Carlos Ramírez.-
La disputa del presidente López Obrador y sus bancadas
legislativas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la ley de
salarios es otra de las batallas que no tiene como fondo un cambio de régimen
porque el actual es y seguirá siendo presidencialista, sino revela un reacomodo
de poderes a favor de la nueva élite lopezobradorista mayoritaria.
En la realidad, ninguna de las decisiones polémicas del
nuevo presidente de la república modifica el régimen priísta republicano,
federal, representativo, democrático y presidencialista. Y en el fondo, tampoco
las decisiones de López Obrador crean nuevas formas de ejercer el poder, sino
que se agotan en la toma del control y del poder por los nuevos funcionarios.
La confrontación con la Corte es por salarios, con los
gobernadores por seguridad publica, con los medios porque muchos representan a
la élite del anterior régimen, con los empresarios porque construyeron un poder
fáctico, con los militares porque son la fuerza del régimen y con los que
vengan por el desplazamiento de priístas-panistas-perredistas que se apropiaron
del régimen priísta.
En los hechos, el régimen seguirá siendo priísta con López
Obrador, solo que con dos variantes: Morena tiene hasta el 2021 la mayoría
absoluta en la Cámara y la primera minoría en el Senado hasta el 2024 y López
Obrador viene con una clase morenista propia formada en su mayoría por ex
priístas, ex panistas, experredistas y exfuncionarios del viejo régimen y con
la lealtad a López Obrador y a Morena.
El régimen seguirá siendo republicano, federal,
representativo, democrático y presidencialista y la nueva élite con el sello
AMLO-Morena carece de una propuesta alternativa y ha mostrado las mismas
prácticas y vicios porque salieron del anterior régimen priísta.
En materia de presidencialismo, López Obrador no ha
inventado nada: quiere el liderazgo de Obregón, la astucia de Calles, el
carisma de Cárdenas, el pragmatismo de Alemán, el estatismo social de
Echeverría, el petróleo de López Portillo y la capacidad de Salinas parea
renovar a la clase política.
En este contexto, López Obrador es en realidad copia del
modelo Salinas: la renovación de la élite dirigente por una funcional a los
nuevos lineamientos del poder. Salinas modifico el PRI, le puso nuevos cuadros
salidos del pensamiento económico neoliberal, los hizo legisladores,
gobernadores y funcionarios y llevó su proyecto a la sucesión presidencial de
1994 con Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, para asegurar la continuidad
del proyecto económico modernizador neoliberal.
El modelo político de López Obrador es una extraña mezcla
entre populismo y neoliberalismo, el primero para aumentar gasto y distribuir
el ingreso y lo segundo con el cumplimiento de la condicionalidad
estabilizadora de control de la inflación como ancla principal.
La estrategia populista se percibe en la reconstrucción de
la capacidad del Estado para usar los recursos fiscales en la consolidación de
un nuevo aparato paraestatal que Salinas privatizó en su sexenio. El
congelamiento de las concesiones petroleras va a facilitar que el Estado
regrese a la economía productiva con inversiones en petróleo (al estilo López
Portillo) y con ello volver a reactivar los ingresos de las paraestatales como
vía de financiamiento del gasto público social.
La privatización del petróleo también privatizó el producto
de la venta de crudo y le dejó al Estado sólo el área fiscal. López Portillo
utilizó la deuda y los primeros ingresos extraordinarios de petróleo para
construir una plataforma petrolera estatal y dejarle al Estado todos los
beneficios. Sólo que el riesgo del modelo de López Obrador radica en que la
exploración es la más profunda y por tanto la que más requiere de recursos.
En este sentido hay que contextualizar los conflictos de
López Obrador: la reorganización de las instituciones del régimen priísta para
que le sirvan a su propio proyecto, sin suponer ningún nuevo régimen. De todos,
el más innecesario ha sido el de la Corte por los salarios, porque el poder
judicial era fácil de reorientar en sus funciones y convertirlo en aliado en la
redefinición de las nuevas reglas del juego.
La baja de salarios públicos era necesaria por el desorden y
desbocamiento en los últimos años, pero esa operación política careció de
sensibilidad social y jurídica. Sus operadores legislativos atropellaron
derechos y provocaron el alineamiento de todos los afectados. Si la Corte
resiste las presiones mediáticas y se ajusta a los criterios legales, la
batalla puede ser ganada. Pero si decide politizar sus designaciones, el resultado
será adverso.
Todo el desorden tiene, en síntesis, la intención de fijar
los parámetros del poder presidencial con el mismo régimen político priista,
aunque con nuevos jugadores.
Política para dummies: La política es un juego de tensión dinámica entre dos fuerzas en sentido contrario, una tratando de sacar a la otra y ocupar su lugar.
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