María de Jesús Mendoza Sánchez, propuso en sesión del
pasado miércoles, la participación ciudadana para fortalecer un gobierno abierto,
y que éste tome en cuenta a los gobernados; también abordó el tema de las
cuotas escolares para que se apliquen conforme a la ley vigente.
Durante la Sesión Ordinaria de éste miércoles, la
Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez, manifestó que “el gobierno abierto
implica que los servidores públicos estén sometidos a la rendición de cuentas,
así como a la participación de los ciudadanos, estén marcadas por la
colaboración deliberativa para que la política pública y los servicios
públicos, además de ser de calidad, respondan a las preferencias y derechos a
la gente. En este sentido, el gobierno abierto, lleva en su base un cambio
cultural, una forma nueva de gobernar por para y con la ciudadanía”.
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| Dip. Maía de Jesús Mendoza Sánchez. |
Por su parte, el Municipio es el orden de gobierno más
cercano a la ciudadanía, y por consiguiente debiera de ser el orden de gobierno
en donde se dé la mayor participación de la ciudadanía, abrir los gobiernos
municipales, implica buscar una mayor legitimidad y una mejor gestión pública a
través de la interacción social, por ende, el fortalecimiento de los Municipios
deberá enfocarse en los aspectos relacionados con la administración,
puntualizó.
Por lo que propuso la adición de una fracción XXXIV,
recorriéndose en su orden la subsecuente al artículo 68 y un segundo párrafo al
artículo 166 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, para proponer
al Ayuntamiento para su aprobación los lineamientos de gobierno abierto, con el
objetivo de fortalecer la democracia y generar un gobierno abierto y
transparente es un gobierno más cercano, más efectivo y cada vez más honesto,
por que combate de mejor forma la corrupción.
En la sesión también manifestó “si bien es cierto, que en
el nivel superior no se puede garantizar plenamente el acceso gratuito debido a
las diversas vicisitudes que conlleva la impartición de educación universitaria
para todos los aspirantes, también es cierto, que no se pueden establecer pagos
que contradigan los principios que definen la educación pública como derecho en
nuestra nación, por consiguiente el pago que tengan a realizar los estudiantes
y sus familias por un servicio o tramite escolar no debe exceder los costos que
ya vienen considerados en nuestras normas, en específico los considerados en la
artículo 185 fracción IV de la Ley Federal de Derechos, donde se define el
costo que tendrá la emisión del título y demás documentos expedidos a nivel
superior que confirmen el grado académico”.
Aunado a lo anterior, el artículo sexto de la Ley General
de Educación, determina que “La educación que el Estado imparta será gratuita.
Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso
se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades
educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la
regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o
cuotas voluntarias”. Puntualizó.
La Diputada panista señaló que por ende en el caso de la
educación superior, no se puede dejar a un lado que muchas veces en la práctica
se realiza un cobro excesivo por la expedición del título y demás documentación
que certifica el grado académico de los egresados de la Universidad,
imposibilitando muchas veces el que los mismos puedan pagarlos e inclusive
consideren mejor no obtenerlos por el costo, ante esta situación que se
presenta es importante entender que la obligación del Estado de velar por los
derechos consagrados en nuestros distintos ordenamientos se cumplan y respecto
del caso en comento no se vulneren los derechos de los jóvenes que buscan
después de terminar sus estudios obtener los documentos que lo corroboren e
integrarse al mundo laboral en vertientes público y privada, que contribuyen al
desarrollo de nuestra sociedad integrando profesionales capacitados para
realizar las labores y proyectos que nuestra nación demandan.
Es por ello que presentó ante el pleno del H. Congreso
del Estado de Oaxaca, la adición de una fracción VI al artículo 56 de la Ley
Estatal de Educación para que se elabore un tabulador general que regule el
cobro del título profesional, tanto en escuelas públicas como privadas para que
en ningún caso exceda más del importe de los derechos que se pagan por el
servicio de titulación establecido en el artículo 185 fracción IV de la Ley
Federal de Derechos.
