Raymundo Rivapalacio.-
La liga finalmente se rompió. Fueron meses de acusaciones
de corruptos, de humillaciones políticas, maltrato y desprecio por parte del
nuevo gobierno. Vivieron bajo amenazas de iniciar procesos penales para quienes
no quisieran ser trasladados al Instituto Nacional de Migración y al resto lo
trataron como objetos desechables. Los mandaron a las calles en condiciones
laborales que nunca habían tenido y cuando se quejaron, los insultaron. Ningún
respeto se había mostrado a una institución que durante años fue la primera
línea de fuego contra los criminales. Desaparecerla e integrarla al Ejército,
bajo el paraguas de formar parte de la nueva Guardia Nacional, como planteó el
gobierno, galvanizó la molestia que venía creciendo y que provocó este
miércoles una rebelión que cambió el metabolismo en el corazón de las áreas de
seguridad pública federal.
Foto: internet. |
La rebelión comenzó a las cuatro de la mañana del
miércoles. A las 5:08 de la mañana se emitió el primer informe a las
autoridades superiores, que daba cuenta de que los policías federales que iban
a salir del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para pasar
exámenes de control de confianza, habían cerrado los accesos para impedir la
salida o entrada de cualquier vehículo. A través de los chats de los policías
federales, comenzaron a llegar los avisos de refuerzos. Los primeros salieron
de la zona de San Juanico, sobre la carretera que conecta la Ciudad de México
con Pachuca, donde se encuentra un cuartel de la Policía Federal y de la
Gendarmería -una base policial muy grande y considerada modelo-, y bloquearon
la autopista.
Una alerta, jamás confirmada, apareció en los celulares:
“Compañeros ya vienen los PM (policías militares) con equipo antimotines para
sacarnos… compañeros compañeros hay que apoyarlos y vienen los guachos
(soldados) con anti motín no hay que hacerles caso no hay que ser militarizados
ánimo ánimo”. Los reportes mostraban que la rebelión no se limitaba a los
policías federales a quienes les habían quitado prestaciones, antigüedad y los
habían alejado de sus familias para ser tratados como elementos de segunda
clase dentro de la Guardia Nacional, sino que se estaban sumando elementos de
las siete divisiones de la Policía Federal en todo el país. Sólo en la Ciudad
de México hubo seis bloqueos, incluidas la sede de la Secretaría de Seguridad
Pública Ciudadana y el cuartel general de la Policía Federal.
La rebelión pudo haber sorprendido a muchos, pero se
venía gestando. El detonante fueron unas notificaciones que recibieron policías
federales el martes, donde les informaban que a partir de la fecha del oficio
estarían bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional que
significaba un cambio radical a sus esquemas laborales: se acababan los
descansos de cinco días al mes por 25 días de trabajo consecutivo, incluidos
los fines de semana. La operatividad, que era el equivalente a un bono de
riesgo, de nueve mil 800 pesos, también desaparecía. Serían absorbidos por el
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a partir de enero de 2020,
cuando también entraría en vigor la homologación de sus salarios con los de los
militares. No sabían a cuánto equivaldría porque aún no lo precisa la
Secretaría de Hacienda.
Los policías federales dejarían de ser civiles y pasarían
a ser militares, aunque asignados a la Guardia Nacional, que es un cuerpo
paramilitar mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador dio los
primeros pasos para desaparecer a la Policía Federal, y sentar las bases para
que, si encuentra las condiciones políticas durante su sexenio, eliminar a las
Fuerzas Armadas, que serían absorbidas a esa nueva estructura que entró en
vigor el domingo pasado. Las nuevas condiciones perfilaban que cerca del 30%,
según circuló en los chats de los policías federales, pensaban pedir su baja,
aun cuando no les dieran el finiquito.
El presidente López Obrador dijo durante la conferencia
de prensa matutina que no se iba a despedir a nadie que cumpliera con los
requisitos -uno muy importante es el peso, donde los militares están exigiendo
dietas para reducir hasta 35 kilos- ni tampoco se iban a modificar sus
prestaciones, lo que contrarrestó con la información que les habían dado a los
policías federales en la víspera. Pero volvió a arremeter contra los policías
al asegurar que la institución “se echó a perder” al relajarse la disciplina y
se cometieron abusos. El presidente incurrió una vez más en el error que llevó
a esta crisis, al personalizar en los policías las deficiencias, omisiones e
incluso corrupciones de algunos mandos superiores, o en la Secretaría de
Gobernación durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La rebelión no fue sofocada, y los federales preparaban
continuar este jueves la protesta con un paro nacional. El secretario de
Seguridad Pública, Alfonso Durazo, buscó neutralizar la rebelión con
paliativos, algunos concretos -como el regreso de seguros médicos privados, que
sirvieron para salvarle la vida a decenas de policías heridos en combate- y la
no separación de sus familias. Poco efecto tendrán en el fondo del problema. La
convicción es que los desaparecerán, que los militares aceptarán quedarse con
un mínimo número de ellos y, sobre todo, que las palabras llegaron tarde. Las
humillaciones, vejaciones, amenazas y descrédito permanecen como heridas
incurables.
Las autoridades esperan sofocar la revuelta y podrá ser
esa la solución inmediata. Pero el daño permanece. La moral dentro de la
Policía Federal es muy baja, como consecuencia del maltrato sistemático del
gobierno, como lo ratificó ayer mismo el presidente López Obrador. Más allá de
alcanzar un resultado favorable, no ganan él, ni Durazo, ni los policías
federales. Esta crisis favorece a los criminales. Nadie parece saber para quién
trabaja.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa