Desde la aparición del ser humano sobre la tierra, este
se ha organizado de diferentes maneras (grupos, tribus, hordas) para alcanzar
sus fines, algunos tan básicos como el obtener su alimento; es por ello que
siempre ha necesitado de los otros para alcanzar sus propias necesidades. La
convivencia con los otros, se tradujo comúnmente en desacuerdos sobre
diferentes asuntos tales como la repartición del alimento cazado, o la
seguridad de preservar este alimento sin que nadie se lo arrebate. Normalmente
quien dominaba siempre fue el más fuerte.
A medida que estos grupos se fueron civilizando adoptaron formas de
organización más eficaces para resolver sus conflictos y regular la convivencia
(protegerse del más fuerte), fue así como nace el Estado y el Derecho como
forma de organización que regula la convivencia de una sociedad dando seguridad
a sus miembros, fundamentalmente en la preservación de su vida y de sus
propiedades; así como el fomentar la condiciones para el desarrollo de cada
individuo y que estos alcancen sus fines. En pocas palabras, el Estado debe
buscar el bien común.
De acuerdo a San Agustín: “cualquiera sea el orden
político establecido o el tipo de Estado o gobernante, no es el tamaño ni la
fuerza sino la presencia de la justicia lo que diferencia a un estado de una
banda de delincuentes. Si no existe, la única diferencia es el tamaño de sus
crímenes y la impunidad con la que se cometen”. La Justicia es, pues, superior
al Estado mismo y un requisito indispensable para ser reconocido como tal. Y
los gobernantes, pueden también delinquir cuando se apartan de lo que es justo,
es decir, cuando no buscan el bien común.
Como parte de una sociedad es deber y obligación de
contribuir al sostenimiento del Estado, a cambio, es deber y obligación del
Estado el proporcionar los servicios y las condiciones que permitan a cada
individuo la protección de sus derechos. Mantener el orden público, dotar de
servicios públicos, y conducir el
desarrollo económico y social son tres tareas fundamentales de un gobierno.
El artículo 31 de nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IV, estable como una obligación para
los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como
de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Por otro lado, de acuerdo al artículo 134 de
la misma Constitución, el Estado tiene la siguiente obligación (por su
importancia, se transcribe el texto de este artículo): “Los recursos económicos
de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán
evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la
Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los
recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos
del párrafo precedente. …
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo
anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes
establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que
aseguren las mejores condiciones para el Estado.
…. La evaluación
sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas
de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este
artículo.
Los servidores públicos serán responsables del
cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta
Constitución.
Los servidores públicos de la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad
de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos,
las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público. …”. ¿Actualmente nuestro gobierno cumple con la exigencia de
este artículo constitucional?
Desde hace más de treinta años se habla de una reforma
fiscal integral, sin embargo, hoy más que nunca se requiere de una reforma
fiscal que se enfoque no solo en el aumento de la recaudación haciendo uso del
terrorismo fiscal, o en la austeridad del gobierno desmantelando las
instituciones, como actualmente se aplica; sino también en el cumplimiento
eficaz de las obligaciones del Estado, en apego de ese pacto social entre ciudadanos y Estado. Se requiere
de una reforma fiscal que haga realidad los principios tributarios de
generalidad, de obligatoriedad, de vinculación al gasto público, de
proporcionalidad, de equidad y de legalidad o reserva de ley.
De no considerar en una exigencia fiscal, también el
cumplimiento de las obligaciones del Estado, de acuerdo a la frase de San
Agustín antes mencionada, nos encontramos frente a una banda de delincuentes
haciéndola de “Robín Hood” repartiendo el botín, pero quedándose con la mayor
parte, en perjuicio de ese pueblo “bueno y sabio”.
