Raymundo Rivapalacio
Apenas comenzaron las campañas por las gubernaturas en tres
estados que se jugarán en junio, y se atisba lo que será la elección
presidencial en 2018. Las viejas prácticas electorales de compra de voluntades,
con un cínico uso y abuso de dinero fuera de los controles de las autoridades
electorales, son acompañadas por la sumisión del Instituto Nacional Electoral
ante el gobierno federal. No sólo el árbitro electoral se ha mostrado omiso,
sino ha llegado al caso de admitir como legales acciones que alteran el
principio básico de que una elección debe ser justa y equilibrada, porque de
otra manera la competencia se vulnera. Los ejemplos empiezan a aparecer de
manera amenazante para quienes esperarían que las elecciones produzcan el acuerdo
institucional que permita la gobernabilidad, porque lo que se está sembrando es
una bomba que va a explotar.
Lo más grave es el reciente fallo del INE donde se negó a
sancionar al gobierno federal y al del estado de México, por continuar los programas
sociales durante la campaña para gobernador. “Los programas sociales no se
suspenden, ni se tienen que suspender durante las campañas electorales”, dijo
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. “Sería absurdo pretender que la
normatividad y, más aún, que la autoridad electoral, determine la suspensión de
los programas en un país con las desigualdades que tenemos”. No es aceptable la
postura de Córdova, porque su papel como líder de los árbitros es crear
condiciones para que la contienda sea pareja y no lo contrario.
Desde que Joseph Schumpeter desarrolló su obra sobre
elecciones y democracia hace más de 70 años, la idea sobre la equidad de los
procesos electorales ha dominado la discusión pública, particularmente en
aquellas naciones con sistemas políticos débiles y resabios autoritarios. Esto
es que la voluntad del individuo no es independiente en el campo de la
política, y la forma como se decide en las urnas suele estar determinado por la
propaganda y fabricada por quienes más recursos tienen para manipular el voto.
Por décadas, la forma como el PRI utilizó dinero no contabilizado como un
método para ganar votos, ha sido motivo de denuncias periodísticas, primero, y
más adelante buscado acotarse –en su caso y el de otros partidos-, por los órganos
electorales.
Durante años, la maquinaria electoral mexiquense utilizó
dinero en efectivo para su operación política y de medios. Isidro Pastor, que
fue presidente del PRI en el estado de México –y ahora busca la gubernatura
como candidato independiente-, tenía en su casa una alacena escondida detrás de
un gran librero de su casa en donde, en lugar de alimentos, tenía billetes de
todas denominaciones para lo que se necesitara para mantener la operación
política y la cooptación. En la campaña de Eruviel Ávila hace seis años, el
dinero de los convenios de publicidad llegó a varios medios organizado en
fajillas de 50 mil pesos que tenían el sello del banco, de 1995. Es decir, ese
dinero fue sacado del sistema financiero una década antes, y guardado para ser
utilizado políticamente años después. ¿Cómo rastrear esos recursos? O ¿cómo
seguir su ruta política?
Las quejas sobre la desigualdad en el proceso electoral
mexiquense no han tenido mucho eco en el INE, y su pasividad o negligencia va a
tener consecuencias. En algunas comunidades mexiquenses algunas familias han
comentado de manera aislada que en el pasado el PRI llegó a ofrecerles 500
pesos por su voto, pero que en esta elección ha cambiado de manera
significativa. Lo que dicen es que les han dado dos mil 500 pesos por cada
credencial electoral, lo que ha llevado a algunos casos donde familias con
hijos con deficiencias mentales, sacan de cualquier forma su credencial electoral para poder recibir lo que ofrece el PRI. En un caso recibió un jefe
de familia 10 mil pesos por cuatro credenciales, cuyo voto tendrá que ser
probado mediante una selfie que se saquen con su boleta dentro de la urna.
Los márgenes que se han venido ampliando para este tipo de
acciones ilegales están desbordando. En Chiapas, donde la elección para
gobernador será hasta el próximo año, este domingo el senador Roberto Albores
Gleason, quien es el líder del PRI en ese estado, organizó un evento para 40
mil personas en un estadio en Tuxtla Gutiérrez, para el cual pagó 400 pesos por
cada asistente. Es escandaloso. Albores Gleason es respaldado por el presidente
del PRI, Enrique Ochoa, quien está apoyando su candidatura al gobierno, pero
sobretodo por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien es el responsable
designado por el presidente Enrique Peña Nieto para ser su enlace y operador
principal en la campaña electoral en el estado de México.
Si bien estas acciones rompen con el orden legal, la actitud
del INE con respecto al aval para que los programas sociales se sigan
entregando en el estado de México durante la campaña electoral, es un absurdo
al permitir que la coacción electoral camine sobre los rieles que les regalaron
los consejeros electorales. Esta clara ruptura a cualquier posibilidad de una
elección justa puede darle espacio de tranquilidad al presidente Peña Nieto y
al PRI en el estado de México con respecto al 4 de junio, el día de la
votación, pero su eventual victoria no generará gobernabilidad sino conflicto.
La semilla se está sembrando este año. Su veneno contaminará de manera
irreversible la elección presidencial el próximo año, si no se modifica lo que
hoy parece un destino manifiesto.
