Denuncia MAIZ despojo de territorios originarios

EL Movimiento Agrario Zapatista de Oaxaca (MAIZ) denunció la falta de consulta a los pueblos indígenas como lo marca el Convenio 169 de la Organización  Internacional del Trabajo OIT  para explotar los recursos naturales en territorios de los pueblos originarios.

Asamblea Comunitaria Jaltepec. FOTO: INTERNET 

De este modo, Ramón Ángel Molina comisariado de Bienes Comunales de San Juan Jaltepec, agencia del municipio de Santiago Yaveo, en el distrito de Choapam, Oaxaca, denunció invasión de sus Bienes Comunales por parte de un grupo de pequeños propietarios de la cabecera municipal, Santiago Yaveo.

Este grupo, mencionó, está asesorado por un abogado de nombre Felipe Edgardo Canseco Ruiz que hoy busca espacios gubernamentales por medio del Movimiento de Regeneración Nacional que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la victoria el pasado primero de julio.

Este abogado, además de asesorar a San Juan Jaltepec , también lo hace en la comunidad de Santiago Jalahui del municipio de San Juan Lalana, para posteriormente vender la tierra a personas ajenas a la región. Por ejemplo, vende terrenos  a familias michoacanas del estado de Veracruz.

La comunidad, por acuerdo de asamblea, ha retomado la obstrucción del acceso a la cabecera municipal, a los únicos que dejan pasar es a las autoridades de Yaveo y a personas enfermas.

La falta de certeza jurídica sobre los territorios comunales, que las instancias como la Procuraduría Agraria, La Junta de Conciliación Agraria y el Tribunal Unitario Agrario, deben garantizar, ha derivado en una serie de conflictos que año con año cobra la vida de comuneros.

La invasión y la posterior venta de territorio comunal en el distrito de Choapam ha sido histórica, primero favoreció a la Asociación Ganadera de Veracruz que convirtió en los años 70, 80 y 90, miles de hectáreas despojadas, en grandes extensiones de potrero, pues en esas décadas la ganadería extensiva era un negocio en auge.

Para consumar los despojos a comunidades chinantecas, mixes y zapotecas, grupos armados pagados por los ganaderos, asolaron y aterrorizaron a las comunidades, llevando a cabo asesinatos selectivos, sobre todo cometidos contra Comisariados de Bienes Comunales y líderes naturales.

En ese periodo ocho comisariados de Bienes Comunales fueron asesinados tan solo de la comunidad de La Trinidad del municipio de Santiago Yaveo, para despojarlos de poco más de 40 mil hectáreas.

Actualmente, el negocio de la ganadería extensiva ha bajado sus beneficios considerablemente, lo cual ha llevado a los grandes ganaderos a optar por otro tipo de negocio en esas tierras que alguna vez pertenecieron a las comunidades.

Con el Plan Mesoamérica impulsado por Vicente Fox, estos ganaderos que apoyaron su candidatura, fueron beneficiados con programas de reforestación, permitiendo sembrar en sus potreros Eucalipto para la empresa papelera International Paper y las fábricas de papel de la cercana ciudad de Tuxtepec. Hasta el momento existen alrededor de 8 mil hectáreas de este monocultivo.

Estos mismos ganaderos han permitido trabajos de exploración en sus potreros, llevados a cabo por empresas filiales de PEMEX, quienes han encontrado yacimientos de aceite, gas natural y petróleo, detalla el texto.

En 2015, la filial de PEMEX de  nombre  COMESA SA de CV, se presentó ante las asambleas de las comunidades de Francisco Villa, Dolores Hidalgo y Nuevo Progreso, del municipio de Santiago Yaveo, para solicitar el permiso para realizar trabajos sismológicos, que consistieron en la perforación de 16 pozos (elaborados con barrenos) de 30 metros de profundidad, a los cuales depositaron dinamita para posteriormente hacerlos estallar. 

De los 16 pozos que perforaron, sólo detonaron 14, dejando 2 pozos con dinamita sin estallar, una vez terminado los trabajos de exploración, representantes de COMESA no se han vuelto a presentar en la comunidad, no informaron sobre el resultado de los trabajos realizados en parcelas productivas, dejando incluso herramientas y materiales en los lugares donde exploraron.

Las detonaciones generaron una serie de daños, secaron pozos y arroyos que eran utilizados para el riego y el consumo humano. Generaron deslaves en parcelas aledañas, casas de poblados cercanos a las explosiones, sufrieron cuarteaduras y desplomes, hay más de 400 afectados por los trabajos de exploración.

Los territorios de las comunidades indígenas del distrito de Choapam, de la región del Papaloapan, se encuentran dentro de los polígonos que la Secretaría de Energía ha asignado para la extracción de hidrocarburos, la cercanía con la frontera de Veracruz ha hecho que éstos territorios sean considerados dentro de las zonas económicas especiales y fueron asignadas a PEMEX dentro de la ronda 3.

El 27 de abril del año 2015, en la Ciudad de México, celebraron un convenio la Procuraduría Agraria representado por el Ing. Cruz López Aguilar y PEMEX – Exploración y Producción, PEMEX – Refinación y PEMEX Gas y Petroquímica Básica. Donde la Procuraduría Agraria se comprometía a facilitar los permisos y documentación requerida para que la paraestatal realice trabajos de exploración, extracción y comercialización  de hidrocarburos en la región.

Las comunidades no han sido informadas, desconocen las dimensiones que traerá consigo las actividades extractivas, no se ha realizado ninguna consulta como lo establece el marco jurídico internacional como el Convenio 169 de la OIT.

Con el megaproyecto que representa el Corredor Industrial Interoceánico se van a fortalecer todos los grupos de poder que históricamente han estado en contra de las comunidades como la Asociación Ganadera de Veracruz, la Procuraduría Agraria, el Tribunal Unitario Agrario, la Junta de Conciliación Agraria y los Pseudo asesores jurídicos que se están beneficiando por la venta de terrenos comunales (como el abogado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, de MORENA, que busca un cargo público en la cuarta transformación).

Finalmente, la organziacion MAIZ asegura que el futuro de las comunidades asentadas en el Istmo Mexicano es incierto, los planes de desarrollo impulsado en esa zona del país se impone ante graves violaciones a los Derechos que tienen las comunidades indígenas.

Si se continúa con esta lógica, vislumbran episodios trágicos para las comunidades que, llevados por las decisiones asamblearias, se niegan a perder parte de sus territorios.