¡Prisión de 5 años por difundir "memes"!

 Ricardo Alemán.-

La tentación autoritaria y represiva --que cancela libertades fundamentales como la de expresión--, no sólo aparecen en dictaduras “bananeras” como la de Nicolás Maduro en Venezuela, en donde por decreto se prohíbe toda crítica al gobierno.

No, esa tentación demencial de callar a los periodistas y cancelar la crítica, también se da en México –y de manera creciente en Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Oaxaca--, en donde no solo son asesinados periodistas, sino que aparecen casos de censura oficial, al más puro estilo de Nicolás Maduro.

Y un caso emblema ocurrió en Tamaulipas, en donde por orden del gobernador del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso local aprobó --por unanimidad de todos los partidos--, reformas al Código Penal estatal, que prohíben la elaboración y difusión de “memes” que se burlen del gobierno y sus funcionarios.

El 23 de marzo, la presidenta del Congreso local, de Tamaulipas, Leticia Gerardo Hernández recibió el oficio SGG/240/17, que proponía reformas a los artículos 207 y 189, del citado Código, los cuales prohíben la difusión de imágenes de redes sociales con el fin de dañar o desprestigiar a funcionarios de la administración panista o a sus instituciones.

El diputado Gerardo Hernández no explicó el origen y alcance de las reformas que, sin embargo, fueron aprobadas por todos los diputados de todos los partidos del Congreso.

Dice la locuaz reforma al 207 del Código Penal: “Al que sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada, se le impondrá una sanción de dos a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad Media de Actualización”.

Las penas elevarán un tercio cuando el delito se cometa contra instituciones o servidores públicos. Además, la reforma al artículo 189 define “ultraje” como “toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o contra instituciones públicas, que puedan implicar ofensa o desprecio”. Además, el artículo 171 prohíbe a ciudadanos y periodistas difundir imágenes en tiempo real, de choques de la fuerza pública con el crimen organizado.

Es decir, por decisión del gobernador panista de Tamaulipas, el Congreso canceló libertades fundamentales consagradas en el artículo 6º Constitucional.

Y no, no es exagerado decir que Nicolás Maduro vive en Tamaulipas y que es panista. ¿Por qué?

Porque la cancelación de libertades básicas –como en Tamaulipas--, dio inicio a la dictadura que hoy vive Venezuela. ¿Esos gobierno propone y defiende Ricardo Anaya?

Al tiempo.