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Raymundo Rivapalacio.-
La tensión que ha caracterizado la campaña electoral en el
Estado de México está alcanzando nuevos niveles. El fenómeno que representó la
candidatura de Delfina Gómez con Andrés Manuel López Obrador detrás de ella,
rompió las expectativas y generó preocupaciones y temores. Como se detalló en
la columna anterior, bajo cualquier medición, el resultado de la elección se
encuentra en el espacio de lo incierto, lo que lleva a una proposición: la
aceptación de lo cerrado de la contienda es, para efectos prácticos del PRI,
una derrota anticipada. Sin embargo, no necesariamente se puede cancelar
prematuramente lo que pase en las urnas el próximo domingo, cuyo desarrollo y
resultado tendrán que esperar a ese día. Nadie puede saber lo que pase en
tierras mexiquenses salvo, quizás, que la elección será entre Gómez y el
priista Alfredo del Mazo, y entre todo un aparato electoral, el mayor en la
historia del PRI, contra el malestar, el mayor también en la historia del PRI.
López Obrador denunció hace días que la elección en el
Estado de México fue organizada desde Los Pinos, desde donde está dirigida.
Aunque oficialmente se niega que así sea, así es. En este mismo espacio se ha
reseñado durante semanas el interés y la participación directa del presidente
Enrique Peña Nieto en la campaña de Del Mazo, así como su intervención directa
y continua en el proceso. Si alguna vez existió una elección de Estado, la
mexiquense es lo más sofisticado que pueda encontrarse.
Los cálculos extra oficiales, estimados por funcionarios
federales, ubican el nivel de gasto por arriba de los 31 mil millones de pesos,
10 mil en recursos federales directos para obras y programas, y el resto –mucho
de ellos en efectivo y proveniente de los estados-, para la operación en campo
de poco más de 70 mil personas, que llovieron de todo el país, para apoyar la
campaña priista. La saturación de operadores ha sido tan grande, que uno de
quienes los organizan comentó: “Han habido ocasiones que en una sola colonia
nos topamos cuatro equipos de diferentes partes del país”.
Además de la dirigencia del PRI, funcionarios federales –a
nivel incluso de secretarios de Estado- y ex gobernadores se encuentran al mano
de la operación electoral, que está buscando garantizar la lealtad de los
priistas movilizados el domingo con su voto, y evitar lo que le llaman el
fenómeno Chetumal, donde más de 50 mil priistas escogieron en ese bastión
priista al candidato de la oposición al gobierno de Quintana Roo, Carlos
Joaquín, o lo que les sucedió en Veracruz, donde de los 600 mil priistas
movilizados para votar por su candidato a gobernador, 400 mil lo hicieron por
sus opositores. Dinero es lo que están dando en las tierras mexiquenses, y
temor es lo que están vendiendo. Las dos herramientas no han funcionado, sin
embargo, en el pasado.
La tercera herramienta que se está preparando, de acuerdo
con personas que conocen las entrañas de la organización, es el sabotaje. Según
explican, se tiene un mapa de las casillas en donde se puede definir la
elección en contra del PRI. Un buen número de ellas, indicaron, están en la
zona oriente de la Ciudad de México, donde se encuentran ocho municipios
conurbados, en poder del PRD, el PRI y de su aliado electoral Antorcha
Campesina. Pero también hay casillas definitorias en la zona nororiente de la
Ciudad de México. Un diagnóstico dado a conocer la semana pasada por el PAN
mexiquense, reveló que son 417 casillas en 25 municipios, donde puede haber
coacción y alteración del voto. El reporte identificó los municipios de
Ecatepec, Chimalhuacán y La Paz, como susceptibles a manipulación por parte del
PRI en la zona conurbada, mientras que Morena, señaló, puede hacer lo mismo en
Texcoco y Chalco.
Lo que no registró el PAN, que se concentró en los
mecanismos de coacción de voto el próximo domingo, es lo que señalaron personas
cercanas a la organización electoral del PRI, quienes dijeron que entre los
planes para esa zona se comprende que en caso extremo se genere violencia en la
casilla para de esa forma anular la elección en esa sección. Jugar a la
violencia en una elección que se prevé tan competida, es irse al extremo de los
riesgos, donde sin embargo parece haber priistas dispuestos a llegar a esos
niveles para evitar una derrota en municipios densamente poblados. A lo que han
llegado es a medir costos contra beneficios, aunque visto antes de que suceda
para alguien cuya vida política y pública no se pone en riesgo, los costos
parecen ser mayores que los beneficios. Los criterios deben ser diferentes para
los priistas, al tener listos los planes de sabotaje electoral.
La elección en el Estado de México apunta para
judicializarse y que sea impugnada por todos aquellos, inclusive el partido que
gane, salvo que la diferencia sea significativamente alta. Esto sería la
normalidad en los tiempos modernos mexicanos. Lo extraordinario y regresivo
sería la violencia en los comicios, donde se puede saber cuándo y cómo
comienza, pero no cuándo ni cómo termina. El secretario de Gobernación ha
hablado con los gobernadores para que las elecciones sean desarrolladas en paz.
Probablemente la inercia que llevan las campañas los tenga rebasados y de ahí
la preocupación, o quizás sólo sea una simulación porque la victoria es el
único objetivo. Es deseable que haya responsabilidad de todas las partes, y que
sean las urnas las que marquen el destino.
@rivapa
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
