DETRÁS DE LA NOTICIAAlfredo Martínez de Aguilar
Más que solamente esperanzador resulta verdaderamente alentador que el gobernador Alejandro Murat reitere su firme convicción y decisión que el saqueo del presupuesto del Gobierno de Oaxaca por Gabino Cué y su mafia de rateros, durante el pasado sexenio, no quedará impune.
El hecho que el mandatario estatal ratifique su compromiso de campaña de combatir en su gobierno la corrupción del reciente pasado y prevenir la que pudiera ocurrir en el presente y futuro, es muy trascendente porque el pueblo tiene la percepción que el saqueo quedará impune.
Y en política la percepción es realidad, sobre todo, porque los probables responsables están totalmente identificados: Jorge Castillo Díaz, Germán Tenorio, José Zorrilla, Netzahualcóyolt Salvatierra, Alberto Vargas Varela y Carlos Alberto Moreno, entre muchos otros.
Entrevistado sobre los funcionarios acusados de corrupción, insistió que aquel que haya cometido algún delito será castigado, aunque soslayó opinar acerca de la campaña iniciada por el senador del Partido del Trabajo, Benjamín Robles para buscar al ex gobernador Gabino Cué.
Y no falta razón a Murat porque es por demás evidente, público y notorio, el escandaloso saqueo de los recursos asignados presupuestalmente para atender los rubros sociales más sensibles como educación, salud, infraestructura, turismo y la propia administración gubernamental.
Se estima que el saqueo podría superar los 30 mil millones de pesos. Con el paso de los días surge más información sobre la corrupción. Uno de los últimos casos detectados es la obra fantasma por 45 millones de pesos propuesta por Netza Salvatierra en la Presa Rompepicos.
La obra fantasma y la desaparición del recurso agravan la problemática que enfrenta la presa Rompepicos por el azolve y pone en riesgo a 65 mil familias ante la creciente del río. La finalidad era reducir los riesgos de desbordamiento e iniciar el rescate del río San Felipe.
El Proyecto Integral de Rescate y Regeneración del Río San Felipe, anunciado en 2013 por el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Netzahualcóyotl Salvatierra, fue una obra fantasma a la que se asignaron 45 millones de pesos.
Elsa Vargas López, integrante del Comité de Vecinos de la Zona Conurbada del Río San Felipe, reveló que han solicitado información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Estatal del Agua (CEA) y Sinfra sobre el destino de los recursos, sin embargo, guardan silencio cómplice. "Fue un proyecto fantasma, no hubo trabajos", afirmó la denunciante.
El actual director general del Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), César Alfonso Lagarda, señaló que ante la dependencia federal el proyecto no existe como tal, ya que nunca se hizo el procedimiento para desincorporar la vía federal.
El proyecto encabezado por Salvatierra López, a quien le fue abierto el expediente 696/QD/2014 en la Secretaría de la Contraloría, por presuntas irregularidades en la asignación de obras y gasto de recursos públicos durante los años de su gestión, establecía el desarrollo de los estudios y proyectos ejecutivos hidráulicos de las diferentes obras, así como su construcción aguas abajo de la presa Rompepicos.
El proyecto también fue echado a andar por los entonces titulares de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Rubén Ríos Ángeles; y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con Jorge Montoya Suárez, durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, quien el 4 pasado de diciembre de 2013, anunció el proyecto y meses más tarde realizaron el banderazo de arranque.
El documento entregado por Salvatierra López a los integrantes del Comité de Vecinos de la Zona Conurbada del Río San Felipe establecía que las obras a realizarse eran la limpieza del cauce del río, rectificación de tramos estrechos del río, sobre elevación o protección de bordos, revestimiento de concreto armado o muro de contención con uso de mampostería.
El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro informó que al menos 359 expedientes administrativos, penales y resarcitorios, han sido integrados en contra de colaboradores del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo,.
Puntualizó que se buscará que los procesos de sanción tengan soporte jurídico sólido para que
no sean desechados por las autoridades jurisdiccionales como ocurrió en la administración del cuestionado ex mandatario contra funcionarios del gobierno de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz.
Aseguró que las indagatorias ya están en camino y que la actuación, no sólo del Gobierno de Alejandro Murat, sino también de la Auditoria Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública “alcanzará a quienes sean responsables del uso indebido de los recursos”.
“Si dentro de su responsabilidad actuaron mal, tendrán que rendir cuentas, pero siempre serán llamados para que ellos puedan descargar a su favor lo que consideren necesario, esto no es una cacería de brujas”, enfatizó el ingeniero José Ángel Díaz Navarro.
Refirió que en el Tribunal de lo Contencioso muchos de los expedientes que buscaban sancionar a algún funcionario en específico “se caían” por vicios en los procedimientos.
La Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reveló que Cué Monteagudo habría malversado y no solventado recursos de 21 programas federales por el orden de los 4 mil 399 millones 846 mil 463.7 pesos, en un periodo de cinco años, de 2010 a 2015.
“Vamos a revisar incluso la forma en la que se integran los expedientes para que no caigan en los recursos de impugnación y por lo pronto, estamos confiando que en cinco meses tendremos los resultados de las auditorias que se están realizando”, anunció.
Precisó que hay 359 procedimientos en curso, tanto administrativos, penales o para resarcir los daños causados al erario, y en todos ellos serán llamados los titulares de las dependencias para que comiencen a desahogar a su favor las acusaciones, además de cuidar el debido proceso.
Reveló que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Secretaría de la Contraloría, en la gestión de Cué Monteagudo, desecharon al menos 500 expedientes iniciados en contra de funcionarios de la administración de Ulises Ruiz “por falta de procedimientos o porque fueron elaborados con deficiencias.
Refirió que de al menos 700 expedientes iniciados durante la administración de Cué Monteagudo contra funcionarios del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz más del 70 por ciento fueron anulados, debido a inconsistencias legales a la hora de integrar los expedientes.
