Se impone "dinero sucio" en campañas políticas: BRM

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Edgar Leyva.-
El senador de la república por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya denunció la falta de aplicación de la ley en materia electoral respecto al financiamiento de las campañas políticas con dinero del narcotráfico.
En entrevista para URBANO, el legislador federal señaló que en México se carece de la aplicación de la ley, toda vez que en el proceso electoral de 2016, que compitió como candidato a la gubernatura de Oaxaca, se rebasaron los topes de campaña con la complacencia del árbitro electoral.
“El pasado proceso electoral el candidato del PRI (Alejandro Murat) rebasó los topes de campaña a todas luces pero en su declaración fue el que menos gastó, eso habla de la incongruencia de las instancias electorales”.
Sostuvo que las campañas políticas utilizan dinero socio o de las arcas públicas sin que la autoridad electoral actué.
En este escenario, los candidatos panistas a la gubernatura de Coahuila habrían incurrido en lavado de dinero y utilizado dinero del crimen organizado, y con ello configurar el delito de delincuencia organizada, según documentos oficiales.
Lo anterior es parte de una investigación periodística realizada por el portal http://www.laotraopinion.com.mx y cuyos datos duros aparecen en tres oficios fechados entre el 13 y 14 de junio de 2017, en los cuales la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) dio vista a tres áreas especializadas de la PGR para intercambiar información.
Según los documentos, la PGJE envió los oficios respectivos –integrados por mil 86 fojas en las que se detallan los hechos presuntamente constitutivos de delitos–, tanto a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), como a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad de Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.
Además, en los oficios la PGJE señala como probables responsables a Guillermo Anaya Llamas, Luis Fernando Salazar, José Miguel Batarse, Alma Rosa Huitrón, Carlos Ulises Orta, Alejandro Gámez Handal, Eduardo Sierra, Aldo Minjarez y Jorge Garza Aburto.
La indagatoria es parte de una denuncia presentada el 18 de abril de 2017 por la Fundación Colosio de Coahuila, en la cual se detalla la forma en que operó una red de financiamiento ilícito para pagar por sus servicios a operadores de los dos panistas que querían ser gobernadores.
Según la relatoría de hechos de la denuncia, desde enero de 2017, Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar crearon decenas de consejos ciudadanos en Coahuila, conformados en total por más de 6 mil activistas, quienes durante el proceso electoral se dedicaron a comprar el voto a favor del PAN.
Para recibir su pago, los activistas recibieron tarjetas de débito expedidas por Banorte, pero no a nombre de cada uno de ellos, sino a nombre de otras personas, supuestos afiliados a dos sindicatos fantasma: “Trabajadores y Empleados Especializados Profesionales y Administrativos en General de la República Mexicana” y “Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República
Mexicana”.
A su vez, estos sindicatos recibían depósitos de empresas fachada, como Carnes Shamorock S.A. de C.V.;Corporativo Rivela S.A. de C.V., y Romero, Granados y Asociados Sociedad Civil.
Los integrantes de los Consejos Ciudadanos creados por los aspirantes panistas tenían la consigna de retirar dinero exclusivamente en cajeros automáticos o en tiendas OXXO, ya que ventanillas del banco les exigirían identificación. Y los portadores no eran los titulares de las tarjetas.
De acuerdo con la denuncia, de esta manera se movieron al menos 70 millones de pesos, provenientes de depósitos realizados a las cuentas de los sindicatos referidos, desde varias ciudades del país, entre ellas Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa.
En la operación financiera, presuntamente ilícita, está involucrado Eduardo Sierra González, un empresario de Durango, dueño de la franquicia Señor Molletes, quien fue detenido en Canadá en el 2010, acusado de traficar con cocaína.
Sierra González es el “representante legal” de los dos sindicatos fantasma que fueron utilizados para recibir los depósitos del dinero que al final de la triangulación fue usado para pagar a los integrantes de los consejos ciudadanos.
Quienes denunciaron la irregularidad presumen que directivos de Banorte podrían estar involucrados en los delitos, pues no se explican cómo el banco expidió tantas tarjetas de débito a nombre de personas inexistentes, pues las empresas a cuya nómina supuestamente pertenecían los beneficiarios no existen.
A partir de la denuncia de la Fundación Colosio, la PGJE inició la averiguación previa número 00009/SAL/ULDE/2017, de la que se desprende, hasta ahora, –según los oficios en poder de laotraopinion.com.mx– la posible comisión de delitos electorales, delincuencia organizada y lavado de dinero.

A su vez, la FEPADE inició la averiguación previa número FED/FEPADE/UNAI-COAH/0000628/2017, por presuntos delitos electorales.
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