Raymundo Rivapalacio.-
Horas
después de trascender a la opinión pública que el fiscal general de
Nayarit, Édgar Veytia, estaba en manos de la justicia de Estados Unidos
acusado de múltiples delitos relacionados con el tráfico de drogas,
fuerzas federales blindaron el estado. Testigos de la operación
reportaron que helicópteros artillados sobrevolaron Tepic y que la
frontera con Jalisco se reforzó la seguridad. ¿Por qué tras la captura
del fiscal se tomaron medidas como si el detenido hubiera sido el jefe
de un cártel de drogas? La explicación la dio el gobernador Roberto
Sandoval dejó más dudas que certezas, pero el extraño sellamiento del
estado fue resultado de una petición que le hizo el martes al secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
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Fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia |
Sandoval se encontraba en Tepic cuando le notificaron de la
detención de su fiscal poco después de presentarse ante un juez en la
Corte Federal de San Diego, donde le leyeron las acusaciones.
Inmediatamente voló a la ciudad de México para hablar con Osorio Chong,
explicó sin aclarar porqué fue a Bucareli y no a la Secretaría de
Relaciones Exteriores para que pidieran oficialmente información al
gobierno de Estados Unidos, o a la Procuraduría General de la República
para que recabara la información pertinente del caso. El gobernador, que
no acudió a las instancias que corresponden a un asunto que requiere de
trabajo diplomático y jurídico internacional, tuvo una reacción de
miedo.
Veytia fue detenido el lunes por la noche por agentes del Servicio
de Aduanas y Protección Fronteriza, al cruzar la frontera de Estados
Unidos para ir a visitar a su familia a San Diego, como lo hacía de
manera regular cada 15 días, tras ser acusado por un Gran Jurado,
que investiga en secreto una presunta conducta criminal y determina a
partir de testimonios y documentos si debe acusársele de un delito, en
Nueva York. Sandoval no explicó por qué el fiscal general estaba
viajando a Estados Unidos en un día laboral. Funcionarios de la DEA
dijeron que tan pronto como se otorgó la orden de aprehensión,
estuvieron vigilando el cruce fronterizo por donde siempre entraba a
Estados Unidos, en el paso exprés entre el aeropuerto de Tijuana y la
Mesa de Otay.
La Corte Federal del Este en Nueva York, que lleva el caso de Joaquín El Chapo Guzmán,
presentó cargos insólitos contra Veytia, al acusarlo de producción,
transportación, distribución y venta de heroína, cocaína, metanfetaminas
y marihuana en un mismo proceso. La investigación en su contra comenzó
en enero de 2013 y se cerró, al presentar ante un juez la acusación para
obtener la orden de aprehensión, el 2 de marzo pasado. Las acusaciones
comprenden tráfico de drogas que manejan los cárteles del Pacífico,
Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva, que estuvieron asociados hasta
2008, y que desde entonces han vivido en constante conflicto.
De acuerdo con funcionarios de la DEA, Veytia estaba vinculado a
dos cárteles, enemigos entre sí, el de los Beltrán Leyva, donde la
relación que tenía, afirman, era con el jefe de la plaza en Nayarit,
Daniel Isaac Silva Gárate, apodado el H-9,
que fue abatido durante un enfrentamiento con la Marina el 11 de
febrero pasado, y con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según
funcionarios federales, el fiscal general –un cargo que aprueban todas
las fracciones parlamentarias-, tenía una red de prostitución en el
estado donde utilizaba a las mujeres como informantes. La PGR comenzó a
seguirle la pista a Veytia el año pasado, pero nunca avanzó hacia una
investigación formal. El gobernador Sandoval insistió el jueves que él
no sabía nada de las relaciones criminales de su fiscal, y que todo lo
que había oído de él eran “percepciones”.
Sin embargo, su proceder el martes despierta sospechas. La manera
como actuó es propia de la forma como, de manera preventiva, se redobla
la seguridad cuando un criminal con fuerte poder en una región es
capturado o abatido, y deja un vacío de poder. El reforzamiento de la
seguridad en esos casos es para evitar que los momentos de confusión,
otros busquen ocupar el lugar vacante. Nunca se había visto un blindaje
por el hecho de que un alto funcionario del gobierno fuera detenido por
delitos relacionados con el narcotráfico. Sandoval se comportó
intuitivamente como si Veytia fuera un capo que viviera en Nayarit, y no
su fiscal general.
Su preocupación fue que no hubiera violencia en Nayarit, no
preguntar sobre los porqués y las razones de la captura de su muy
cercano colaborador. Balbuceante, el gobernador dijo que apoyaba al
gobierno de México y, también, al de Estados Unidos. Qué proyectó, es un
misterio. Señaló, cándidamente, que no había sido informado que hubiera
señalamientos en contra de su fiscal. De hecho, ninguna área del
gobierno federal fue informada que se investigaba a Veytia desde hace
cuatro años y que lo iban a detener. La ausencia de información refleja
el grado de deterioro en la relación bilateral dentro del campo de la
seguridad, y consecuencia directa de la negativa en el gobierno de
Enrique Peña Nieto a que sus altos mandos fueran certificados para
recibir inteligencia de Estados Unidos. Hasta aquí quedó el discurso
embustero de la cooperación bilateral.
La
captura pegó por debajo de la línea de flotación del gobierno, y
representa una primera importante llamada de lo que viene desde el norte
en los próximos meses. Peña Nieto debe registrar con cuidado lo que
está sucediendo, y si se decide, actuar y corregir.
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