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Las contradicciones en los señalamientos del Ejército Popular
Revolucionario por la desaparición de dos de sus milicianos, deja abierta la
posibilidad que jamás fueron detenidos por agentes policiales y que actualmente
son ocupados como bandera política para continuar la rebelión armada
clandestina.
De este modo el Diario Despertar de Oaxaca informó la
existencia de varias llamadas anónimas a los servicios de emergencia del Estado,
el 25 de mayo de 2007, denunciaron la presencia de hombres armados en el
poniente de la ciudad de Oaxaca que propiciaron una movilización policial y de
militares.
El gobierno del estado de Oaxaca, dirigido entonces por
Ulises Ruiz Ortiz, acababa de sortear una crisis política donde la Sección 22
había sido utilizada para socavar la gobernabilidad estatal y se había creado
un conglomerado de organizaciones buscando oportunidades políticas, con el
tautológico nombre de Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Casi un año después de iniciada la confrontación, el
Ejército Popular Revolucionario (EPR) dio a conocer que ellos también
estuvieron en el conglomerado y que al menos dos de sus comandantes habían
participado activamente en el conflicto, pero que en ese mayo de 2007 habían
desaparecido, en la zona del Hotel del Árbol.
Las movilizaciones
policiales y militares provocadas por las llamadas anónimas fueron el 25
de mayo y sólo pudieron documentar a cuatro policías ministeriales chiapanecos
alojados en ese hotel; nueve días después, el EPR dio a conocer un comunicado
denunciando la detención de tres de sus militantes: “en la ciudad de Oaxaca,
entre las 20 y 22 horas en una ‘acción fortuita’ de la policía, fueron
detenidos Raymundo Rivera Bravo de 55 años, Edmundo Reyes Amaya de 50 años y un
tercero del cual por el momento no tenemos sus datos personales”.
El documento era inconsistente con los hechos, porque
afirmaba saber la hora en que habían sido detenidos en la “acción fortuita”,
pero el operativo policial que se realizó en el Hotel del Árbol fue a las 11:30
horas, muy lejos de las “20 y 22 horas” que afirmaban en el comunicado, también
era sintomático que los órganos de inteligencia e informantes del grupo no
hubieran identificado, después de nueve días, al tercer supuesto miembro del
EPR.
“Estos compañeros militantes están siendo torturados de
manera brutal en las oficinas de la PGR, por el Ejército, la AFI y agentes
norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército”, rezaba
el comunicado.
Cinco líneas, con alrededor de 90 palabras, del primer
comunicado del EPR fueron suficientes para generar una verdadera bola de nieve
que al paso del tiempo, los comunicados siguientes vendrían a constatar, con un
vendaval de afirmaciones y contradicciones, pues el primer comunicado afirmó
categóricamente cuándo, dónde, a qué horas y quiénes eran sus tres militantes
desaparecidos.
En los siguientes comunicados, el EPR se desmintió a sí
mismo al afirmar que no era tres, sino sólo dos los desaparecidos, aclaró sus
nombres: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y achacó el hecho
a su participación en las acciones magisteriales y de la APPO.
CNDH
En una entrevista hecha en 2009 al entonces procurador de
Oaxaca y ex ombudsman, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, al preguntarle su
opinión sobre la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos al gobierno del estado sobre el tema, contestó: “¡Está hecha con las
patas!”.
La recomendación e investigación realizada por la CNDH
señalaba que esa institución observó: “que servidores públicos de diversas
dependencias públicas participaron en un operativo el 24 de mayo de 2007”.
“En este sentido, cobra mayor certeza la presunción de que
ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente
trasladados de manera velada al interior de instalaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Oaxaca, ocurriendo tales sucesos entre el 24
y 25 de mayo de 2007”.
Agregaba que a partir de esas fechas “nada se volvió a saber
sobre el paradero de dichas personas, tal y como lo afirmaron no solamente los
Organismos No Gubernamentales que denunciaron los hechos ante esta Comisión,
sino también porque así lo ha venido sosteniendo de manera periódica y
reiterada el propio grupo que reclama su presentación”.
El informe puntualizaba “que el 24 de mayo de 2007, (el
comunicado eperrista hablaba del 25 de mayo) en el operativo realizado de
manera conjunta, se constató el desplazamiento de cuando menos 70 elementos
pertenecientes a fuerzas de reacción, a partir del cual se denunció la
desaparición forzada de los agraviados”.
En el documento emitido por la CNDH se habla indistintamente
de la captura de los eperristas el 24 de mayo a las 12 horas del día, pero
también se menciona el 25 de mayo, a las ocho de la noche.
Granados Chapa
El 18 de julio de 2007, Miguel Ángel Granados Chapa, en su
columna “Plaza Pública” señaló: “Pero igualmente importa resolver el problema
que, real o aparentemente, está en el origen de la campaña militar de
hostigamiento del EPR. Según el EPR, sus compañeros fueron detenidos la noche
del viernes 25 de mayo entre las 20 y las 22 horas en una acción fortuita de la
policía, es decir que no se sabía quiénes eran o no se había planeado su
captura”.
Además, dijo, el grupo guerrillero se contradijo, pues
informó que se les torturaba en la delegación oaxaqueña de la PGR, con la
participación de militares, miembros de la Agencia Federal de Investigación y
agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército”,
agregó.
Según el periodista, nada de ello habría ocurrido de haberse
tratado de una detención por casualidad. Ante la negativa de las autoridades
sobre la detención de Cruz Sánchez y Reyes Amaya caben dos conjeturas. O no es
verdad que han desaparecido y se trata de un montaje del EPR para contar con un
motivo para su campaña militar, o las agencias policíacas o militares que los detuvieron no pueden
reconocer que los tienen consigo porque han mentido o, peor aún, porque ya no
estén vivos si es que acaso no soportaron la tortura que se dice sufrieron”,
aclaró.
También podría ocurrir, dijo, que los guerrilleros hubieran entrado en
conflicto con sus compañeros y se les hubiera reducido a prisión o ultimado y
se pretendiera cargar esa cuenta al gobierno federal, pues son agentes de ese
ámbito de competencia los señalados por la PGR.
