Tras la investigación judicial por corrupción contra la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, ésta, designa a un
personaje cesado por el gobierno de Puebla y señalado por nexos con el crimen organizado.
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| Juan de la Cerda Hermida, director Administrativo de SEFIN |
Se trata de Juan de la Cerda Hermida nombrado director Administrativo
de la Secretaría de Finanzas y cesado como titular del Consejo Estatal de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Estado de Puebla.
Sobre él, versan acusaciones por la complicidad con el crimen
organizado por la ordeña de ductos y su inclusión en la narconómina de Edgar
Valdés Villarreal La Barbie, extraditado a los Estados Unidos en 2015.
Lo anterior por instalar arcos de seguridad inoperantes y
carentes de equipo, lo que facilitaba la operación de acciones ilícitas.
De acuerdo al portal de noticias https://intoleranciadiario.com/, Juan de la Cerda
Hermida, operó arcos de seguridad en el estado de Puebla declarando compras fantasmas de equipo de vigilancia.
En consecuencia, personal de la Auditoría Superior de la
Federación encontró irregularidades en el Centro de Emergencia y Respuesta
Inmediata del municipio de Puebla.
Con la salida de Juan de la Cerda Hermida del Consejo
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública sumaron un
total de siete mandos que causaron baja en el aparato policial en el gobierno
del estado de Puebla desde el mes de julio.
A partir de que fueron detenidos por elementos del
Ejército el director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada
López y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Méndez Lozano
por su participación en operaciones de delincuencia organizada, los más altos
funcionarios cayeron de manera ininterrumpida.
Los policías federales Alberto Valencia y Marco Tulio
López fueron fugaces subsecretarios que debieron salir por la puerta de atrás
de la secretaría sumida en el descrédito absoluto en el ámbito nacional.
Casi todos involucrados directa o indirectamente con las
bandas dedicadas a la ordeña clandestina de ductos de Petróleos Mexicanos, los
dos últimos ceses de Héctor Navarro Nava y el de Cerda Hermida se debieron a la
mala gestión de recursos del Subsidio de Seguridad para los Municipios y del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En el caso de Hermida Cerca las cosas no difieren mucho.
Fuentes del interior del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional
de Seguridad Pública narraron al reportero las inconsistencias que llevaron a
convertir en elementos escenográficos los multipublicitados arcos de seguridad
en los accesos al estado.
Con una inversión de casi 350 millones de pesos fueron
convertidos en paradigma para evitar la entrada de delincuentes a Puebla y
terminaron en símbolos de la ineficiencia en el uso del dinero público
destinado a uno de los renglones más sensibles como la seguridad ciudadana,
vulnerada todos los días en el territorio.
Desfalco
Derivado de la recomendación realizada por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2VG/2014, relativa a los hechos sucedidos
el 09 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, en donde un menor de
edad perdió la vida. La CNDH ordenó al
gobierno del estado de Puebla ”proporcionar a los cuerpos de seguridad equipos
de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos
y procedimientos”, informó el portal de noticias www.puntoyaparteoaxaca.com
Con Juan de la Cerda Hermida al cargo como secretario
ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y por medio de los oficios CECSNSP/SE/296//2014,
informó Juan Pablo Piña Kurczyn, jefe de la Oficina del gobernador, la
adquisición de 236 cámaras ofreciendo como única prueba 3 fotografías del
supuesto equipo y sus cajas.
En otro oficio, De la Cerda informa a Piña Kurczyn que
entregaron 80 cámaras a la entonces Procuraduría General de Justicia y 156 a la
SSP, el 28 de octubre y el 6 de noviembre respectivamente, este oficio incluía
una cotización de 5.7 millones por 180 kits de sistema móvil de video
vigilancia, la infraestructura del centro de monitoreo y 80 cámaras para
policías ministeriales, las características establecidas en las cotizaciones no
corresponden a las entregadas físicamente por el Consejo Estatal de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin pruebas de compra
Según las solicitudes de acceso a la información 00165216
y 00165116, realizadas tanto a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal de
Puebla y la Secretaria de Finanzas y Administración de Puebla, por medio de las
cuales se les solicitó el contrato de la compra realizada respecto a las
cámaras, las dependencias constataron que no existe registro alguno de dicho
compra.
A principios de 2019, Jorge Gallardo Casas, fue removido
de la secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, investigado por la
Fiscalía Especializada Anticorrupción
bajo elexpediente 329/FEMCCO/2018 por uso
ilícito de Funciones y
facultades, en perjuicio del municipio Mixteco de Tlaxiaco.
En su lugar fue designado Vicente Mendoza, otro funcionario
que trabajó con Alejandro Murat en el
Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT.
La indagatoria a cargo de Jorge Emilio Iruegas Álvarez,
Fiscal Anticorrupción, investiga los abusos cometidos por la administración de
Murat y sus colaboradores más cercanos
en la Secretaría de Finanzas.
De este modo, el gobierno de Oaxaca que dirige Alejandro
Murat Hinojosa es investigado por la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mediante expediente
329/FEMCCO/2018 por uso ilícito de
Funciones y facultades en perjuicio del
municipio Mixteco de Tlaxiaco, incluido como uno de los más pobres de los
570 del Estado.
Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Fiscal Anticorrupción
investiga los abusos cometidos por la administración de Murat y sus colaboradores más cercanos , que a su
vez, fueron importados del Estado de México y trabajaron INFONAVIT.
La denuncia fue presentada por los representantes legales
del municipio de Tlaxiaco Oaxaca tras la
negativa del gobierno del Estado en entregarles los recursos que por ley le
fueron asignados, dejando en la indefensión a la población que se encuentran
encuadrada según en CONEVAL como una de las comunidades más pobres del Estado y
del país.
