Raymundo Riva Palacio.-
La Fiscalía General de la República es tan autónoma, tan
independiente, que hasta a los de casa muerde. El fiscal general, Alejandro
Gertz Manero, da muestras inequívocas de su poder y lleva algunas cosas hasta
lo inverosímil. De esta manera, se le fue encima a la Secretaría de Hacienda y
quiere llevar a la cárcel a dos funcionarios y dos exfuncionarios del Instituto
de Administración de Avalúos Nacionales (INDAABIN), porque se negaron a entregar,
sin sustento legal, seis inmuebles que la vieja Procuraduría General de la
República puso a su disposición tras los sismos de septiembre de 2017, porque
no estaban en condiciones de seguir siendo utilizados y por el riesgo que
significaba para cientos de personas.
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| FOTO: internet. |
Gertz Manero quiso forzar las cosas mediante el
amedrentamiento que, para algunos, puede convertirse fácilmente en terror ante
la posibilidad de ir a la cárcel. Cuando el INDAABIN, el acrónimo del
Instituto, se negó a restituir por la fuerza y al margen de la ley los
inmuebles, la Fiscalía General inició de oficio la carpeta de investigación
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000397/2019, y giró citatorios a cuatro personas para
entrevistarlos en calidad de testigos –una categoría donde no pueden dejar de
ir a comparecer porque entonces violarían la ley–, y quería imputar a dos altos
funcionarios del instituto el quebrantar los artículos 214 fracción IIII y el
217, fracción I del Código Penal Federal.
El primero se refiere a que conociendo por razón de su
empleo que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses
de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, por
cualquier acto u omisión no informe por escrito a su superior jerárquico o lo
evite si está dentro de sus facultades. El segundo, al servidor público que
ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones,
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos.
A quien tiene en el umbral de la imputación es al
director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Alan
Daniel Cruz Porchini, y al expresidente del INDAABIN, Julio César Guerrero
Marín. Los dos fueron citados a comparecer el jueves pasado –aunque se
suspendió la audiencia–, junto con Luis Gregorio Ojinaga de la Luz, director de
Gestión de Uso de Inmuebles, y a Angélica Vargas Béjar, en ese entonces
subdirectora de Evaluación y Usos Alternos del instituto. De la lectura de la
documentación del caso, se puede argumentar el uso abusivo de la autonomía del fiscal,
al grado de que pueda criminalizar a funcionarios porque cumplieron con la ley.
Todo comenzó el 1 de febrero de 2018, cuando la extinta
PGR puso a disposición del INDAABIN de manera voluntaria seis inmuebles porque
no podían seguir siendo utilizados, luego que los dictámenes estructurales
realizados tras los sismos de septiembre de 2017 establecieron que no podrían
seguir ocupados y sugerían su desalojo. Entre estos se encontraban los
edificios principales sobre Paseo de la Reforma, otro más donde estaban áreas
sensibles de investigación e inteligencia, y tres adicionales, todos ellos en
la alcaldía Cuauhtémoc. La puesta a disposición y la entrega recepción de los
inmuebles se hicieron conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. La
entrega física de los inmuebles se concluyó en octubre y noviembre del año
pasado.
La extinta PGR propuso su venta y que los recursos se le
etiquetaran, pero al no tener facultades sobre ese tipo de decisiones, no
procedió. Entonces, en acatamiento de las normas, el INDAABIN notificó a todas
las instituciones del gobierno federal sobre los inmuebles para conocer si
había interés en alguna de ellas para que le fueran transferidos. Al no existir
interés alguno, conforme a la norma de que en ese caso dictaminara el mejor uso
y aprovechamiento de los inmuebles, concesionó cuatro de ellos a privados que
invertirían en ellos y los rehabilitarían, sin que dejaran de ser patrimonio
federal.
En marzo comenzaron los problemas. Francisco Sáenz de
Cámara, coordinador de Planeación y Administración de la Fiscalía, le pidió a
la Oficialía Mayor de Hacienda que se le restituyeran los inmuebles y solicitó
al INDAABIN que evaluara la solicitud. El 15 de abril, la oficial mayor de
Hacienda, Raquel Buenrostro, le envió a Sáenz de Cámara la respuesta del
INDAABIN, donde detallaba los resultados de los dictámenes estructurales, las
recomendaciones de desalojo y los procesos de concesión, por lo que concluían
que “no resulta procedente atender de manera favorable la solicitud”.
La respuesta de la Fiscalía por no enajenarles los
inmuebles fue ir tras los que consideraba responsables. Gertz Manero no actuó
en contra de Buenrostro o del presidente del INDAABIN, Luis Mariano Cortés,
sino contra su antecesor y contra funcionarios de segundo nivel del gobierno
actual, y omitió incluir en la carpeta de investigación las respuestas de
Buenrostro y de Cortés a la Fiscalía, con lo cual el Ministerio Público Federal
obtuvo información parcial, donde se puede argumentar manipulación de la
justicia.
La audiencia original para los testigos y los imputados
fue diferida para el 1 de agosto, porque el juez consideró que la Fiscalía
General incumplió el Código Nacional de Procedimientos Penales al no
proporcionar en tiempo copias de la carpeta de investigación a los imputados,
con lo cual no podían armar una defensa adecuada. Se desconocen las razones por
las que el miércoles pasado se dio un nuevo aplazamiento de la audiencia.
La actitud de Gertz Manero recupera sus batallas
intramuros en el gobierno de Vicente Fox, por lo cual abrir fuego amigo contra
Hacienda no es algo insólito en él. Hace unos 15 años ganó en primera instancia
su pleito, pero después lo perdió. Aquello debería haber sido una lección para
recular hoy en su pretensión y buscar una forma no arbitraria de salirse con la
suya.
