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Raymundo Rivapalacio.-
Emilio Lozoya Austin tiene un problema muy serio, y también
lo tiene el presidente Enrique Peña Nieto y el procurador general Raúl
Cervantes. Testigos de la fiscalía de Brasil lo señalaron de haber recibido 10
millones de dólares del conglomerado Odebrecht para que les facilitará obra
pública en México, que se suman a otros cinco millones que documentaron los
brasileños que también le habían dado en otro momento. Cuando menos 15 millones
de dólares directo a las cuentas de Lozoya Austin en el extranjero, según la
Fiscalía, sin que en México pase nada. Bueno, sí pasa. Hasta este momento
existe encubrimiento y protección para el ex director de Pemex por servicios
prestados a sus superiores, sin molestarlo ni hacer pública información que lo
afecte, pese a que el rompecabezas de corrupción de Odebrecht en México muestra
pagos regulares a Lozoya Austin.
Nuevas revelaciones publicadas el domingo por el periódico
carioca O Globo muestran que Lozoya Austin se convirtió en un activo del
conglomerado de construcción brasileña desde que era miembro del equipo de la
campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, y lo procuraron con dinero regular
por los beneficios que les podía dar cuando fuera un alto funcionario del nuevo
gobierno, como se los adelantó. Así fue. Odebrecht, según la Fiscalía
brasileña, le llenó de decenas de millones de pesos el bolsillo sin que rindiera
cuentas por ello, durante su gestión como funcionario, o posteriormente, como
consultor privado que llegó a ser considerado, incluso, como diplomático
peñista.
O Globo publicó que Odebrecht le pagó 10 millones de dólares
de “propina” –eufemismo de soborno- a Lozoya Austin entre 2012 y 2016, como
director de Pemex, para que la apoyara a conseguir una obra pública de 115
millones de dólares en la refinería de Tula, convenciendo al Consejo de
Administración de Pemex de que debía adjudicársele a esa empresa la obra, junto
con una hidalguense, Construcciones Industriales Tapia, con las que les
recomendó asociarse desde que lo buscaron por primera vez en 2011, siguiendo
una práctica regular en el peñismo de armar grupos empresariales a modo para
las licitaciones. Los pagos, sin embargo, comenzaron en marzo de 2012, durante
la campaña presidencial de Peña Nieto.
El dato de los 10 millones de dólares es consistente con la
información que dio a conocer el 21 de diciembre pasado el Departamento de
Justicia de Estados Unidos, después de haber llegado a un acuerdo fuera de
tribunales con Odebrecht, que contribuiría con la investigación multinacional
sobre los sobornos que realizó en más de una docena de países, le aportaría
información a las naciones en donde se realizaron, y pagaría una multa superior
a los tres mil millones de dólares. El caso mexicano se refería al pago de seis
millones de dólares a “un alto funcionario” de Pemex alrededor de diciembre de
2013 y diciembre de 2014, a cambio de ayudarla a ganar un proyecto. El pago a
Lozoya Austin por apoyar la adjudicación en Tula, según las revelaciones de O
Globo, fue de seis millones de dólares pagado en ese mismo lapso.
Toda esta información fue proporcionada a la PGR por la
Fiscalía brasileña en febrero pasado, cuando viajó a Brasilia el procurador
Cervantes. A su regreso se informó extraoficialmente que se citaría a declarar
a Lozoya Austin. Nunca pasó, de acuerdo al propio ex director de Pemex, quien
sostiene que no ha sido llamado a comparecer por la PGR. O Globo no pudo hablar
con Lozoya Austin ni con sus representantes. Este domingo el ex director de
Pemex, que se dedica a la consultoría privada, estuvo inalcanzable. En
conversaciones anteriores, Lozoya Austin ha negado cualquier acto de corrupcion
de él y de sus cercanos en la empresa paraestatal. El ex funcionario, muy
cercano al presidente Peña Nieto desde que era gobernador del estado de México,
es una tumba cuando se habla con él, sin que deje escapar ningún tipo de
información que pueda afectar a quien le rendía cuentas directamente y con
quien podía tener acuerdos sin la gestión, control o intermediación de sus
superiores jerárquicos.
Los detalles de la información divulgada este domingo por el
diario brasileño lo colocan, como nunca, en una situación de extrema delicadeza
por la precisión y la documentación que aportó Luis Alberto de Meneses Weyll,
ex director de Odebrecht en México, con quien hablaba regularmente Lozoya
Austin, incluso antes de ser parte de la campaña presidencial, y quien hizo la
recomendación a sus superiores en Sao Paulo de fortalecer la relación con él,
mediate pagos regulares de distintas cantidades, por la influencia que tenía en
el entorno de Peña Nieto y el cargo de importancia que tendría en el nuevo
gobierno.
O Globo conectó abiertamente los pagos a Lozoya Austin con
el gobierno, y estableció que la PGR será la encargada de establecer si esos
pagos fueron también para otros miembros de la administración de Peña Nieto. Se
equivoca el diario. La información divulgada la tenía en su poder la PGR desde
hace meses, que a diferencia de lo que ha sucedido en los países de América
Latina donde hubo sobornos a altos funcionarios –incluso tres ex presidentes en
forma directa y dos más de manera indirecta-, decidió reservar la información
durante cinco años. Transparencia continental contra opacidad mexicana. Sólo
los ingenuos en el gobierno podrían haber esperado que la información no
brincara en otros países. La acusación contra Lozoya Austin golpea en el
corazón de Los Pinos, donde se le ha protegido, se puede decir hoy, hasta la
ignominia.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa