ARTICLE 19 publica el Informe Libertad de expresión en Cuba: análisis semestral es un documento de análisis que comprende el periodo enero – junio 2023, que pretende dar cuenta sobre el estado estado actual del ejercicio del derecho de la libertad de expresión en isla, por medio del análisis, registro y sistematizaciones de agresiones contra periodistas independientes y activistas de derechos humanos; y del estudio de marcos normativos restrictivos y prácticas estatales represivas que buscan limitar el libre ejercicio del periodismo crítico e independiente y la libertad de expresión. El análisis y la sistematización de las agresiones y las múltiples formas de violaciones recogidas durante este primer semestre, nos da la oportunidad de detectar y hacer visibles los patrones de agresión y comprender la evolución de las estrategias represivas e inhibitorias de la libertad de expresión por parte del gobierno cubano.
Durante este
semestre hemos constatado que la libertad de expresión dista mucho de ser un
derecho garantizado y un ejercicio libre, propio de cualquier democracia y
Estado de Derecho. Ha prevalecido una continuidad e intensificación de la
represión contra periodistas independientes y activistas de derechos humanos
que hacen uso de sus espacios digitales y del espacio público para ejercer el
derechos. La agresiones para inhibir y limitar el trabajo investigativo,
periodístico y de activismo en la isla vienen de parte del Estado y tienen un
carácter sistemático, siendo principalmente detenciones arbitrarias, citaciones
a interrogatorios, reclusión domiciliaria, supresión del servicio de internet,
hostigamiento, exilio forzado, regulación migratoria, desacreditación y
criminalización públicas, actos de repudio, encarcelamiento y condena penal
ejemplarizante. Las detenciones arbitrarias a periodistas, la reclusión
domiciliaria y el hostigamiento han sido
las más comunes. Estas agresiones se dan de la mano de un marco restrictivo que
viola libertad fundamentales y no observa compromisos internacionales.
La mayoría
de estas agresiones contra la prensa crítica y el activismo de derechos humanos
en la isla, están dirigidas tanto a
medios de comunicación,
periodistas y activistas independientes, siendo ejecutadas todas por el
Estado a través de, principalmente, del Departamento de Seguridad del Estado y
de la Policía Nacional Revolucionaria y del Departamento de Seguridad del
Estado, entre otro actores como se puede ver en el informe.
Estas
agresiones y formas concretas de violencia contra la prensa y el activismo de
derechos humanos en la isla, se cobijan bajo un marco normativo inconvencional
y contrario a los derechos humanos. En este documento constatamos que desde
2018 existe un incremento en las disposiciones normativas del derecho
administrativo y el derecho penal orientadas a la limitación de la libertad de
expresión en Cuba. Este incremento responde a una tendencia que pretende
limitar las libertades de expresión, de reunión y de manifestación. Una serie
de decretos ley fueron formalizados entre 2018 y 2022 con este fin, junto a la
reciente aprobación del Código Penal de
2022 y la Ley de Comunicación de 2023.
Este
conjunto de legislaciones y marcos normativos inhibidores, junto a las
prácticas estatales de violencia contra la prensa y el activismo de derechos
humanos, dan como resultado graves efectos que ponen en un estado de
desasosiego a la prensa independiente y al activismo de derechos humanos en la
isla, no solo por la complejidad de hacer periodismo y ejercer la libertad de
expresión en un contexto donde la libertad de pensamiento, de asociación,
reunión y expresión están bajo asedio, sino donde derivado del amplio marco
normativos, también son sujetos a la criminalización, a la censura, al exilio y
al encierro, siendo la cárcel siempre una alternativa para el periodismo
crítico y el activismo cubano.
No hay que
olvidar que agredir, censurar, limitar y violentar a la prensa independiente y
a activistas que ejercen la libertad de expresión en la isla, no solo tiene
grave afectaciones en primera persona, es decir, a quienes son sujetos a estas
prácticas de violencia estatal de represión, periodistas y activistas, sino que
también tienen un efecto en la sociedad cubana en su conjunto, ya que eso se
traduce en una sociedad menos informada y quizás incapaz de ver con mirada
crítica las múltiples realidades de la isla.
Este informe
se divide en cinco partes: (i) la primera recorre las normativas y regulaciones
que pueden considerarse inhibitorias de la libertad de expresión y que proveen
una legalidad para el tratamiento punitivo hacia quienes ejercen sus derechos
de expresión, reunión y manifestación. (ii) La segunda recoge las estadísticas
de agresiones (durante el periodo informado) identificando el rol de las
personas afectadas, su género, los medios de prensa a los que pertenecen (en
los casos pertinentes), así como las entidades estatales participantes en la
represión. (iii) La tercera parte expone algunos casos de gran relevancia con
relación a la represión estatal, lo que evidencia las estrategias opresivas por
parte del Estado cubano. (iv) La cuarta parte identifica, mediante el análisis
y las reflexiones de lo expuesto en la parte tres, aquellos casos que violan la
libertad de expresión y cómo ello impide tanto el desarrollo de la labor periodística
como la capacidad de movilización del activismo. (v) La quinta parte, y final,
intenta ubicar la situación de Cuba en un contexto regional de deriva hacia el
autoritarismo y restricción del espacio público.
Durante este
este periodo hemos tratado de aplicar una mirada interseccional en nuestros
procesos de documentación y registro, es por hemos que podrán identificar si
las agresiones se dieron contra personas cis o trans, esto debido a que nos
parece relevante identificar las violencias e impactos deiferenciados que
experimenta la prensa y el activismo en Cuba, derivado de la situación política
y subjetiva los actores que lo encarnan.
