Carlos Ramírez.-
A lo mejor no va a ser necesario tomar tan en serio al
presidente López Obrador en sus abruptos políticos: en el 2006 mandó al diablo
las instituciones electorales y en el 2018 las elogio porque le dieron la
victoria.
De todos modos, resulta preocupante que el proceso
electoral en Puebla pasó por todos los filtros de la democracia y ahora resulta
que la determinación legal y legítima a favor de la candidata panista Martha
Erika Alonso fue antidemocrática para López Obrador.
El problema radicó en que el presidente de la república
con apenas ocho días en el poder haya llevado a la sociedad atenta al caso
Puebla a dos opciones: o preocuparse por la acusación del jefe del Estado
contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque
implicaría un proceso de disolución de esa institución electoral o mirar hacia
otro lado con desdén diciendo que se trata de otro de los desplantes de López
Obrador que a nada conducen y que responden a momentos anímicos.
Al final, el que perdió fuerza política, posición
institucional y credibilidad como gobernante fue López Obrador porque careció
de pruebas para afianzar su exabrupto contra el Tribunal Federal Electoral.
El PAN y la gobernadora electa Martha Erika Alonso, por su
parte, cumplieron con toda la normatividad legal en tribunales y probaron la
falsedad de las acusaciones de un magistrado que había sido asimilado por
Morena con la extensión de su gestión y en el pleno se demostró que no hubo tal
cúmulo de irregularidades.
El presidente López Obrador, Morena y sus piezas de poder
estaban obligados a deslindarse del caso Puebla porque el riesgo era mayor: si
ganaban y se anulaban las elecciones, habría quedado la certeza de
aplastamiento de las autoridades electorales; si perdían, habrían de mostrar
que la fuerza en las calles es menor a la capacidad de decisión de las
instituciones que habían sido mandadas al Diablo. Y así fue: la decisión del
Tribunal Electoral representó una sonada derrota del presidente López Obrador y
no de Morena ni del impresentable Miguel Barbosa.
La estridencia de Barbosa contra la candidata Martha
Erika Alonso y su familia mostró la condición política de baja estofa de sus
comportamientos y sí utilizó discriminaciones sexuales y de género, aunque en
el fondo estos comportamientos trogloditas fueron el aviso de que la batalla en
tribunales estaba perdida.
Lo que viene ahora es una segunda prueba para López
Obrador: o reproduce con la gobernadora Alonso los estilos de Peña Nieto con el
gobernador de Chihuahua usando el aparato de poder para castigarlo por la
persecución contra un priísta o le da vuelta a la hoja y asume a la nueva
mandatara de Puebla como la representante del pueblo y sociedad de Puebla.
Cualquiera que sea la decisión sumida, representará una segunda derrota para
los actuales estilos presidencialistas autoritarios.
Lo más grave de todo fue observar que el presidente López
Obrador tiene 53% de los votos y 30 millones de votos, pero no le alcanzan para
reformular las estructuras de poder del sistema/régimen/Estado priístas: ya
enlodó a la Suprema Corte, ya castigó a los legisladores levantándole la
canasta presupuestal, ya definió la política en términos del ideólogo
autoritario Carl Schmitt en la relación amigo-enemigo, ya le quitó publicidad a
los medios escritos porque lo criticaron mucho y les subirá apoyos a Televisa y
TV Azteca porque se sometieron a su voluntad y ahora ya manchó la reputación de
las dos instituciones determinantes en la transición mexicana a la democracia:
la versión poblana del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal
Electoral.
En este sentido, sin siquiera proponérselo, la elección
de gobernador en Puebla fue una derrota de López Obrador. Los abogados del PAN
sí hicieron su tarea y lograron invalidar las quejas de Morena. El problema de
fondo local estuvo en el apoderamiento de Morena en Puebla por el grupo priísta
del exgobernador Mario Marín Torres. El principal colaborador de Marin en su
gubernatura es hoy el jefe máximo de Morena y por tanto aspirante a la
gubernatura: Alejandro Armenta, quien por cierto acaba de ser derrotado porque
presentó una iniciativa de castración química a violadores y fue desdeñado por
el presidente López Obrador. Esa iniciativa viola los derechos humanos y
Armenta llegó al Senado como suplente de Alejandro Encinas, subsecretario de
Derechos Humanos. Una muestra más del desorden político e ideológico en Morena.
La gobernadora Martha Erika Alonso llega con toda la
legalidad, legitimidad y capital político-electoral --mayor a la que tenía
cuando se registró como candidata-- porque logró en tribunales políticos y
legales la primera victoria contra el poder de Morena como partido mayoritario.
Política para dummies: La política es el arte de
convencer de hechos buenos o malos, no el de imponer caprichos presuntamente
buenos que al final son peores.
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