Carlos Ramírez.-
Si bien la autoridad policiaca en la ciudad de México ha dado
un paso audaz en reglamentar el uso de la fuerza contra la protesta social para
garantizar derechos, ahora corresponde que los manifestantes autorregularse
para garantizar la convivencia y evitar que la capital estalle cualquier día en
violencia callejera.
La publicación del Protocolo de Actuación Policial de la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México no tuvo la atención que
merecía, y no sólo en su prioridad de respetar garantías de protesta ante
exigencias de endurecimiento de la autoridad, sino por la forma de lograr la
participación de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Este protocolo --diseñado bajo la dirección del secretario de
Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada-- atiende una parte del problema: la
protesta en las calles. La otra corresponde a la política: falta de solución a
demandas sociales provocan las marchas. Y ahí el dato debe preocupar: el
promedio de protestas en las calles pasó de ocho diarias hacia el 2005 a más de
veinte en el 2016.
La crisis de gobernabilidad tiene en las protestas callejeras
un índice de medición muy exacto: la ingobernabilidad se da cuando las demandas
sociales no encuentran respuestas concretas en la autoridad, desde las que
tienen que ver con democracia hasta las más terrenales como fallas en los
servicios públicos.
La exigencia de fuerza para disminuir las protestas no hace
más que potenciarlas. Las protestas son efecto de problemas de administración
del poder, no la causa. El diseño del Protocolo por Almeida Escudero desactivó
conflictos que pudieran darse por falta de reglas en el uso de la fuerza
policiaca, con datos sobresalientes como la reglamentación estricta en
arrestos, la prohibición a la autoridad para grabar en video a manifestantes,
uso de armas y fuerza sólo en caso extremo y protección de derechos de
manifestantes.
El cambio de paradigma de la policía en la Ciudad de México
podría ser una base de nuevas formas de convivencia urbana en una megalópolis
de más de veinte millones de personas. El secretario Almeida Estrada refiere
mutaciones agudas en la delincuencia que requieren de nuevas formas de
operación policiaca, pero en el entendido de que se rompió la relación
sociedad-policía.
La seguridad pública en la capital de la república ha sido
todo un desafío para la autoridad. Pero los datos indican que se puede abatir
cuando existe voluntad política y de gobierno en las autoridades. En su última
comparecencia en la Asamblea Legislativa, el secretario Almeida Estrada señaló
una baja de 7.7% en la incidencia delictiva de alto impacto en el último año.
Los porcentajes no explican la otra parte de la realidad
delincuencial en la Ciudad de México: 7 mil 414 personas fueron detenidas en el
periodo marzo 2016-febrero 2017, además de poner ante juzgados a más de 260 mil
personas, datos que indican el tamaño del monstruo de la delincuencia en la
capital. Lo que falta es una mayor capacidad de personal en el sistema penal
para desahogar los expedientes de los delincuentes.
La reorganización policiaca en la Ciudad de México es un
activo social porque aumenta la posibilidad de regresar la tranquilidad a la
ciudadanía que sale a la calle con el temor de sufrir un acto delictivo y que
debe de devolverle la confianza a la policía.
En este sentido, la agenda de la SSP-CDMX da resultados
concretos.
Política para dummies: La política es el arte de identificar
al adversario y no distraerse con sus maniobras de distracción.
Sólo para sus ojos:
Recuerde todos los días el programa “La Agenda” de Carlos
Ramírez y Roberto Vizcaíno en la estación radiofónica 1530 de AM. El archivo de
programas pasados (Podcast) en indicadorpolitico.mx. Y puede escucharlo en vivo
por dispositivos móviles en cualquier parte del mundo a través de
www.extasisdigital.mx y de www.laagendade.com. Y por Periscope en vivo y con
imagen puede vernos en @carlosramirezh
En los pasillos del poder que suelen tener accesos de cinismo
se dice que Javier Duarte debe ser juzgado por “tarugo” porque dejó miles de
pistas de sus triangulaciones de dinero, cuando muchos otros políticos hicieron
lo mismo, pero se cuidaron de ocultar bien sus maniobras.
Se calienta Estado de México por el cerco que se cierra en
torno a la panista Josefina Vázquez Mota. Los votos que pierda el PAN podrían
irse al PRI y no a Morena ni al PRD.
La guerra PRD-López Obrador en el Senado entra en una nueva
fase. Los que se pasaron a Morena van a perder privilegios y recursos.
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