Contradicciones en desaparición de milicianos del EPR

FOTO: Internet
Las contradicciones en los señalamientos del Ejército Popular Revolucionario por la desaparición de dos de sus milicianos, deja abierta la posibilidad que jamás fueron detenidos por agentes policiales y que actualmente son ocupados como bandera política para continuar la rebelión armada clandestina.
De este modo el Diario Despertar de Oaxaca informó la existencia de varias llamadas anónimas a los servicios de emergencia del Estado, el 25 de mayo de 2007, denunciaron la presencia de hombres armados en el poniente de la ciudad de Oaxaca que propiciaron una movilización policial y de militares.
El gobierno del estado de Oaxaca, dirigido entonces por Ulises Ruiz Ortiz, acababa de sortear una crisis política donde la Sección 22 había sido utilizada para socavar la gobernabilidad estatal y se había creado un conglomerado de organizaciones buscando oportunidades políticas, con el tautológico nombre de Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Casi un año después de iniciada la confrontación, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) dio a conocer que ellos también estuvieron en el conglomerado y que al menos dos de sus comandantes habían participado activamente en el conflicto, pero que en ese mayo de 2007 habían desaparecido, en la zona del Hotel del Árbol.
Las movilizaciones  policiales y militares provocadas por las llamadas anónimas fueron el 25 de mayo y sólo pudieron documentar a cuatro policías ministeriales chiapanecos alojados en ese hotel; nueve días después, el EPR dio a conocer un comunicado denunciando la detención de tres de sus militantes: “en la ciudad de Oaxaca, entre las 20 y 22 horas en una ‘acción fortuita’ de la policía, fueron detenidos Raymundo Rivera Bravo de 55 años, Edmundo Reyes Amaya de 50 años y un tercero del cual por el momento no tenemos sus datos personales”.
El documento era inconsistente con los hechos, porque afirmaba saber la hora en que habían sido detenidos en la “acción fortuita”, pero el operativo policial que se realizó en el Hotel del Árbol fue a las 11:30 horas, muy lejos de las “20 y 22 horas” que afirmaban en el comunicado, también era sintomático que los órganos de inteligencia e informantes del grupo no hubieran identificado, después de nueve días, al tercer supuesto miembro del EPR.
“Estos compañeros militantes están siendo torturados de manera brutal en las oficinas de la PGR, por el Ejército, la AFI y agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército”, rezaba el comunicado.
Cinco líneas, con alrededor de 90 palabras, del primer comunicado del EPR fueron suficientes para generar una verdadera bola de nieve que al paso del tiempo, los comunicados siguientes vendrían a constatar, con un vendaval de afirmaciones y contradicciones, pues el primer comunicado afirmó categóricamente cuándo, dónde, a qué horas y quiénes eran sus tres militantes desaparecidos.
En los siguientes comunicados, el EPR se desmintió a sí mismo al afirmar que no era tres, sino sólo dos los desaparecidos, aclaró sus nombres: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y achacó el hecho a su participación en las acciones magisteriales y de la APPO.
CNDH

En una entrevista hecha en 2009 al entonces procurador de Oaxaca y ex ombudsman, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, al preguntarle su opinión sobre la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno del estado sobre el tema, contestó: “¡Está hecha con las patas!”.
La recomendación e investigación realizada por la CNDH señalaba que esa institución observó:  “que servidores públicos de diversas dependencias públicas participaron en un operativo el 24 de mayo de 2007”.
“En este sentido, cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada al interior de instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, ocurriendo tales sucesos entre el 24 y 25 de mayo de 2007”.
Agregaba que a partir de esas fechas “nada se volvió a saber sobre el paradero de dichas personas, tal y como lo afirmaron no solamente los Organismos No Gubernamentales que denunciaron los hechos ante esta Comisión, sino también porque así lo ha venido sosteniendo de manera periódica y reiterada el propio grupo que reclama su presentación”.
El informe puntualizaba “que el 24 de mayo de 2007, (el comunicado eperrista hablaba del 25 de mayo) en el operativo realizado de manera conjunta, se constató el desplazamiento de cuando menos 70 elementos pertenecientes a fuerzas de reacción, a partir del cual se denunció la desaparición forzada de los agraviados”.
En el documento emitido por la CNDH se habla indistintamente de la captura de los eperristas el 24 de mayo a las 12 horas del día, pero también se menciona el 25 de mayo, a las ocho de la noche.
Granados Chapa
El 18 de julio de 2007, Miguel Ángel Granados Chapa, en su columna “Plaza Pública” señaló: “Pero igualmente importa resolver el problema que, real o aparentemente, está en el origen de la campaña militar de hostigamiento del EPR. Según el EPR, sus compañeros fueron detenidos la noche del viernes 25 de mayo entre las 20 y las 22 horas en una acción fortuita de la policía, es decir que no se sabía quiénes eran o no se había planeado su captura”.
Además, dijo, el grupo guerrillero se contradijo, pues informó que se les torturaba en la delegación oaxaqueña de la PGR, con la participación de militares, miembros de la Agencia Federal de Investigación y agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército”, agregó.
Según el periodista, nada de ello habría ocurrido de haberse tratado de una detención por casualidad. Ante la negativa de las autoridades sobre la detención de Cruz Sánchez y Reyes Amaya caben dos conjeturas. O no es verdad que han desaparecido y se trata de un montaje del EPR para contar con un motivo para su campaña militar, o las agencias policíacas  o militares que los detuvieron no pueden reconocer que los tienen consigo porque han mentido o, peor aún, porque ya no estén vivos si es que acaso no soportaron la tortura que se dice sufrieron”, aclaró.

También podría ocurrir, dijo,  que los guerrilleros hubieran entrado en conflicto con sus compañeros y se les hubiera reducido a prisión o ultimado y se pretendiera cargar esa cuenta al gobierno federal, pues son agentes de ese ámbito de competencia los señalados por la PGR.
Copyright © URBANO 24 HORAS. Designed by OddThemes