Carlos Ramírez.-
Sin el apoyo de su secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, de su secretario de la Defensa Nacional, de su secretario de Marina,
de su Fiscal General de la Nación, de su jefe del Centro Nacional de
Inteligencia, de su jefe de la Guardia Nacional y del gobernador veracruzano
Cuitláhuac García Jiménez, el presidente López Obrador apareció solitario el
lunes 22 para encarar tres días de tuitazos adversos como nunca y se enganchó
en un debate público para presidencializar una crisis municipal de seguridad
pública.
Y sin un diagnóstico de la situación del crimen
organizado en Minatitlán, Veracruz y la costa del Golfo, el presidente de la
república no pudo ubicar el caso de la matanza en una fiesta y se comprometió a
resolver el problema en un plazo no mayor a seis meses. El lunes 22 todos
esperaban la presencia, en la conferencia de prensa, de cuando menos el
secretario Alfonso Durazo Montaño para presentar una estrategia de emergencia
para esa zona.
La argumentación presidencial del cochinero dejado por el
viejo régimen es tan cierta como ineficaz. En términos estrictos, la idea de
refundar la Secretaría de Seguridad Pública la anunció López Obrador hace más
de dos años. Por lo tanto, el equipo designado para reconstruirla tuvo ese
tiempo para cuando menos tener un diagnóstico descarnado del problema de la
inseguridad y las complicidades con el poder y arribar al 2 de julio con una
propuesta concreta.
De ahí que acusar a los anteriores gobernantes del
cochinero en seguridad fue un reconocimiento de la imprevisión del equipo
lopezobradorista en seguridad pública. Y el asunto se complica más si López
Obrador ha sido el líder político con más giras en Minatitlán y el hoy
gobernador García Jiménez hizo varias giras a la zona como candidato morenista
y el alcalde del municipio es de Morena y ninguno de ellos sospechó de la
guerra de bandas criminales. Y de paso, la sociedad minatitleca que hoy se
duele de la tragedia nada hizo tampoco para denunciar la penetración de las
bandas del crimen organizado en su territorio.
¿Quién o quiénes fallaron en prever una crisis de
seguridad en Minatitlán si en los últimos seis meses los ajustes de cuentas
entre bandas llevan a masacres masivas? ¿Dónde está el equipo de inteligencia
nacional que tenga un mapa de conflictos entre cárteles y estudios prospectivos
de la violencia? ¿Quiénes se han quedado dormidos en la Secretaría de
Gobernación y no han cumplido con su tarea de tener un panorama político de la
seguridad en la república? ¿Qué ha hecho el director del Centro Nacional de
Inteligencia que transitó a centro de información criminal antes de ser CNI
dentro del área de seguridad pública?
¿Por qué el presidente de la república agotó su análisis
culpando a los conservadores de potenciar la crisis de seguridad, por qué
volvió a culpar al neoliberalismo y por qué recicló su acusación de
complicidades públicas en abstracto con la delincuencia? ¿Por qué la SSPC no le
apoyó con un programa inmediato y preciso de revelación de la inseguridad en
esa zona del estado con nombres de funcionarios responsables?
La Guardia Nacional no resolverá la crisis de inseguridad
en Minatitlán ni en ninguna parte del país; será, eso sí, un factor importante
de disuasión pública. Pero la clave del diagnóstico de la inseguridad, la
identificación de la nueva estructura de las organizaciones delincuenciales, la
previsión de las luchas entre ellas por el dominio de plazas generales o de
locales para tráfico de drogas y la identidad de los cómplices políticos de los
cárteles sólo pueda darse con un cuerpo especial de inteligencia. La aparición
personal del presidente el lunes y la politización de la crisis involucrando a
los conservadores podría revelar la ausencia de inteligencia política del
Estado.
La propuesta presidencial de apoyo social, personal de la
Guardia Nacional y acusación contra cómplices políticos de delincuentes es
certera, pero no ha ido apoyada de estrategias operativas en las plazas. ¿Quién
tiene la información sobre los municipios que están en poder del crimen
organizado, comenzando con las autoridades municipales? ¿Qué responsabilidad
directa tiene el alcalde morenista de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, en la
negligencia de tener información de inteligencia sobre el Cártel Jalisco Nueva
Generación? ¿Tiene información el alcalde de la penetración de los cárteles en
su municipio?
La falta de repuestas es más preocupante que la
estridencia de los conservadores.
Suecia municipal. Las informaciones de quiebra técnica
del ISSSTE y del Seguro Social adelantan la incapacidad del sistema de salud
pública para atender a los millones de burócratas que perdieron su seguro de
gastos médicos. Con el mismo personal mal pagado y peor tratado, los
trabajadores, empleados y funcionarios se burlan del sistema de seguridad a la
sueca que prometieron. Un dato: cada médico oficial debe atender de 12 a 14
pacientes, hoy andan entre 22-23 y llegará a 33-35 o más por suspender seguro
privado.
Política para dummies: La política es la certeza del diagnóstico, no la confusión de las circunstancias.
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