Gobierno abierto y acceso gratuito a la educación: Mendoza Sánchez


María de Jesús Mendoza Sánchez, propuso en sesión del pasado miércoles, la participación ciudadana para fortalecer un gobierno abierto, y que éste tome en cuenta a los gobernados; también abordó el tema de las cuotas escolares para que se apliquen conforme a la ley vigente.

Durante la Sesión Ordinaria de éste miércoles, la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez, manifestó que “el gobierno abierto implica que los servidores públicos estén sometidos a la rendición de cuentas, así como a la participación de los ciudadanos, estén marcadas por la colaboración deliberativa para que la política pública y los servicios públicos, además de ser de calidad, respondan a las preferencias y derechos a la gente. En este sentido, el gobierno abierto, lleva en su base un cambio cultural, una forma nueva de gobernar por para y con la ciudadanía”.
Dip. Maía de Jesús Mendoza Sánchez. 

Por su parte, el Municipio es el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, y por consiguiente debiera de ser el orden de gobierno en donde se dé la mayor participación de la ciudadanía, abrir los gobiernos municipales, implica buscar una mayor legitimidad y una mejor gestión pública a través de la interacción social, por ende, el fortalecimiento de los Municipios deberá enfocarse en los aspectos relacionados con la administración, puntualizó.

Por lo que propuso la adición de una fracción XXXIV, recorriéndose en su orden la subsecuente al artículo 68 y un segundo párrafo al artículo 166 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, para proponer al Ayuntamiento para su aprobación los lineamientos de gobierno abierto, con el objetivo de fortalecer la democracia y generar un gobierno abierto y transparente es un gobierno más cercano, más efectivo y cada vez más honesto, por que combate de mejor forma la corrupción.

En la sesión también manifestó “si bien es cierto, que en el nivel superior no se puede garantizar plenamente el acceso gratuito debido a las diversas vicisitudes que conlleva la impartición de educación universitaria para todos los aspirantes, también es cierto, que no se pueden establecer pagos que contradigan los principios que definen la educación pública como derecho en nuestra nación, por consiguiente el pago que tengan a realizar los estudiantes y sus familias por un servicio o tramite escolar no debe exceder los costos que ya vienen considerados en nuestras normas, en específico los considerados en la artículo 185 fracción IV de la Ley Federal de Derechos, donde se define el costo que tendrá la emisión del título y demás documentos expedidos a nivel superior que confirmen el grado académico”.

Aunado a lo anterior, el artículo sexto de la Ley General de Educación, determina que “La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias”. Puntualizó.

La Diputada panista señaló que por ende en el caso de la educación superior, no se puede dejar a un lado que muchas veces en la práctica se realiza un cobro excesivo por la expedición del título y demás documentación que certifica el grado académico de los egresados de la Universidad, imposibilitando muchas veces el que los mismos puedan pagarlos e inclusive consideren mejor no obtenerlos por el costo, ante esta situación que se presenta es importante entender que la obligación del Estado de velar por los derechos consagrados en nuestros distintos ordenamientos se cumplan y respecto del caso en comento no se vulneren los derechos de los jóvenes que buscan después de terminar sus estudios obtener los documentos que lo corroboren e integrarse al mundo laboral en vertientes público y privada, que contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad integrando profesionales capacitados para realizar las labores y proyectos que nuestra nación demandan.

Es por ello que presentó ante el pleno del H. Congreso del Estado de Oaxaca, la adición de una fracción VI al artículo 56 de la Ley Estatal de Educación para que se elabore un tabulador general que regule el cobro del título profesional, tanto en escuelas públicas como privadas para que en ningún caso exceda más del importe de los derechos que se pagan por el servicio de titulación establecido en el artículo 185 fracción IV de la Ley Federal de Derechos.

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