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Raymundo Riva Palacio.-
Las justificaciones y los gemidos de dolor de los más altos
funcionarios federales tratando de explicar por qué en mayo pasado se registró
la tasa de homicidios dolosos más alta en la historia de México, o desde 1997,
cuando se empezaron a contabilizar, son patéticos. La queja es que las
deficiencias legales del nuevo Sistema Penal Acusatorio, cuyo decreto fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ha
provocado que más criminales libren en automático la cárcel y regresen a las
calles a matar, y el spin mediático es que el incremento de los asesinatos está
en lo alto de la numeralia en los estados que recién cambiaron de mando, de un
gobernador priista, a uno panista. Los dos argumentos, si bien no serían
excluyentes, se contraponen en la desesperación de buscar explicaciones externas
en las deficiencias internas.
Es cierto que en el Congreso no enmendaron la iniciativa
–preparada por el ex procurador Jesús Murillo Karam, y el ex consejero jurídico
de la Presidencia, Humberto Castillejos- para conceder prisión preventiva a
quienes cometieran un asesinato y sólo se les decomisara su arma. Pero también
es cierto que no se hizo un buen trabajo. En enero de 2013, el presidente
Enrique Peña Nieto nombró a María de los Ángeles Fromow secretaria técnica del
Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo sistema penal de
justicia, dentro de la Secretaría de Gobernación. Un mes antes de entrar en
vigor el sistema el 18 de junio de 2016, afirmó en una entrevista con Óscar
Mario Beteta en Radio Fórmula, que iba “a estar operando al 100% en todo el
país”. No fue así.
Olvidado convenientemente las omisiones y deficiencias
internas, se buscaron nuevos pretextos. El argumento mediático que comenzaron a
utilizar en el gobierno cuando los indicadores de la seguridad mostraron una
tendencia a su agravamiento, fue que era resultado del descontrol en los
estados por los cambios de gobierno tras las elecciones en 12 estados el año
pasado. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, revelan que las cinco entidades con el mayor número de
incidencia delictiva, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y
Baja California, no cambiaron de gobernante. Estas entidades, además, son
también las que mayor número de homicidios dolosos registraron. Otro engaño.
Los pretextos son una fuga hacia delante. Disfraza con
propaganda y retórica los errores de origen de la estrategia de seguridad
pública, que provocó, con su fallido diagnóstico, que no se contemplaran
correctamente los escenarios que provocaría el nuevo sistema penal acusatorio,
una reforma legal de segunda generación, con una política de seguridad pública
del siglo pasado. Gran parte de lo que se ha presumido en esta materia a lo
largo del sexenio, ha sido mediante fuegos pirotécnicos y entrevistas que
esconden una realidad que, probablemente, no alcanzaron a ver hasta que les
corrió el cuerpo como gangrena.
Ignoraron las denuncias del desmantelamiento de Plataforma
México al inicio de la administración, retrasando la construcción de la base
criminal más importante, hasta la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, de
América Latina. Cancelaron drásticamente los esquemas de cooperación con
Estados Unidos, con lo que perdieron el compartimiento de información de
inteligencia de calidad y la ayuda para capacitar policías. La síntesis del
desconocimiento del equipo de Peña Nieto lo revela la anécdota de uno de los
miembros del equipo de transición cuando visitó el búnker de la extinta
Secretaría de Seguridad Pública Federal. Al abrírseles los salones secretos y
mostrarles en tiempo real la persecución de un avión con cocaína desde Panamá a
México, uno de esos miembros preguntó si los satélites que utilizaban podían
mostrar los choques en las carreteras o ayudar a la vigilancia de las cadenas en
los antros de la Ciudad de México. El proyecto de Gendarmería que le entregó el
entonces secretario García Luna al presidente electo como un siguiente paso en
el diseño de la seguridad pública, fue tirado a la basura por el equipo de
transición. Se dejó de combatir durante ocho meses a los cárteles de la droga y
se desmantelaron los protocolos de seguridad en el Sistema Penitenciario
Federal.
Los resultados de mayo pasado eran previsibles desde
entonces. Si la estrategia, altamente criticada por lo violento de su
naturaleza, enmarcada además en los conflictos reales dentro del gabinete del
ex presidente Felipe Calderón, se cambió por mucha coordinación –que se
mantiene óptimamente sólo en los discursos-, y campo libre para el crimen
organizado, acompañada de una reorientación de los recursos, pero manejada de
manera opaca a través de ex funcionarios del gobierno de Hidalgo que
protegieron del escrutinio público el destino de los dineros, con el argumento
de que se trata de la seguridad nacional, era cuestión de tiempo que la
tendencia a la baja de los delitos, se revirtiera.
Mayo de 2011 había sido el mes de mayor violencia en la
historia de México y desde entonces, mes por mes, había una reducción en la
incidencia delictiva. El cálculo, de haberse mantenido la estrategia durante el
gobierno de Peña Nieto, era que para 2018, la incidencia delictiva regresaría a
los niveles de los 90s. No hacerlo dio como resultado el mayo de 2017. ¿Dónde
están los responsables de esta debacle de la estrategia de seguridad? Donde
siempre. Protegidos, por la falta de rendición de cuentas, por su jefe el
presidente.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
