios, que utilizaban
los guerrerospara llevar a sus víctimas y descuartizarlas. El ataque a “Los
Peques” fue desestimado inicialmente por las autoridades, al no haber
comprobado los dichos de algunos vecinos que lo habían referido.
Nuevas pesquisas señalan que los Benítez Palacios, al ser
atacados, se replegaron a sus casas, donde se enfrentaron dos o tres veces con
los rojos. Aparentemente, este ataque era en represalia porque tres días antes
habían asesinado en la cercana Mezcala a Narciso Vázquez Arellano, uno de
líderes locales, hermano de quien era vocero de la Sociedad de estudiantes de
Ayotzinapa, que se hacía llamar Omar García Vázquez. La alerta fue dada por
Víctor Hugo Benítez, apodado El Tilo, al jefe de plaza en Iguala, Gildardo
López Astudillo, El Gil, a quien le aseguró, según las investigaciones, que se
transportaban en taxis y autobuses. Esto explicaría, por ejemplo, el ataque al
autobús donde viajaba de regreso a Chilpancingo el equipo “Los Avispones”, y a
varios taxis que iban detrás de ese autobús.
Policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco,
detuvieron a los estudiantes para entregárselos a Guerreros Unidos. El jefe del
27 Batallón de Infantería, el teniente coronel José Rodríguez Pérez, hoy
general brigadier retirado, fue notificado por un representante militar en el
C-4 de esa ciudad sobre actos violentos en Iguala, y llamó al secretario de
Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares, para ofrecerle
ayuda. La respuesta fue que tenía todo bajo control. Lo que no conocía el
militar en ese momento, que él era parte de la estructura criminal de Guerreros
Unidos.
En mayo de 2016, Murillo Karam dijo que no había móvil en
la desaparición de los normalistas, “porque todo sucedió sin planearlo”, cuya
versión fue asentando la idea de que los normalistas habían estado en el lugar
equivocado en el momento equivocado. No obstante, la variable del narcotráfico
siempre estuvo presente, derivado de las declaraciones de los presuntos
criminales que dijeron en sus declaraciones que estaban infiltrados por Los
Rojos. El gobierno de Peña Nieto nunca quiso hacer públicas sus investigaciones
sobre la penetración de ese grupo en la normal de Ayotzinapa, ante el temor que
lo acusaran de criminalizar a la rural.
Según Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, acusado de
asesinar a los normalistas en el basurero de Cocula, varios de los jóvenes
señalaron a Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco, de haberlos llevado a Iguala
ese día, apoyado por cuatro supuestos estudiantes, quien recibía órdenes
telefónicas sobre de Omar García Vázquez. Nuevas líneas de investigación están
tratando de determinar si todos los jóvenes que iban en los autobuses aquella
noche, realmente eran normalistas. Una hipótesis es que alrededor de la mitad
no estudiaban realmente en la normal y estaban relacionados con Los Rojos.
La idea de que sí se dio la desaparición dentro del
conflicto entre bandas criminales ha crecido. Incluso los padres de los
normalistas pidieron al gobierno la captura de Santiago Mazari, El Carrete,
líder de Los Rojos, para que aportara información para entender lo que sucedió
esa noche. Mazari fue detenido a finales de julio. Las nuevas pistas no paran
ahí. Apuntan también a funcionarios del gobierno, entonces, de Ángel Heladio
Aguirre, y de policías federales.
Nota: La diputada Dolores Padierna envió una carta de más
de 359 palabras a El Financiero en relación a la columna “Los Nudos de
Ayotzinapa”, y afirmó que era falso que ella y René Bejarano hubieran apoyado
al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca. La columna nunca los relaciona con
Abarca, sino con una red corrupta y criminal que involucraba a miembros del
PRD, el PT y Morena en Guerrero, a la que no se refiere.
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