La mayor cantidad de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a autoridades federales y estatales mexicanas, que lograron ser identificados a través de esta investigación sobre crímenes de lesa humanidad se concentró en el estado de Veracruz, con 20% de los casos; seguido de Tamaulipas (15%); Guerrero (10%); Michoacán (8%) y Chihuahua (6%).
Por: Paris Martínez
Yolanda Adriana Ramírez Soto, de 22 años, fue asesinada
en diciembre de 2012 en el estado de Chihuahua. Cinco elementos de la Policía
Federal dispararon contra la camioneta que conducía su novio, en la que ambos
paseaban con sus hijas: los disparos le destrozaron la mano cuando ella la
extrajo por la ventanilla para pedirles que cesaran el fuego, para advertirles
que había dos niñas en el vehículo, y luego dos balas la lesionaron en el
cráneo.
Aunque se comprobó que los agentes sembraron armamento y
droga en la camioneta para justificar su ataque, el novio de Yolanda fue
sentenciado a siete años de cárcel por portación de arma prohibida, mientras
que los cinco policías responsables del asesinato de la joven y de la
manipulación de evidencias quedaron libres de todo cargo penal, por “falta de
elementos”.
Los policías federales estaban ahí, vigilando las calles,
como parte de la estrategia conocida como ‘guerra contra el crimen organizado’,
lanzada seis años antes por el entonces presidente de México, Felipe Calderón y
continuada por su sucesores.
“Para mí –dice Dolores, la mamá de Yolanda– el gobierno
federal es el responsable (de su muerte), porque es el que manda esas
instituciones aquí. Nos destruyó la vida a todos, a ella, a mí y a mi esposo, a
mis hijos y a mi niña (la hija de Yolanda, de 3 años al momento del ataque).
Pero a mí me hace sufrir más la situación de mi niña, porque soy una persona
adulta, ya no tengo la manera de sacarla adelante; a veces tengo que andar
trabajando todo el día, viendo las necesidades y viendo la falta que le hace su
mamá, porque no la puedo sustituir, y eso gracias a la ley: siempre eduqué a
mis hijos a no pasar por encima de la ley y ¿para qué? Para que me hicieran
esto”.
Lejos de ahí, en el otro costado del país, en el estado
de Michoacán, Alfredo sobrevivía y llevaba un poco de dinero a su madre
pizcando limón. Él es un joven campesino sin tierra, que ahora tendría 25 años
de edad, y que solía ir de pueblo en pueblo, de plantación en plantación, como
jornalero, es decir, laborando en ranchos por un salario diario.
De uno de estos plantíos de limón se lo llevaron por la
fuerza los soldados de la Guardia Nacional un día de enero de 2020, ya durante
el gobierno del actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en el
que la guerra continúa.
En ausencia de la autoridad, fue ella quien recorrió el
pueblo de donde se llevaron a su hijo, La Peña, y en soledad fue ella quien localizó
dos grupos de testigos: primero, a jornaleros que presenciaron cómo su hijo fue
privado de la libertad por los soldados; luego, habló con quienes vieron el
momento en que los soldados entregaron a su hijo, en otro punto del poblado, a
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal que controla
la zona, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, en la batea de una
camioneta pick up.
“Mis carnes no son estas –dice Eufrosina, cuando han
pasado más de tres años desde que busca a Alfredo–. Aunque me mire por fuera
así (viva), por dentro mi corazón está marchito… Odio al gobierno”.
Entre los años 2006 y 2022, es decir, desde que las
autoridades nacionales declararon el inicio de la guerra contra el crimen
organizado, en México se han podido documentar al menos mil 524 casos de
desaparición forzada, asesinato y ejecución extrajudicial, cometidos
directamente por presuntos cuerpos de seguridad federales y estatales en contra
de personas inocentes o indefensas.
Personas como Yolanda y Alfredo, sobre quienes no pesaba
ninguna sospecha, que no tenían armas ni se enfrentaron a la autoridad, sin
órdenes de aprehensión en su contra. Personas que sólo habían salido por algo
de comer, jugaban futbol, fueron a la tienda o simplemente paseaba, como
Yolanda y su familia.
Por supuesto, esos mil 524 casos documentados no
representan la totalidad de las víctimas que ha dejado el actuar ilegal de
autoridades durante esta guerra, ni tampoco todos los abusos oficiales
cometidos en el país en el marco del conflicto armado interno. Son únicamente
aquellos casos que fueron pudieron ser revisados y verificados por en esta
investigación, con base en los registros de comisiones de derechos humanos,
organismos públicos de procuración y administración de la justicia, organismos
civiles, investigaciones periodísticas y fundamentalmente por denuncias
públicas de sus propias familias, que pudieron ser identificadas por la
presente investigación.
Es decir, son sólo una fracción del total. Pero incluso
así, tratándose sólo de una muestra de casos, esas mil 524 desapariciones
forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales equivalen a una víctima de
las autoridades cada seis días, a lo largo de 16 años.
La muestra de 1,524 desapariciones forzadas, asesinatos y
ejecuciones extrajudiciales equivalen a una víctima de las autoridades cada
seis días, a lo largo de 16 años.
La muestra de 1,524 desapariciones forzadas, asesinatos y
ejecuciones extrajudiciales equivalen a una víctima de las autoridades cada
seis días, a lo largo de 16 años. | Foto: Cuartoscuro
Cada caso es una historia diferente. Pero vistos en
conjunto narran la historia de una forma de violencia que en México se volvió
cotidiana con la guerra: la violencia sistemática de Estado, aquella que el
poder público ejerce no sólo de forma reiterada, sino principalmente de forma
premeditada, es decir, planificada, contra integrantes o grupos de la sociedad.
Estos crímenes han sido cometidos por soldados, marinos,
guardias nacionales, policías federales, así como policías preventivos
estatales y agentes ministeriales del fuero común y del federal. Es decir, por
los integrantes de las instituciones encargadas de instrumentar la estrategia
de combate al crimen organizado, durante los gobiernos encabezados por Felipe
Calderón (postulado por el Partido Acción Nacional), Enrique Peña Nieto
(postulado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde) y
Andrés Manuel López Obrador (postulado por el partido Movimiento Regeneración
Nacional, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro
Social).
Es decir, se trata de crímenes cometidos durante la
aplicación de una política pública de seguridad basada en la confrontación
armada, refrendada por cada grupo político que ha conquistado el poder, de 2006
a la fecha, en contra de personas ―hay que insistir― que no empuñaron un arma y
que no estaban involucrados en alguna actividad ilícita. Casos, todos, que nos
recuerdan que cualquiera puede ser víctima de unas fuerzas de seguridad que
actúan impunes.
Una estrategia que, como han denunciado diversas
organizaciones, viola la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas como
vigilantes del comportamiento de la población civil, tal como concluyó la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en el tiempo que lleva en marcha
ha cuadruplicado el número de muertes violentas en el país.
Las mil 524 historias en las que se basa la presente
investigación periodística dan cuenta de que los crímenes perpetrados por las
fuerzas del Estado, de un lado, y la violencia homicida generalizada del otro
lado, son dos fenómenos que avanzan de la mano en México, ya que durante el
tiempo que ha durado el conflicto armado interno, ambos indicadores de
violencia incrementan en las mismas regiones y en los mismos periodos de
tiempo.
Crímenes
de guerra y de lesa humanidad
Los crímenes recabados en esta investigación se
perpetraron principalmente al amparo de operaciones o políticas de seguridad
pública para abatir la incidencia delictiva, pero también ocurrieron durante
operativos para reprimir protestas sociales, así como en actos delictivos
perpetrados por agentes del Estado, de forma autónoma o en complicidad con la
delincuencia organizada.
Además, estos actos de violencia fueron instrumentados
contra regiones e integrantes de grupos específicos de la población civil, elegidos
bajo criterios de edad, sexo, condición socioeconómica, características físicas
o por alguna condición de vulnerabilidad fija o transitoria.
Las víctimas son, por ejemplo, personas jóvenes, personas
que se encontraban solas o en grupos numéricamente inferiores ante los agentes
oficiales, habitantes de ciertas localidades, manifestantes, integrantes de
sectores económicamente marginados o de sectores estigmatizados (como personas
con adicciones, sin ocupación o que portan tatuajes en el cuerpo), e incluso
contra personas que mostraron comportamientos que para la autoridad fueron
indebidos, aunque no representaran delito alguno, tales como no detener la
marcha del auto, vestir cierta ropa o actuar con reservas, nerviosismo o miedo
en presencia de uniformados.
Personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la
escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse.
En todos los casos identificados, las víctimas eran
personas inocentes, es decir que no estaban relacionadas con hechos delictivos
ni representaban amenaza alguna para la autoridad; y además, estaban
indefensas, por lo que tampoco eran un riesgo para las autoridades, incluso si
tenían algún vínculo con hechos delictivos.
Estos crímenes de lesa humanidad han sido cometidos por
soldados, marinos, guardias nacionales, policías federales, así como policías
preventivos estatales y agentes ministeriales del fuero común y del federal.
Estos crímenes de lesa humanidad han sido cometidos por
soldados, marinos, guardias nacionales, policías federales, así como policías
preventivos estatales y agentes ministeriales del fuero común y del federal. |
Es decir, se trata de actos de violencia de Estado que,
al estar enmarcados en una confrontación armada, están prohibidos por las leyes
internacionales de la guerra, establecidas en los Convenios de Ginebra, ya que
éstas no sólo aplican para conflictos entre países sino también para todo tipo
de confrontación armada “que surja en el territorio” de los Estados firmantes.
México suscribió estos tratados en el año 1952.
Estas normas internacionales, que rigen el comportamiento
de los Estados firmantes durante confrontaciones armadas, prohíben que las
fuerzas oficiales incurran en “atentados contra la vida y la integridad
corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas”, “la toma de
rehenes”, así como “las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal
legítimamente constituido, con garantías judiciales”.
También establecen que, en el marco de conflictos
armados, todas las personas, pero particularmente los civiles, “serán, en
todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de
índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia,
el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo”.
Además, los hechos de violencia en los que se basa esta
investigación se inscriben en la definición de “crímenes de lesa humanidad”
recogida en el Estatuto de Roma, que da forma a la Corte Penal Internacional
(ratificado por México en el año 2000), al tratarse de asesinatos y
desapariciones forzadas cometidas por integrantes de fuerzas gubernamentales
“como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil”, para lo cual es requisito que exista “una línea de conducta que
implique la comisión múltiple de los actos mencionados contra una población
civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.
Y eso es lo que está pasando en México.
Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, prácticas
sistemáticas
La mayor cantidad de asesinatos, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a autoridades federales y
estatales mexicanas, que lograron ser identificados a través de esta
investigación, se concentró en el estado de Veracruz, con 20% de los casos;
seguido de Tamaulipas (15%); Guerrero (10%); Michoacán (8%) y Chihuahua (6%).
Sin embargo, los datos recabados dan cuenta de que
prácticamente en todo el territorio nacional se han registrado de forma
reiterada este tipo de crímenes, a lo largo de los 16 años que ha durado el
conflicto armado interno.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, esta
investigación identificó 444 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales y federales (sin que
esto represente que son la totalidad de los casos ocurridos), perpetrados en 26
de las 32 entidades del país.
Luego, en el gobierno de Peña Nieto, esta investigación
logró identificar al menos 713 crímenes de lesa humanidad documentados en 29
entidades del país.
Finalmente, durante los primeros cuatro años de gobierno
del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se han
documentado al menos 308 crímenes de Estado, en 29 entidades.
La acumulación de todos estos casos durante tres
gobiernos diferentes y a lo largo de toda la geografía mexicana es una muestra
de que el asesinato, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son
formas de violencia de Estado que se han ejercido de forma generalizada en
contra de la población civil, en el marco de la política de seguridad vigente
hasta el día de hoy.
En todos los crímenes de lesa humanidad identificados las
víctimas eran personas inocentes, es decir que no estaban relacionadas con
hechos delictivos ni representaban amenaza alguna para la autoridad
En todos los crímenes de lesa humanidad identificados las
víctimas eran personas inocentes, es decir que no estaban relacionadas con
hechos delictivos ni representaban amenaza alguna para la autoridad.
Pero el comportamiento de la autoridad también demuestra
patrones constantes que evidencian una actuación sistemática, es decir, una
forma predefinida y reiterada de responder ante cierto tipo de personas y
situaciones fuera del marco legal, en el contexto de la guerra.
Sólo entre 2020 y 2021, por ejemplo, la Fiscalía General
de la República reporta haber capturado a 23 mil 248 personas, supuestamente
involucradas en operaciones del crimen organizado. Sin embargo, los registros
oficiales de la misma FGR reconocen que contra ninguna de esas personas se
logró ejercer la acción penal, según el Censo Nacional de Procuración de
Justicia Federal, FGR-INEGI.
Es decir que el 100% de la gente acusada por las
autoridades de pertenecer al crimen organizado, en el periodo 2020-2021, fue
acusada sin sustento. Contra esas personas no existían evidencias para
fincarles cargos penales ante un juez federal; no obstante, fueron privadas de
la libertad por las autoridades, presentadas como supuestos delincuentes y su
captura fue incluida en la narrativa oficial de los éxitos de la guerra.
De los mil 524 casos identificados en esta investigación,
una tercera parte de las víctimas fue falsamente presentada por las autoridades
como personas con actividades o antecedentes delictivos, o bien, como
responsables de su fallecimiento o desaparición, dada su forma de vida o un
comportamiento imprudente. Así, la criminalización es otro comportamiento
sistemático por parte de las autoridades.
Por último, las historias y los datos recabados, dan
muestra de que estas formas de violencia de Estado, más que toleradas, son auspiciadas
por los organismos que, por ley, son responsables de hacer justicia ante este
tipo de crímenes.
A través de consultas de Transparencia, las 32 fiscalías
de justicia del país reportaron haber iniciado investigaciones penales contra
241 funcionarios federales y estatales, por asesinatos, ejecuciones y
desapariciones cometidos durante el periodo de la guerra, aunque los tribunales
de justicia estatales informaron que sólo contra 87 se emitió sentencia
condenatoria. Las autoridades no pudieron aclarar el número de víctimas de
dichos funcionarios públicos.
Durante esta investigación, cabe destacar, no se logró
identificar ninguna sentencia emitida contra altos mandos de corporaciones
federales o estatales, por delitos de homicidio, ejecución extrajudicial o
desaparición forzada cometidos entre 2006 y 2022, sino sólo contra elementos de
tropa o mandos menores.
Es decir que quienes diseñaron y dirigieron la estrategia
de guerra aplicada en México, que incluye los crímenes de lesa humanidad como
uno de sus componentes, gozan de cabal impunidad.
A la luz de esta información, la consigna “Fue el
Estado”, con la que distintos sectores de la población han señalado la
responsabilidad de los grupos en el poder durante manifestaciones contra la
guerra a lo largo de estos 16 años, pierde su sentido metafórico y se vuelve
totalmente literal, exacta. Porque sí, el responsable de los hechos aquí
señalados es el Estado mexicano, que ha extendido a sus agentes un permiso
tácito para matar y para desaparecer personas.
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