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¿Qué cárajos pasa a los políticos y funcionarios?

FOTO: INTERNET
DETRÁS DE LA NOTICIA
Alfredo Martínez de Aguilar



Utilizadas responsablemente por las personas en general y más aún por los periodistas, las redes sociales se han convertido en los ojos y oídos del pueblo al instante, es decir, en tiempo real.
Las redes sociales son una especie de Gran Ojo y Gran Oído en versión cibernética del Big Brother orwelliano que todo lo ve y todo lo oye. Nadie escapa, por tanto, a su ineludible invasión, incluso, en la intimidad.
El hoy flamante senador priista Jorge Toledo Luis jamás olvida el escándalo que desatara en las redes sociales al presumir su virilidad y exhibir desde su celular a una amiga íntima haciéndole felación siendo dirigente estatal de la CNOP.
Indispensable es recuperar la memoria histórica y desempolvar los “dossier” respectivos para airerarlos públicamente y evitar que se repitan este tipo de cobardías, registradas en las páginas negras de la historia política de Oaxaca.
A querer o no, guste o no, las nuevas tecnologías de la información han sublimado la labor de los medios de comunicación, rebasando y hasta desplazando a los impresos y electrónicos.
Al escándalo sexual de los Secretarios de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, y de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Rojas Zavaleta, se ha venido a sumar otro “affaire” más.
Prueba de ello, circulan en las redes sociales fotografías de los viajes de lujo internacionales del diputado local juchiteco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Samuel Gurrión Matías.
Los cibernautas critican que “Mientras Oaxaca se hunde en la pobreza el diputado Samy Gurrión está de fiesta en Saint Tropez, Francia, con el cirujano más caro del mundo Tarik Smiley”.
Y no falta razón en la crítica a Samy Gurrión por su viaje de verano a la Unión Europea, porque aunque presume a todo aquel que le quiera oír que es rico de abolengo y que no está en política para robar; sus lujos los paga el pueblo de Oaxaca al ser representante popular.
Además, es de resaltar que sus elevadas dietas y demás percepciones en la LXIII Legislatura local contrastan brutalmente con su baja productividad legislativa como diputado en el Congreso del Estado de Oaxaca.
Los cibernautas exhiben, al mismo tiempo, el adeudo por mantenimiento de su departamento en el edificio Capital Park, en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, por $25,649.85 del mes de Agosto.
Ante estos lamentables acontecimientos, obligado es preguntar públicamente: ¿Qué cárajos pasa a algunos políticos oaxaqueños, a algunos servidores públicos y a algunos representantes populares? Sin duda, la soberbia prohijada por el poder y el dinero, les enloquece.
La enorme sabiduría del pueblo contribuye a explicar este fenómeno socio-político al sostener que el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver, sin embargo, esta conseja se estrella contra las miserias de la condición humana, pues los ricos, también son corruptos.
Ahí está el caso paradigmático del propio Gabino Cué y de su “círculo rojo”, Jorge Enrique Castillo Díaz, José Zorrilla de San Martín Diego, Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, Netzahualcóyotl Salvatierra López.
Efectivamente, también hubo casos de jodidos que se enriquecieron a más no poder, mediante el saqueo del Gobierno de Oaxaca, como Alberto Vargas Varela y Carlos Alberto Moreno Alcántara, entre muchos otros más.
Y es más criticable y condenable en un pueblo hundido en la ignorancia y la miseria a resultas precisamente de la corrupción trocada en escandaloso saqueo durante el reciente pasado del desgobierno de Gabino Cué y su mafia de rateros.
El diario Encuentro, informó hace dos días que en caso de ser hallado culpable de los once cargos por abuso de autoridad que enfrenta, el exsecretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, podría ser condenado a una pena acumulatoria máxima de 99 años de prisión y una mínima de 6.6 años, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Oaxaca.
El pasado siete de junio, el fiscal General del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, afirmó que
el cargo que se había configurado en contra de Tenorio se castigaba con una condena de seis meses a nueve años de prisión, lo que multiplicado por los 11 expedientes que, hasta este momento, existen en su contra se traduce en aquellas sanciones.
En el supuesto que el Juez Segundo de lo Penal, quien giró las órdenes de aprehensión, halle al exfuncionario culpable de todas las imputaciones, pero opte por imponer un castigo medio, la condena podría a ascender a 49.5 años de cárcel, 4.5 por cada expediente.
"No creemos que el señor deje de enfrentar la justicia... pediremos la pena máxima", dijo, en su momento, el Fiscal de Oaxaca.
Sin embargo, la sanción que se configure en contra del exsecretario de Salud, en caso que llegue a existir, estará sujeta a otros criterios, como su posible exoneración de algunas o todas las imputaciones, según la efectividad del trabajo de su defensa y la fortaleza de la investigación de las autoridades.
--¿Según el delito que se le imputa, a cuántos años podría ser sentenciado Germán Tenorio?, consultó este medio a un especialista del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO).
--No podemos prejuzgar ahora porque estaríamos juzgando antes de tiempo.
--Supongamos que hablamos de otro funcionario, no de Tenorio en particular, a qué castigo estaría expuesto.
--Hay diferentes penalidades en el abuso de autoridad y, además, para imponer una pena se necesita tener un conocimiento sobre la persona que se está juzgando, se necesita saber el medio en el que cometió el hecho, el agravio a la víctima y una serie de circunstancias que, en este momento, no podríamos determinar con exactitud.
--Lo que es un hecho es que se sumarían las 11 causas, se sumarían las sentencias por los 11 expedientes que existen.
--Sí, en un concurso de delitos.
El pasado siete de junio, el fiscal, Rubén Vasconcelos Méndez, sostuvo ante los medios de comunicación que la sentencia por los cargos que enfrenta Germán Tenorio oscilaba entre seis meses y nueve años de cárcel.
En una revisión al Código Penal de Oaxaca, específicamente al Artículo 209 que habla sobre las sanciones que habrán de recibir los servidores públicos que incurran en el delito de abuso de autoridad, solamente una acepción considera la condena referida por el Fiscal.
El quinto párrafo del Artículo 209 refiere que se aplicará prisión de seis meses a nueve años, multa de cinco mil a 25 mil pesos, destitución de empleo o cargo e inhabilitación para obtener otro por el término de tres años al que cometa los delitos señalados en las fracciones 11, 39 y 41 del Artículo 208.
Al respecto, la fracción 11 indica: (Un funcionario incurrirá en abuso de autoridad) cuando ejecute actos o incurra en omisiones que produzcan daño o concedan alguna ventaja a cualquiera persona.
La 39 señala: Cuando (el funcionario) sustraiga un expediente de la oficina en que preste sus servicios o de otra en que intervenga por razón de sus funciones o que llegue a su poder por este motivo; o le arranque alguna o algunas de sus hojas, o parte de ellas, o lo inutilice de cualquier manera, o ejecute alguno de los actos enumerados anteriormente con cualquier documento que se halle bajo la responsabilidad y dominio de esas oficinas, o los altere.
Por su parte, la fracción 41 refiere: Cuando teniendo funciones de seguridad pública detente o posea, enajene o trafique con vehículo robado o se dedique al desmantelamiento, comercialización de sus partes, brinde protección a los grupos o bandas dedicadas a la alteración, modificación de los datos o partes de identificación de vehículos o de la documentación que los identifique o acredite su propiedad.
En total, la ley contempla 43 formas de tipificación del abuso de autoridad, pero el resto contemplan sanciones de seis meses a tres años; de tres años a cinco años; de seis meses a 12 años; de cuatro a 12 años y de dos a siete años. No coinciden con la estipulada por la Fiscalía del Estado.
Es de mencionar, sin embargo, que el juez tiene la facultad de reconfigurar los delitos según las atenuantes o agravantes que observe en el desarrollo del caso.
Tenorio Vasconcelos es acusado de haber desviado 26 millones de pesos para la construcción de
2 mil 500 baños ecológicos en diversas comunidades de la entidad.
Finalmente, es obligado precisar que en nuestra entrega de ayer incurrimos involuntariamente en un error al mencionar como uno de los tres reporteros amenazados por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Rojas, a nuestra compañera Jazmín Gómez, cuando se trata de otra colega del mismo nombre, pero colaborado de un presidente municipal costeño. Enviamos una sentida disculpa por la equivocación.

alfredo_daguilar@hotmail.com 
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@efektoaguila