Carlos Ramírez.-

La crisis en la gestión de gobernadores de los tres principales partidos es, quiéranlo o no, responsabilidad directa del presidente de la república en turno en el sistema presidencialista. El trabajo fue fácil cuando el presidente ponía gobernadores, pero fue complicado cuando los gobernadores se pusieron a sí mismos.

La pérdida de control presidencial sobre gobernadores ocurrió a partir de 1995 cuando el presidente Zedillo y sus sucesores Vicente Fox y Felipe Calderón se desentendieron de la supervisión política federal. El presidente Peña Nieto arribó a la presidencia desde una gubernatura y sin haber pasado por espacios presidencialistas --el gabinete, por ejemplo-- y su experiencia como funcionario estatal comenzó en el 2003, bajo el PAN en Los Pinos.

Sin embargo, Peña Nieto tenía un activo a su favor: su tesis de licenciatura bordó sobre el tema central del sistema político y sobre su fundador: El presidencialismo mexicano y Alvaro Obregón, el jefe político del grupo sonorense que construyó las bases del presidencialismo dominante. Un dato, entre muchos: en 1924 José Vasconcelos renunció a la Secretaría de Educación y se lanzó como candidato a gobernador en Oaxaca, pero fue aplastado después de las elecciones porque el presidencialismo no permitía --herencia porfirista-- gobernadores ajenos a los intereses presidenciales.

La mayoría de los gobernadores y exgobernadores emproblemados hoy nacieron durante la gestión de Peña Nieto como gobernador en 2005; y aunque entonces el PRI fue dirigido sucesivamente por Roberto Madrazo, Mariano Palacios, Beatriz Paredes y César Camacho y Humberto Moreira, Cristina Díaz y Manlio Fabio Beltrones, la autoridad política superior era Peña Nieto, y más al arribar a la presidencia.

El punto de la responsabilidad política no implica complicidad sino descuido o debilidad. Los gobernadores, desde Zedillo, asumieron su autonomía federal porque eran los que garantizaban victorias, al grado de que los gobiernos estatales y muchos municipales llegaron a la condición de virreinatos o, peor, califatos. Los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto sí tenían facultades y formas de vigilar a gobernadores y alcaldes, pero los dos primeros no supieron cómo se cocinaba eso del presidencialismo; en cambio, Peña Nieto llegó con una evidente debilidad institucional.

La debilidad presidencial de 1994 al 2017 prohijó la larga lista de gobernadores corruptos, ineficientes o, más grave, vinculados al crimen organizado. En el pasado los presidentes de la era priísta ponían presidentes, pero la pluralidad debió llevar a mecanismos eficientes de supervisión. Y lo más significativo ha sido que desde 1994 los medios críticos se encargaron de exhibir las trapacerías de los gobernadores, sin que hubiera autoridad federal que tomara cartas en el asunto.

Los recientes casos de corrupción de Tomas Yarrington, Eugenio Hernández, Javier Duarte, Cesar Duarte, Roberto Borge, Fausto Vallejo, Miguel Alonso Reyes, Humberto y Rubén Moreira, Ángel Aguirre, Andrés Granier, Jorge Herrera, Gabino Cué, Rodrigo Medina y Guillermo Padrés ilustran la dimensión del colapso de autoridad --por debilidad institucional o descuido político-- del presidencialismo mexicano y se mete como una variable decisiva en la elección presidencial de 2018: regresar al presidencialismo responsable de la estabilidad de la federación.

Los descuidos presidenciales se localizan como elementos de la corrupción de gobernadores, la narcopolítica en gobiernos estatales y el dominio criminal de zonas expropiadas a la soberanía del Estado. La presidencia de la república como institución tiene la función de blindar los gobiernos estatales. O la asume o será corresponsable de la desintegración de la república.



Política para dummies: La política debe ser el ejercicio de la responsabilidad cuando se tiene poder.


 Sólo para sus ojos:

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    La crisis política en Cuernavaca se salió de control por la obsesión del gobernador perredista Graco Ramírez de liquidar políticamente a Cuauhtémoc Blanco. Lo grave para el gobernador es que ya se contaminó su sucesión estatal que debe resolverse a fin de año.
    El caso de los sobornos de Odebrecht ya se metió no sólo en México sino en la elección presidencial del 2018. Y el asunto viene de fuera, es decir, carece de mecanismos de control. Hay indicios de que van a sacrificar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

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