Contrata SEFIN a servidor acusado por nexos con el crimen organizado


Tras la investigación judicial por corrupción contra la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, ésta, designa a un personaje cesado por el gobierno de Puebla y señalado por nexos con el crimen organizado.

Juan de la Cerda Hermida, director Administrativo de SEFIN 
Se trata de Juan de la Cerda Hermida nombrado director Administrativo de la Secretaría de Finanzas y cesado como titular del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Estado de Puebla.

Sobre él, versan acusaciones por la complicidad con el crimen organizado por la ordeña de ductos y su inclusión en la narconómina de Edgar Valdés Villarreal La Barbie, extraditado a los Estados Unidos en 2015.

Lo anterior por instalar arcos de seguridad inoperantes y carentes de equipo, lo que facilitaba la operación de acciones ilícitas.   

De acuerdo al portal de noticias https://intoleranciadiario.com/, Juan de la Cerda Hermida, operó arcos de seguridad en el estado de Puebla declarando  compras fantasmas de equipo de vigilancia.

En consecuencia, personal de la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata del municipio de Puebla.

Con la salida de Juan de la Cerda Hermida del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública sumaron un total de siete mandos que causaron baja en el aparato policial en el gobierno del estado de Puebla desde el mes de julio.

A partir de que fueron detenidos por elementos del Ejército el director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Méndez Lozano por su participación en operaciones de delincuencia organizada, los más altos funcionarios cayeron de manera ininterrumpida.

Los policías federales Alberto Valencia y Marco Tulio López fueron fugaces subsecretarios que debieron salir por la puerta de atrás de la secretaría sumida en el descrédito absoluto en el ámbito nacional.  

Casi todos involucrados directa o indirectamente con las bandas dedicadas a la ordeña clandestina de ductos de Petróleos Mexicanos, los dos últimos ceses de Héctor Navarro Nava y el de Cerda Hermida se debieron a la mala gestión de recursos del Subsidio de Seguridad para los Municipios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

En el caso de Hermida Cerca las cosas no difieren mucho. Fuentes del interior del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública narraron al reportero las inconsistencias que llevaron a convertir en elementos escenográficos los multipublicitados arcos de seguridad en los accesos al estado.

Con una inversión de casi 350 millones de pesos fueron convertidos en paradigma para evitar la entrada de delincuentes a Puebla y terminaron en símbolos de la ineficiencia en el uso del dinero público destinado a uno de los renglones más sensibles como la seguridad ciudadana, vulnerada todos los días en el territorio. 

Desfalco


Derivado de la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2VG/2014, relativa a los hechos sucedidos el 09 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, en donde un menor de edad perdió la vida. La CNDH  ordenó al gobierno del estado de Puebla ”proporcionar a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos”, informó el portal de noticias www.puntoyaparteoaxaca.com

Con Juan de la Cerda Hermida al cargo como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por medio de los oficios  CECSNSP/SE/296//2014, informó Juan Pablo Piña Kurczyn, jefe de la Oficina del gobernador, la adquisición de 236 cámaras ofreciendo como única prueba 3 fotografías del supuesto equipo y sus cajas.

En otro oficio, De la Cerda informa a Piña Kurczyn que entregaron 80 cámaras a la entonces Procuraduría General de Justicia y 156 a la SSP, el 28 de octubre y el 6 de noviembre respectivamente, este oficio incluía una cotización de 5.7 millones por 180 kits de sistema móvil de video vigilancia, la infraestructura del centro de monitoreo y 80 cámaras para policías ministeriales, las características establecidas en las cotizaciones no corresponden a las entregadas físicamente por el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 Sin pruebas de compra


Según las solicitudes de acceso a la información 00165216 y 00165116, realizadas tanto a la Secretaria de Seguridad Pública Estatal de Puebla y la Secretaria de Finanzas y Administración de Puebla, por medio de las cuales se les solicitó el contrato de la compra realizada respecto a las cámaras, las dependencias constataron que no existe registro alguno de dicho compra.

 


Investigan corrupción en la SEFIN


A principios de 2019, Jorge Gallardo Casas, fue removido de la secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, investigado por la Fiscalía Especializada  Anticorrupción bajo elexpediente 329/FEMCCO/2018 por uso  ilícito de Funciones  y facultades, en perjuicio del municipio Mixteco de Tlaxiaco.


En su lugar fue designado Vicente Mendoza, otro funcionario que trabajó  con Alejandro Murat en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT.
La indagatoria a cargo de Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Fiscal Anticorrupción, investiga los abusos cometidos por la administración de Murat  y sus colaboradores más cercanos en la Secretaría de Finanzas.

De este modo, el gobierno de Oaxaca que dirige Alejandro Murat Hinojosa  es investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mediante expediente 329/FEMCCO/2018 por uso  ilícito de Funciones  y facultades en perjuicio del municipio Mixteco de Tlaxiaco, incluido como uno de los más pobres de los 570  del Estado.

Jorge Emilio Iruegas Álvarez, Fiscal Anticorrupción investiga los abusos cometidos por la administración de Murat  y sus colaboradores más cercanos , que a su vez, fueron importados del Estado de México y trabajaron  INFONAVIT.  

La denuncia fue presentada por los representantes legales del municipio de  Tlaxiaco Oaxaca tras la negativa del gobierno del Estado en entregarles los recursos que por ley le fueron asignados, dejando en la indefensión a la población que se encuentran encuadrada según en CONEVAL como una de las comunidades más pobres del Estado y del país.



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