Carlos Ramírez.-
Una aguada marcha de apoyo el domingo pasado puso en un
brete al gobierno de López Obrador: una cosa son los puntos de popularidad y
otro la realidad de los efectos negativos de las principales decisiones de
cinco meses de labor legislativa y dos meses de ejercicio de la presidencia.
En Palacio Nacional hay euforia porque la estrategia
huachicolera --con muertos, desabasto y protestas-- logró en una encuesta el
89% de apoyo, aunque uno de sus peores resultados haya sido la explosión en
Tlahuelilpan y hasta ahora 114 muertos por la imprudencia de la población, la
falta de decisión para mover a las fuerzas de seguridad y los pretextos de
siempre.
Si el presidente López Obrador se va a mover por la
popularidad en las encuestas, entonces tendrá que pagar pronto la fragilidad de
los sentimientos populares. A la larga, lo que certifica a los gobernantes es
la eficacia de los resultados. Y a final de cuentas, la popularidad es un
sentimiento de las circunstancias. Los liderazgos populistas en Cuba, Venezuela
y hasta los Estados Unidos dependen de las encuestas.
El primer año de gobierno de López Obrador se medirá por
los resultados económicos del PIB, sociales de la pobreza y políticos de sus
decisiones. La popularidad en encuestas, por ejemplo, no va a lograr el apoyo
legislativo para su estrategia de seguridad, porque el paquete de reformas
requiere el voto hasta ahora reticente de la oposición. La aprobación para la
Guardia Nacional no debe partir de la popularidad, sino de la eficacia de sus
objetivos.
Hasta ahora, en dos meses de gobierno, el presidente
López Obrador ha tomado muchas decisiones que se han quedado a medias o han
provocado efectos sociales negativos: el despido de trabajadores, la reducción
de salarios en una coyuntura de deterioro del poder de compra, las vacilaciones
respecto a Venezuela que indican hasta ahora un apoyo al dictador Nicolás
Maduro, los 200 mil millones de pesos de pérdidas por la cancelación del
aeropuerto en Texcoco, el retraso en los trabajos para la remodelación de Santa
Lucía, los mensajes internacionales que indican baja de vuelos por la
inseguridad en Santa Lucía, las cifras de muertos mayores a las de los
gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, los mensajes de preocupación de la
bolsa de valores, las críticas por asignación de compras de manera directa y el
demérito de los organismos de comunicación del Estado para convertirlos en
voceros presidenciales.
Y hay más: 131 mil millones de pesos de pérdidas de
Afores por cancelar aeropuerto, investigación superficial de muerte del senador
panista Rafael Moreno Valle y la gobernadora de puebla Marta Erika Alonso,
pérdidas de 14 mil millones de pesos por
bloqueo de vías férreas en Michoacán por los aliados presidenciales de la CNTE,
abandono de la comunidad financiera internacional por la ausencia total de
México en la reunión de Davos, pérdida de 137 millones de dólares por mantener
parado el avión presidencial sin posibilidad de venta, salario de 8 mil pesos
mensuales a jóvenes huachicoleros para que dejen de robar gasolina, buques
petroleros parados, fracaso de la reunión del director de Pemex con la
comunidad inversionista en Nueva York, compra de 571 pipas sin licitación,
distracción de militares en cuidados de los ductos de gasolina, pérdidas por 173 mil millones de dólares en
cancelación de proyectos de energías limpias y un Tren Maya que tiene oposición
nacional e internacional.
Los dos meses de conferencias presidenciales matutinas
son una buena contabilidad de las justificaciones, culpas a sus antecesores y
pretextos por falta de resultados que ya le corresponden al gobierno actual.
Los efectos sociales de esa forma de comunicar son circunstanciales, de corto
plazo, y dependen del bono político de una candidatura forjada sobre la crítica
a los últimos gobiernos priístas y panistas.
Los consensos políticos basados en popularidad pueden ser
contraproducentes porque justificarían errores, malos resultados y pésimos
gobiernos en tanto que el titular del poder represente sentimientos de algún
tipo: los cubanos han cumplido sesenta años de yugo familiar castrista y
pobreza generalizada a cambio de un liderazgo anti estadunidense; las bases de
apoyo de Maduro en Venezuela son sólidas al grado del deterioro de la calidad
de vida. Y hasta Donald Trump mantiene una base electoral fuerte, a pesar de
los errores garrafales y de su agenda racista, agresora sexual e imperialista.
El otro problema de los liderazgos caudillistas radica en
los costos de las popularidades: los cubanos, los venezolanos y muchos
estadunidenses pagan cualquier costo por mantener a sus líderes, aun cuando ese
costo sea de empobrecimiento creciente. Los cubanos y venezolanos son hoy más
pobres que cuando comenzaron los Castro y Hugo Chávez y Maduro, pero los siguen
sosteniendo en el poder.
El riesgo político y social en México radica en mantener
popularidad a pesar de la ineficacia.
Política para dummies: La política se mide por resultados, no por sentimientos.
http://indicadorpolitico.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh