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Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez
Cuando se es víctima o testigo de un delito, el dilema
siguiente en que se encuentra el afectado es: denunciar o no denunciar. Las
buenas prácticas ciudadanas nos dicen que si se sufre de un asalto, robo de
celular, robo a domicilio, extorsión, secuestro, entre otros; ya sea del fuero
común o federal, este debe ser inmediatamente denunciado.
Sin embargo, las estadísticas nos dicen que la mayoría de
delitos que se cometen no se denuncian. De acuerdo a la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 que realiza el
INEGI, se estima que en 2018 en el estado de Oaxaca, sólo se denunció el 8.6%
de los casos; es decir, que el 91.4% de las infracciones a la ley que se
cometen no se denuncian. Esta es la llamada cifra negra.
De los delitos denunciados, el Ministerio Público inició
averiguación previa o carpeta de investigación en sólo el 55.1% de los casos. A
nivel nacional, se estima que se
denunciaron 10.6% de los mismos. Y en 63% de los casos se inició una
averiguación previa o carpeta de investigación.
Se estima que 23.1% de los hogares en el estado de Oaxaca
tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2018. A nivel nacional, se estima
que 33.9% de los hogares tuvo, al menos, una víctima de estos durante 2018.
Los delitos más frecuentes por cada cien mil habitantes
en el estado de Oaxaca fueron 21.9% robo o asalto en calle o transporte
público, 19.8 extorsión, 15.5% amenazas
verbales y 12% fraude.
De acuerdo a datos a mayo 2020 de carpetas de
investigación iniciadas en el sistema acusatorio, publicados por la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca, los casos con más carpetas iniciadas son por
violencia familiar, robo de vehículos, robo a transeúnte, delitos sexuales y
robo a casa habitación; mientras que los delitos con menos carpetas iniciadas
son trata de personas, feminicidio, homicidio doloso de mujeres, secuestro y
extorsión.
Llama la atención que el secuestro y la extorsión se
encuentren entre los casos con menos carpetas iniciadas, ya que de acuerdo al
INEGI en 2018, la extorsión fue uno de los delitos más frecuentes, por lo cual
podemos presuponer que es uno de los casos cuyas víctimas no denuncian.
Entre las razones de las víctimas para no denunciar
delitos ante las autoridades en el estado de Oaxaca, destacan la pérdida de
tiempo con 22.8% y la desconfianza en la autoridad con 14%.
Por causas atribuibles a la autoridad se entiende: miedo a sufrir extorsión, pérdida de
tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud
hostil de la autoridad. Existen otras causas como miedo al agresor, delito de
poca importancia, no tenía pruebas, entre otros.
De acuerdo a la ONG, Causa en Común, existen prácticas
que inhiben que el ciudadano ejerza su derecho a denunciar. Por ejemplo, el
solicitar que el denunciante se presente a la agencia del Ministerio Público
con identificación oficial con foto y si no cuenta con ésta, deberá presentar
dos testigos que avalen la identidad. Sin duda, identificarnos ante la
autoridad es indispensable, pero muchas veces las víctimas acuden al MP porque
justamente fueron víctimas de robo y en este sentido tienen que haber flexibilidad.
Mejorar la imagen de las agencias del Ministerio Público
es fundamental para que los ciudadanos puedan acudir a denunciar sin
obstáculos. Se deben revisar las cargas de trabajo de los agentes del
Ministerio Público, sensibilizarlos sobre la importancia del servicio público
que están prestando, capacitar a los peritos y policías judiciales o
ministeriales para que realicen un trabajo profesional y eficiente. Asimismo,
se deben implementar mecanismos que impidan la corrupción y transparenten los
procesos. Garantizar la confidencialidad de los datos personales y la seguridad
del ciudadano que denuncia. Sólo así, se logrará disminuir la cifra negra que
nada nos beneficia a los mexicanos.
Las campañas de prevención del delito, la vigilancia y
patrullajes, la confianza a la policía, el revisar la capacitación y los
protocolos policiacos, el revisar los procedimientos de los ministerios
públicos, contar con el marco legal adecuado, la profesionalización en la
investigación criminal, la revisión de los procedimientos, y criterios en los
juzgados, la revisión de la actuación de jueces, así como la reforma de todo el
sistema de readaptación social; son tareas que deben fortalecerse y su
postergación representa un alto costo para la ciudadanía.
La inseguridad es un tema prioritario para la ciudadanía,
que corresponde a los tres niveles de gobierno pero también a los tres poderes.
Una de las tareas que da origen y justifica al Estado y al gobierno es mantener
el orden público, en otras palabras que el ciudadano y las familias no sientan
amenaza en su vida o en su patrimonio, ya sea en las calles, en su casa o en su
lugar de trabajo; a eso le llamamos
seguridad, el cual también se encuentra catalogado como un derecho
humano.
victor.manuel.aguilar.gutierrez@gmail.com
