Carlos Ramírez.-
Con enorme falta de sensibilidad, el gobernador
hidalguense Omar Fayad lanzó una agresión al ejército mexicano que acudió a
ayudarlo a combatir el huachicoleo. En una entrevista para Milenio TV, el
mandatario dijo que le había “pagado” al ejército 43 millones de pesos anuales
para que llegara a la entidad a luchar contra el robo de combustible.
La impresión que dejó la declaración fue recibida más
bien como pretexto para lavarse las manos de un problema que creció en Hidalgo
hasta llegar a la tragedia de Tlahuelilpan y cuyo delito fue justificado por el
gobernador Fayad como producto de la pobreza, el argumento oficial del gobierno
lopezobradorista. Pero el robo de gasolinas aumentó en los dos y medio años de
gobierno de Fayad, como se vio en aquel municipio, por la falta de vigilancia
estatal y por la ausencia de programas sociales. Las comunidades semiurbanas en
Hidalgo se han inclinado a la delincuencia ante la pasividad del gobierno
estatal.
Por lo demás, el gobernador Fayad en realidad mintió al
referirse a la forma en la participación de las fuerzas armadas en materia de
robo de combustibles. En la entrevista dijo que había solicitado presencia
militar en zonas de ductos de combustibles, pero el gobierno federal se había
negado con el argumento de que la inseguridad en Hidalgo era muy baja. Y ahí
fue donde lanzó su insidia: “tuve que pagarle al ejército” para el envío de
tropas.
A pesar de haber sido senador y primer comisionado de la
creada Policía Federal Preventiva en Gobernación con Francisco Labastida en
1999 y de haber dirigido comisiones de seguridad en el Senado, el gobernador
Fayad dejó la impresión de que le había pagado al ejército para cumplir su
función y no se preocupó por la calumnia contra las fuerzas armadas de que
éstas se mandan solas y sólo van donde les pagan. La movilización del ejército
en labores de apoyo a la seguridad pública es una decisión institucional, pues
los militares no son una fuerza mercenaria de alquiler.
En todo caso, por alguna razón política ajustada a los
tiempos lopezobradoristas, el gobernador Fayad se quiso deslindar de la
realidad del aumento escandaloso del huachicoleo en Hidalgo y de la
participación creciente de la sociedad empobrecida en el delito. El supuesto
pago del gobernador Fayad al ejército no fue tal sino un compromiso asumido por
el mandatario para ayudar a los militares que resultan afectados en su vida por
sus labores de alta peligrosidad.
Por lo demás, el manejo presupuestal del gobierno de
Hidalgo --como el de los demás estados de la república-- no tiene caracterizado
el rubro de “compra de servicios de seguridad” y menos de fuerzas federales
cuya función es la de apoyar a estados y municipios. De ahí que la afirmación
hecha por el gobernador no es más que una calumnia contra las fuerzas armadas
que participan en labores de apoyo a la seguridad pública en función de
fundamentos constitucionales basados en la fracción VI del artículo 89
Constitucional: la seguridad interior que por razones que se deben indagar ya
no es garantizada por gobiernos estatales.
El aumento de las tomas clandestinas de robo de
combustible en Hidalgo creció justamente en los dos y medio años de gobierno de
Omar Fayad y ha colocado a Hidalgo en el nada honroso cuarto lugar en tomas
clandestinas y es el estado gobernado por un priísta con mayor robo de
combustibles: más de mil 100 tomas detectadas. Hidalgo, como se vio en
Tlahuelilpan, es la entidad donde hay una mayor participación de pobladores en
el delito del huachicol.
Justamente en Tlahuelilpan se probó que los pobladores de
municipios participan directamente en el delito ante la pasividad de las
autoridades estatales y municipales. El ejército no fue a Hidalgo a detener
delincuentes, sino a vigilar ductos. Por ello fue por lo que las fuerzas
armadas no actuaron contra los pobladores de Tlahuelilpan y alrededores porque
los militares estaban para apoyar a autoridades locales y no a disparar contra
el pueblo. Los pobladores se han dedicado al robo de combustibles por falta de
programas sociales de los gobiernos estatales y municipales.
El gobernador priísta Fayad le debe al ejército una
explicación y una disculpa por la difamación en televisión de que había
“pagado” a los militares para que combatieran en huachicoleo. Con seguridad, la
afirmación de Fayad debió haber caído mal en las fuerzas armadas porque éstas
son las que cubren las deficiencias de seguridad de autoridades estatales y
municipales y porque dejó la impresión de que el ejército es fuerza mercenaria
que vende sus servicios.
Asimismo, Fayad debe de explicar a la opinión pública
como ha sido que un experto en seguridad y en manejo de policías federales dejó
que el estado número 17 en población nacional (2.1% del total) esté entre los
cinco con mayores huachicoleros. Y más cuando Fayad promovió leyes contra el
robo de combustibles, pero éste aumentó al grado en tiene a Hidalgo como una de
las principales capitales del huachicoleo.
Política para dummies: La política ética debe ser el territorio de la lealtad, no de los oportunismos.
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