Rubé Cortés.-
Es buena noticia para los defensores
de nuestra seguridad nacional, que haya sido absuelto el sargento del Ejército
Mexicano, José Isidro Gómez, acusado de matar a un huachicolero que, antes,
asesinó por la espalda a un militar, en el tristemente célebre tiroteo de
Palmarito.
“Voy a continuar con mi
carrera en las Fuerzas Armadas”, dijo el sargento, aunque es imposible: son los
militares los únicos trabajadores a quienes la Carta Magna permite ser
expulsados del empleo, sin derecho a reinstalación, así tenga la razón y gane
el amparo o juicio que sea.
Está en el artículo 123
apartado B fracción XIII:
“Si la autoridad
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese, o cualquier
otra forma de terminación del servicio (de los agentes del Ministerio Público,
los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las
entidades federativas y los municipios) fue injustificada, el Estado sólo
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio,
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere
promovido.”
Pero los militares
continuarán en las calles haciendo labor de policías sin marco legal que los
proteja, como no protegió al sargento Gómez en Palmarito, y pasó mas de un año
preso, después de que los jueces aceptaron como prueba una grabación de los
mismos… huachicoleros.
Ayer, la Corte tiró la Ley
de Seguridad Interior, que pretendía normar la presencia de los militares en
las calles, aun en contra de la voluntad de éstos, porque en todo momento están
expuestos a que su actuar sea interpretado como uso desproporcionado de la
fuerza.
Lo dejó claro el saliente
general Secretario de Defensa:
“Nuestros soldados ya le
están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos criminales, con
el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos
humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer,
entonces les sale más barato”.
Bueno, pues en esas
condiciones de labor continuarán con el próximo gobierno, el cual no sólo
mantendrá al Ejército en las calles haciendo labor de policía, sino que fichará
a 50 mil reclutas más para engrosar las filas castrenses.
Para estar por encima de la
decisión de la Corte, el Congreso, dominado por el partido del Presidente
electo, tiene lista una reforma de la Constitución que permite a los militares
encabezar “la prevención del delito y la preservación de la seguridad pública”.
Aunque, por lo pronto, es de
festejar que el sargento José Isidro Gómez esté libre. Total: si los militares
seguirán en las calles…
Y él sólo cumplía con su
deber.
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