Una acta circunstanciada de hechos que fue elaborada por el magistrado Enrique Pacheco Martínez entre los días 9 y 10 de septiembre de 2021, previo a su asesinato, incluyó las amenazas de muerte de Enrique Toro Ferrer ex subprocurador de justicia del gobernador de Oaxaca Heladio Ramírez López.
El documento redactado por Pacheco Martínez sería
dirigido directamente al Fiscal de Oaxaca Arturo Peimbert; al Congreso del
Estado de Oaxaca y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a la Auditoría
Superior de la Federación, Secretaria de la Contraloria y Transparencia
Gubernamental, además de la Secretaria de la Función Pública.
En la denuncia de hechos, el magistrado registró nombres
de una “lista negra” de Toro Ferrer “que corren serio peligro sus vidas” y
enlistó nombres de notarios, actores políticos y un periodista, que se darán a conocer posteriormente en este sitio.
Enrique Toro Ferrer se encuentra recluido en el penal de
Etla por diferentes causas penales con antecedentes documentados por Amnistía
internacional por la desaparición, asesinado y ejecuciones sumarias de
indígenas en la región Mixe de Oaxaca en los años 90.
Así lo prueba el informe de Amnistía Internacional México: Violaciones de los Derechos Humanos
contra miembros de la comunidad de indígenas Mixes y Zapotecas de La Trinidad
Yaveo, Oaxaca, con el índice AI: AMR
21/11/92/s, que se publicó en el marco de la naciente Comisión Nacional de los
Derechos Humanos a cargo de Jorge Carpizo McGregor (6 de junio de 1990).
A lo largo de los años, el poder e impunidad de Enrique
Toro Ferrer creció de manera exponencial en cuanto a sus relaciones con la
clase política y familias prominentes de la vallistocracia oaxaqueña, inclusive
de utilizar los apellidos de los gobernantes en turno para consumar sus
negocios.
En diciembre de 2019, comuneros de San Raymundo Jalpan
fueron desalojados violentamente, la información fue publicada por el periódico
El Imparcial de Oaxaca en donde se documentaron testimonios de las víctimas
señalando a Enrique Toro Ferrer quien aseguró actuar en nombre del Gobierno del
Estado.
Fuentes bien informadas revelaron a URBANO 24 HORAS, que
la prepotencia del exsubprocurador Toro Ferrer para cometer todo tipo de atropellos
utilizando el apellido Murat, molestó al gobernador Alejandro y en especial a
su papá Don José Murat.
La relatoría redactada por el magistrado recaba muchos
datos que apuntan hacia los autores intelectuales de su asesinato. Él conocía
muchos juicios de nulidad de diferentes propiedades en disputa y según fuentes
consultadas por este medio, el jurista se había relacionado con el ex
subprocurador y que las cosas habían terminado con amenazas de muerte.
