Carlos Ramírez.-
El incidente con el periodista Humberto Padgett en
instalaciones militares de Santa Lucía se añadió a videos de agresiones,
insultos y falta de respeto a la autoridad castrense, pero al mismo tiempo ha
servido para que las fuerzas armadas clarifiquen su papel en actividades
públicas de seguridad interior.
En todos esos casos, los militares se han ajustado a los
mandatos legales de respeto a la libertad de expresión y de protesta social,
pero han dejado muy en claro que el ciudadano también tiene obligaciones
jurídicas que respetar. Una cosa es la investigación periodística a fondo y
otra invadir instalaciones militares que caen dentro de las restricciones de la
seguridad nacional.
La información oficial de la Secretaría de la Defensa
Nacional el mismo jueves fue muy clara: tres personas fueros detenidas por
policías militares en el interior del campo militar 37-D en Santa Lucia, Estado
de México, al ser sorprendidas grabando un video sin la autorización
correspondiente. Lo grave del asunto fue que dos de ellas, presuntamente
escoltas, se habían identificado como militares, estaban armadas y mintieron a
los guardias internos en el campo.
El problema del caso será de implicaciones legales más
allá de la irrupción a una zona militar protegida por razones de seguridad nacional:
el periodista Padgett llevaba dos escoltas proporcionadas por la autoridad
federal por razones del mecanismo de protección a periodistas amenazados de
muerte. Lo malo no fue ese hecho, sino el que el periodista haya usado a esas
escoltas en actividades no permitidas. El incidente pudo haber terminado en
tragedia si los escoltas hubieran disparado a militares.
De acuerdo con la información de Sedena, en el campo 37-D
“se albergan instalaciones que tienen carácter estratégico, cuya afectación
pondría en riesgo la vida de personas que ahí laboran, así como a la población
civil aledaña, razón por la cual todo individuo que intente ingresar a las
áreas no autorizadas debe ser plenamente identificado”. Las leyes señalan la
absoluta libertad de prensa, con la restricción de la que tiene que ver con
asuntos de seguridad nacional, militares y de protección de las altas
autoridades.
En los hechos, los militares no agredieron a un reportero
y dos escoltas armados dentro de instalaciones de seguridad estratégicas, sino
que detuvieron a tres personas sin permisos correspondientes que estaban
haciendo filmaciones de infraestructura militar. El tema no es menor por las
razones de aumento de las medidas de seguridad en instalaciones de las fuerzas
armadas por las agresiones de bandas del crimen organizado.
Las tres personas atrapadas sin permisos dentro de
instalaciones de seguridad nacional militar fueron entregadas a elementos de la
fiscalía del Estado de México y llevados a oficinas periciales, donde fueron
liberados. En un tuit nocturno Ciro Gómez Leyva afirmó lo siguiente: “he estado
en comunicación con Humberto Padgett. No hay nada que reclamar a la policía
militar ni a la @SEDENAmx. Esperamos que él y sus compañeros salgan en los
próximos minutos”.
Este último dato es muy importante: la Policía Militar es
la autoridad única de seguridad dentro de instalaciones militares y hasta
ahora, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
es la que registra el menor volumen de acusaciones de abusos. Y es la Policía
Militar el eje central de la nueva Guardia Nacional.
Las aclaraciones inmediatas de Sedena ayudaron a
desdramatizar la tensión del momento, toda vez que se acumulan acusaciones de
agresiones contra periodistas por parte de políticos, funcionarios, gobernantes
y sobre todo agrupaciones del crimen organizado, ante la pasividad no sólo de
los diferentes niveles de gobierno, sino sobre todo de la burocratizada CNDH
que se conforma con emitir boletines sin seguimiento procesal, a pesar de
contar con facultades, elementos e informaciones de los casos denunciados. De
todas las acusaciones hay que depurar aquéllas que nada tienen que ver con
actividades periodísticas, pero debida y fehacientemente deslindadas en
investigaciones periciales minuciosas.
El periodismo tiene la obligación de mostrar el lado
oscuro de la realidad, pero debe tener el cuidado de respetar las restricciones
establecidas en las leyes. Y los temas de seguridad nacional referidas a
oficinas civiles y a espacios de las fuerzas armadas son los más importantes,
toda vez que el país atraviesa por una ofensiva criminal de bandas y cárteles
de la delincuencia organizada contra las organizaciones de seguridad del
Estado.
El Carrete. La captura de Santiago El Carrete Mazari, jefe
del grupo Los Rojos que operaba en Guerrero y Morelos, podrá desenredar dos
expedientes clave: la desaparición criminal de 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa en 2014 y la protección recibida por el delincuente en los tiempos
del gobierno perredista de Graco Ramírez Garrido Abreu.
Política para dummies: La política comienza cuando la
araña le dice a la mosca: ¿quieres pasar a mi sala?
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