“Vengo aquí a pedirle apoyo y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”. La periodista Lourdes Maldonado lanzó este mensaje de alerta en frente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue hace tres años en una de sus primeras conferencias matutinas en Palacio Nacional. Este domingo, su cadáver ha aparecido en Tijuana, Estado de Baja California, dentro de un coche con varios impactos de bala en el rostro. Es el segundo periodista asesinado en una semana en la ciudad fronteriza y el tercero del país desde que arrancó el año, prolongando la senda homicida contra la informadores en México, el país del mundo más letal para la prensa.

 Sobre las 18:20 los vecinos del fraccionamiento Las Villas escucharon disparos, según información del semanario Zeta, el medio de referencia en la zona. Los primeros testigos encontraron el cadáver en el coche, un sedán rojo, con el motor encendido y el vidrio del lado del conductor reventado por los impactos de bala. Maldonado estaba en la puerta de su casa.

Una patrón similar al asesinato de Margarito Esquivel hace seis días. El pasado lunes, a las 12.45, el fotógrafo Margarito Esquivel salía de su casa en Tijuana, en la colonia Sánchez Taboada. Allí fue abatido a balazos. El reportero gráfico, de 49 años, estaba especializado en sucesos y noticias policiales. Trabajaba para el Grupo Cadena y el semanario Zeta, además colaboraba con medios internacionales como la BBC.

Así mismo, el 16 de enero El Financiero informó el asesinato del periodista José Luis Gamboa en la ciudad y puerto de Veracruz, confirmó la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). El cuerpo de Gamboa fue hallado con heridas de arma blanca en el fraccionamiento Floresta del puerto jarocho el pasado 10 de enero, sin embargo hasta hace poco no había sido identificado.

“Es necesario que la FGE realice todas las diligencias y agote todas las líneas de investigación hasta esclarecer este hecho que ha impactado en el gremio periodístico veracruzano”, señaló la CEAPP en un comunicado.

De acuerdo a algunas versiones las heridas podrían haber sido causadas durante un intento de asalto, sin embargo por la saña que presentan, otros exigen que se investigue bajo el contexto de su labor informativa.

En el caso de Maldonado, que había sido reportera para Televisa, llevaba años en un pleito legal contra una televisora local propiedad del exgobernador del Estado, el morenista Jaime Bonilla, por despido injustificado. La periodista se refirió directamente al caso durante su denuncia ante el presidente López Obrador. “Nada o poco puedo hacer yo contra ese personaje”, dijo entonces.

López Obrador se ha referido este lunes en la conferencia matutina al asesinato de la periodista: “No se puede en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio”. El mandatario ha asegurado que su Gobierno mantuvo “comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia”. “Mi compromiso es que no haya impunidad, que se encuentren a los responsables”, ha afirmado. López Obrador ha apuntado a una violencia “heredada”, “un proceso de degradación progresivo” que empezó “hace 20 o 30 años”.

Maldonado, según informaciones de medios locales, estaba desde el año pasado inscrita en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Se trata de un resorte de prevención y ayuda para los comunicadores, en este caso de carácter estatal, que está también en el punto de mira de las críticas. La medida no ha impedido que las cifras de la violencia contra informadores sean cada vez peores en el país. En 2021, nueve reporteros murieron de forma violenta. Este año, sin acabar aún el primer mes siquiera, ya son tres víctimas.

México es el país más mortífero del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ, explicaba hace unos días a este diario que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos: “La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

La organización, que lleva desde 1992 un conteo global de estos ataques, registró hasta final del 2021 138 asesinatos en México. Artículo 19, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión, computa cifras todavía más altas: 145 desde 2000.