En conferencia de prensa, el abogado Julio Antonio Hernández Barros, calificó a Echaide Amador como un “pillo” de 28 años que ha generado alarma entre inversionistas, presentándose como un experimentado abogado corporativo.
Expuso que Echaide Amador ha sido desenmascarado como un defraudador cínico y manipulador, existiendo pruebas contundentes de fraudes cometidos a empresas y personas, por un monto superior a 50 millones de pesos.
Refirió que, a través de su supuesto despacho llamado “Echaide, Mendoza y Asociados”, el sujeto se ofrecía como asesor legal para gestionar adquisiciones inmobiliarias, utilizando documentación que aparentaba ser legítima.
Hernández Barros, refirió que, uno de los casos más graves tuvo lugar en el Colectivo de Palmarito, en Puerto Escondido, Oaxaca, donde fue contratado para gestionar la compra de terrenos por un valor superior a 200 millones de pesos, dichas adquisiciones registrarse nombre de sociedades mercantiles legalmente constituidas.
Sin embargo, Echaide manipuló los contratos a su favor, autoproclamándose propietario ante inversionistas.
El presunto defraudador acumula al menos 6 denuncias penales en diversos estados del país.
Hernández Barros, no descartó que existan más casos ocultos, debido a acuerdos de silencio o procesos judiciales en curso.
Entre los hechos más graves documentados destacan: Promoverse como un abogado sin contar con título ni cédula profesional.
Intentar apropiarse ilegalmente de terrenos en Oaxaca valorados en más de 200 millones de pesos, desviando contratos a su nombre.
Defraudar a empresarios de Nuevo León, al venderles terrenos en Baja California Sur, mismos que no eran de su propiedad.
Recabar inversión de terceros para proyectos en Colorado y defraudar a los inversionistas al poner las acciones a su nombre.
Hospedar inversionistas en residencias ajenas que hacía pasar por suyas. Alterar fichas de depósito, presentar documentos falsos, destruir oficinas rentadas afectando recursos de terceros, entre otros presuntos delitos.
De acuerdo con el Bufete Hernandez Barros, el modus operandi de Jorge Luis Echaide Amador consiste en inventar desarrollos inmobiliarios en Oaxaca y Baja California, vender terrenos que no le pertenecen, falsificar contratos y usar el nombre de empresas legítimas para desviar fondos, todo esto bajo la imagen de supuesto “experto legal” y “filántropo ambientalista”.
El fraude se hizo visible cuando dos desarrolladores descubrieron que estaba vendiendo un terreno propiedad de uno de ellos, en el cual Echaide se hacía pasar como dueño. Exponiendo un esquema basado en el engaño, el abuso de confianza y la usurpación de funciones.
Hernández Barros, refirió que, en Baja California Sur, ofreció terrenos en zonas de alta plusvalía que nunca le pertenecieron, cobrando varios
millones de pesos.
Por otro lado, en Puerto Escondido, montó un “desarrollo inmobiliario” con renders, instaló canchas deportivas prefabricadas y afectó físicamente un terreno ajeno a su propiedad.
En Colorado, EE.UU., prometió acceso a inversiones inmobiliarias exclusivas para las cuales recaudó fondos de terceros, y al final puso las acciones que les correspondían a los inversionistas a nombre propio.
En Ciudad de México, abandonó oficinas rentadas en un reconocido edificio de Santa Fe que utilizó como fachada para su supuesto “despacho”, las cuáles antes habían sido decoradas con materiales de lujo que pagaron otros defraudados.
Hernández Barros, expuso que, Jorge Luis Echaide Amador, de presenta como abogado titulado de una prestigiosa universidad, sin embargo, la misma institución confirmó que solo fue pasante que no completó la carrera de Derecho.
“Este individuo simuló una fachada de éxito aparentando un estilo de vida paseándose en yates, aviones privados, con influencers y cenas de lujo, todo financiado con el dinero de sus víctimas”, lamentó y comparó el caso como el llamado “Cártel del Despojo”.
Sin embargo, aclaró que no tienen el hilo Conductor, que lo vincule, ha funcionariado que está involucrado para la obtención de documentos oficiales, que lo ayuden al presunto despojo y fraude, por la alteración de documentos oficiales.
Preciso que serán las fiscalías de los estados, dentro de ellas, la de Oaxaca, las que judicialicen en el caso de acuerdo a las indagatorias.
Por lo pronto, el Bufete Hernández Barros Abogados, ha denunciado estos hechos ante las autoridades y se encuentra asesorando a varias víctimas.
