Sofía Castro; tercera en discordia por Quiegolani


Edgar LEYVA.-

Sofia Castro Rios, diputada local de la LXIII legislatura local por el PRI que duró 15 dias en el cargio y ahora titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de Alejandro Murat en discordia en el conflicto de Santa María Quiegolani.
Lo anterior por el hecho de reconocer como válido al cabildo de Santa María Quiegolani en eventos públicos, cuando su elección fue invalidada por  Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por presentar violaciones a los derechos humanos.
El comportamiento de la legisladora con licencia motivó la presentación de la renuncia del administrador de Quiegolani, Elmer Gaspar Guerra, ante la secretaría General de Gobierno, quién fue nombrado el 15 de marzo por el entonces titular Alejandro Avilés Álvarez.
Conforme a Gaspar Guerra, esto enrarece el clima político y potencia los problemas al gobierno de Alejandro Murat, además de los conflictos  pos electorales heredados a su administración por el instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
De esta manera, Castro Rios, se presenta como la tercera en discordia en el conflicto de Santa María Quiegolani, representando al Partido Revolucionario Insitucional que compite contra el PAN y PRD por el control de la región.
Al respecto el administrador municipal de extracción perredista afirmó que de continuar la inestabilidad en la población corre peligro la conformación del Comité de Administración Municipal  y con ello la priorización de obras  para  elacceder a la mezcla de recursos estatales, municipales y federales.
La comunidad recibe  del ramo 28, cerca de un millón y medio de pesos; del Fondo 4, un millón de pesos; el Fondo 3 equivale a tres millones de pesos para obra. En total el municipio recibe cerca de 6 o 7 millones de pesos al año. Recursos que por sí solos impiden la promoción de obras de alto impacto.
Para la diputada local del PAN Eufrosina Cruz, el municipio  enclavado en la Sierra Sur de Yautepec ha sido botín de grupos políticos que buscan el poder por el poder; sin embargo, ahora los pobladores exigen sus derechos.

Aseveró que hoy, las cosas con muy distintas en Quiegolani, porque los ciudadanos “están más despiertos”, por ello la impugnación de las elecciones celebradas a finales de 2016 bajo el los Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
En este contexto la titular de Asuntos indígenas del gobierno de Oaxaca y originaria precisamente de San Carlos Yautepec, fue exhibida mediante una fotografía entregando billetes de mil pesos a una indígena de ese municipio, justo el día de la elección interna, cuando fungía como diputada local.
De esta manera con billetes de mil pesos la actual secretaria de Asuntos indígenas sobornó a mujeres y hombres indígenas de comunidades de San Carlos Yautepec para intentar controlar su distrito, segun denuncias periodisticas.
En este sentido habitantes de San Carlos Yautepec lamentaron que la Diputada Local con licencia haya comprado votos para imponer a su familiar como presidente de ese municipio.
Los inconformes exigieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), no validar la elección, así como renovar la convocatoria para realizar una nueva elección donde se convoque a los habitantes de todas las agencias para que puedan hacer valer sus derechos de votar y ser votados.
En su momento advirtieron que de no atender el llamado en próximos días, bloquearían la carretera internacional Oaxaca Istmo e implementarán otras medidas de presión contra la elección interna realizada el 27 de noviembre de 2016, donde resultó ganador Salomón Ríos, quien habría sido favorecido por la funcionaria.
En San Carlos Yautepec existen 29 agencias municipales las que conforman el municipio, de las cuales 14 formaron una unión para exigir sean respetados sus derechos. Sin embargo el día de la elección, todos ellos no fueron convocados para la votación, sólo participaron los de la cabecera municipal violando los derechos de quienes viven en las agencias, de votar y ser votados
       
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