Raymundo Rivapalacio.-
Si la ley se atraviesa en su
camino, el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
está dispuesto a cambiarla. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, donde
López Obrador inspiró su estrategia en el modelo que se aplicó en la Comarca
Lagunera en 2014, donde se creó un Mando Especial para atender las necesidades
en esa región metropolitana compartida por Coahuila y Durango. Esa estrategia
reemplazó al Modelo Coahuila, que inició el gobernador Humberto Moreira, donde
toda la seguridad pública quedó al mando de 16 jefes militares, la mayoría
generales en retiro, apoyados por más de 190 militares que, recuerda Javier
Garza, quien dirigió El Siglo de Torreón en los años calientes, “fue un
fracaso”.
“El Mando Especial es lo que
más se acerca al concepto que quiere la Ley de Seguridad Interior, pero tiene
su misión bien acotada y definida, ajustada a una realidad local”, agrega
Garza. Tras el desastre del Modelo Coahuila, el Mando Especial llevó a un
general brigadier al frente de la coordinación de las policías estatales en la
región metropolitana que abarca a dos estados, y ha dado buenos resultados. López
Obrador quiere llevarla mucho más allá, en términos legales, en las 265
regiones de alta incidencia delictiva en el país, donde quiere colocar a un
militar al frente de todas las instituciones de procuración y administración de
justicia, con lo cual ampliaría el control militar sobre la seguridad pública y
todas las instituciones vinculadas a ella, como nunca ha existido en tiempos de
paz en México.
López Obrador pretende que
un mando militar coordine no sólo a las policías federal, estatal y en donde haya
confianza, también la municipal, sino también las investigaciones y subordine a
la Policía Ministerial y al ministerio público federal y local. El modelo de
control militar sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad pública fue
expuesto por el presidente electo en una reunión con el secretario de la
Defensa, el general Salvador Cienfuegos, al detallarle los planes que tenía. El
general Cienfuegos le dijo que eso no podría realizarse porque violaría la
Constitución, pero el presidente electo respondió “cambiemos la Constitución”.
La forma tan determinante
como la planteó López Obrador, apoyado en un Congreso a modo, le daría la
vuelta a la violación de varios artículos constitucionales. El 21, que
establece: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y
a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el
ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales
corresponde al Ministerio Público”. El 16, que señala: “No podrá librarse orden
de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito”. Y el 129: “En tiempos de
paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan
exacta conexión con la disciplina militar”.
La idea de López Obrador es
que mediante esas 265 células de 300 elementos mínimo cada una -en la mitad de
ellas, por la alta presencia delictiva, la integrarán 600- se abata la
delincuencia. “Serán fuerzas de tarea rápida para atacar inmediatamente la
delincuencia”, confió uno de los arquitectos del modelo. “Con esto bajaremos
rápidamente la incidencia delictiva”. Se desconoce si la demora en presentar la
estrategia de seguridad esté relacionada con la conciliación del plan con la
Constitución, que no sólo levantó los ojos del secretario de la Defensa, sino
generó oposición dentro del próximo gabinete del presidente López Obrador. Las
voces discordantes fueron las de la próxima secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, que observó la
violaciones constitucionales, y el próximo subsecretario de Derechos Humanos,
Alejandro Encinas, quien alertó los riesgos que conlleva esa instrumentación en
su campo.
Subordinar todas las instancias
del Estado Mexicano al Ejército, abre la puerta del infierno en materia de
derechos humanos y contraviene el artículo 1 de la Constitución, que señala:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
Dentro de todo el aparato
político alrededor de López Obrador, Encinas es quien más crítico ha sido de la
participación del Ejército en la seguridad pública, con críticas muy fuertes a
su actuación en Tlatlaya y Ayotzinapa. El 25 de agosto pasado, en una
entrevista con Proceso, Encinas afirmó que a partir del próximo 1 de diciembre
habría un “cambio de paradigma en la relación de las Fuerzas Armadas en el
país”, con el propósito de “acabar con la impunidad de las tropas que hayan
cometido abusos contra la población”.
El plan, como lo concibe
López Obrador, eliminará la existencia de los abusos, cuando los hubiera, al
ser el mando militar el que determinaría qué se investiga, cómo se investiga,
quién investiga, cuándo y contra quién. Este es el mundo de las dictaduras, no
de las democracias. Se entiende la urgencia para combatir la criminalidad, y la
necesidad del presidente López Obrador de cumplir con su promesa de acabar con
la violencia en 36 meses. Pero la declaración fácil y superficial que introduce
presión a su palabra política, no debe estar por encima de las posibilidades
reales y objetivas para lograr ese propósito. Es un error lo que quiere hacer,
del cuál él se arrepentirá por las consecuencias que provocará.
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