Carlos Ramírez.-
En la guerra como en la política, la mejor posición es la
que no se revela. De manera sorpresiva, el presidente López Obrador anunció una
nueva estrategia de seguridad basada en los efectos sociales y no en la
persecución de capos. Pero si se revisan bien sus palabras, sólo habrá un
cambio de prioridades, aunque la lucha contra jefes narcos va a seguir.
El primer destinatario de la nueva estrategia fue el
grupo de la oposición en el Congreso que está buscando doblegar al gobierno
federal con la reinserción del Cuarto Transitorio que ponía a nivel
constitucional el papel de las fuerzas armadas como apoyo a labores de
seguridad pública. Con la nueva definición presidencial, la tarea castrense
pasa a niveles secundarios de prioridades, aunque continúe con sus funciones
vitales para el Estado.
El segundo mensaje fue más claro: sin dejar de combatir a
los grupos criminales, la nueva prioridad es la social: reconstruir los tejidos
comunitarios con obras de gobierno, objetivo, por cierto, que no sólo se agota
en más programas o salarios de subsidio sucedáneo al crimen, sino que exige la
reconstrucción de las instituciones del Estado como factores de socialización:
partidos, educación, iglesia, salud y presencia militar social.
El tercero no ha sido fácil de dilucidar: el
descabezamiento de grupos criminales provocó una fragmentación de cárteles en
bandas más pequeña muy difíciles de controlar. Ahí la tarea pasará a la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional como
institución de presencia abierta en territorios del Estado. En el punto de
reconstrucción urgente de las policías dedicará la atención el gobierno y la
GN. Hasta ahora, el tema de los huachicoleros es más de seguridad pública que
de seguridad interior.
El cuarto mensaje fue para los Estados Unidos, a pesar de
las revelaciones amañadas y poco serias procesalmente hablando en el juicio
contra El Chapo Guzmán Loera en Brooklyn, Nueva York. Al dar por terminada de
manera formal la existencia de cárteles con implicaciones transnacionales, el
asunto de las drogas pasa a tema nacional y le deja a los Estados Unidos la
lidia de los grupos de cárteles mexicanos en las 3 mil ciudades estadunidenses
donde el problema es de mercado al menudeo y de lavado de dinero. México baja
un grado en la prioridad de los cárteles como un asunto de seguridad nacional
México-EE. UU.
El quinto mensaje va a la sociedad por la intención de
disminuir la intensidad en la lucha a veces sin reglas contra las bandas, lo
que provocó víctimas colaterales. Ello querría decir, cuando menos en la
interpretación, que se acabaron los operativos espectaculares que violentaban
las calles de las ciudades. Los operativos serán más selectivos contra la
tercera generación de capos y, se espera, con menos efectos sociales colaterales.
El sexto mensaje fue dirigido contra los cárteles
sobrevivientes que mantienen liderazgos endebles, sin fuerza política, sin la
tranquilidad del tráfico y metidos en guerras intestinas para mantener los
mandos improvisados que dejaron los arrestos de los grandes jefes. La guerra
por el control del cártel de Sinaloa de El Chapo, por ejemplo, está depurando
las jefaturas y los hijos de El chapo carecen de astucia.
En resumen: hay una nueva estrategia de seguridad que
reacomodará los objetivos, pero será la misma que ha buscado quitarles espacios
territoriales, sociales y políticos a los grupos delincuenciales. Sólo que
ahora la intención es reducir la estridencia de la guerra que usaron Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto como parte de la estrategia y centrarse en
objetivos más concretos.
El primer efecto se deberá notar en el debate en el
periodo ordinario iniciado el viernes pasado en el Senado y cuyo tema central
será la reintegración del Cuarto Transitorio de la Minuta sobre la reforma
constitucional por la Guardia Nacional que borró el diputado
excomunista-experredista-morenista Pablo Gómez Alvarez con la complicidad
timorata del coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado. Si el Senado
de Ricardo Monreal reinserta el Cuarto Transitorio en la Minuta, el documento
tendrá que ser ratificado en la Cámara de Diputados. Sin la prioridad del
combate frontal y violento contra las bandas criminales y la instalación de la
GN, la participación de las fuerzas armadas en tareas de apoyo a la seguridad
pública como parte de la seguridad interior dejará de ocupar todo el espacio
mediático de preocupación.
En una comparación de tensiones, violencia e impacto
social, los cárteles estarían llegando a una fase de acuerdo para mantener
territorios y no conquistar más. Y el calentamiento de plazas territoriales se
da por la lucha entre bandas de delincuentes sin riesgo de seguridad nacional y
mucho del aumento de la inseguridad está en este activismo delincuencial que ha
rebasado con facilidad a las endebles policías federal, estatales y
municipales.
De ahí que haya que analizar más a fondo el cambio de
prioridades en la misma estrategia de seguridad.
Política para dummies: La política es el arte de
confundir al adversario.
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