Para que la agenda de la ONU sobre conflictos armados y
niños siga siendo relevante y creíble, es imperativo que el proceso de
inclusión no otorgue una excepción a Israel por sus graves violaciones.
Bélgica cedió a la presión israelí para anular mi visita
al Consejo de Seguridad. De esta manera ayudaron a socavar el trabajo de
derechos humanos para los niños palestinos.
La semana pasada el Gobierno de Bélgica cedió a la
intensa presión del Gobierno israelí y procedió a cancelar mi invitación para
informar al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.
Irónicamente, la decisión de excluir mi voz como
representante de Defensa Internacional de los Niños de Palestina (DCIP), una organización
palestina de derechos humanos, ejemplifica y refuerza el mensaje que había
preparado para presentar ante el Consejo.
Fui invitado por la Misión Permanente de Bélgica ante la
ONU a fines de enero para informar a los miembros del Consejo de Seguridad
sobre las violaciones de los derechos de los niños en Israel y los territorios
palestinos ocupados.
Bélgica, que ocupa la presidencia rotativa del Consejo de
Seguridad este mes, es líder de la agenda global de la ONU sobre los niños y
los conflictos armados, y como tal quería destacar estos temas específicos
durante la reunión mensual del Consejo sobre la cuestión de Medio Oriente y
Palestina. Los belgas escribieron en su invitación que esta discusión centrada
ayudaría a «enriquecer el debate» sobre Palestina.
Acepté con gusto. El hecho de que Bélgica estuviera
dispuesta a invitar a una organización local palestina de derechos humanos como
DCIP para informar al Consejo fue encomiable, ya que el espacio de la sociedad
civil en la ONU se ha reducido durante años. Si bien me instaron a ser
«equilibrado» en mi declaración (que había compartido con ellos para recibir
comentarios), entendieron que los niños palestinos soportan abrumadora y
desproporcionadamente la peor parte de los tipos de violaciones que intentaron
resaltar.
Entonces comenzaron los problemas.
Tan pronto como los diplomáticos israelíes fueron
informados de mi asistencia, Emmanuel Nahshon, el embajador israelí en Bélgica
y Luxemburgo, solicitó -supuestamente- al Gobierno belga a principios de
febrero que cancelara la invitación. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí
convocó al embajador adjunto de Bélgica en Israel, Pascal Buffin, en dos
ocasiones separadas para que se opusiera formalmente a la invitación. Estas
solicitudes fueron inicialmente rechazadas.
Los funcionarios israelíes y las organizaciones de derecha,
como el ONG Monitor y sus afiliados, posteriormente organizaron una campaña de
desinformación política y mediática bien orquestada para presionar a los belgas
para que capitularan.
Luego, hace cuatro días, recibí una llamada telefónica
temprano por la mañana que me informaba de que Bruselas había decidido cambiar
el evento del Consejo de Seguridad de una reunión abierta a una reunión
cerrada, lo que significa que yo ya no participaría.
Campañas de difamación dirigidas
La aceptación de Bélgica de las demandas de Israel es un
golpe frustrante y devastador. No solo es un acto vergonzoso de censura, sino
que también aumenta los esfuerzos de larga data para deslegitimar el trabajo de
derechos humanos y los principios básicos del derecho internacional en lo que
respecta a los palestinos.
Durante las últimas dos semanas, me han llamado
falsamente de todo, desde «activista antiisraelí extremo» y «propagandista
estadounidense de segunda», hasta «partidario del terrorismo» y «terrorista
diplomático».
El embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, incluso
escribió una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Gutteres, llamando
al DCIP «un brazo del FPLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina)
para promulgar el terror diplomático contra Israel», y agregó: “En un lugar que
promueve la paz y la seguridad en el mundo no hay espacio para personas como
Parker».
DCIP y otras organizaciones de la sociedad civil en
Palestina e Israel han sido cada vez más señaladas y atacadas por funcionarios
israelíes, ministerios del Gobierno y una creciente red de fuerzas sociales de
derecha y nacionalistas en Israel, los Estados Unidos, el Reino Unido y en toda
Europa. Una estrategia clave de estas fuerzas es lanzar campañas de difamación
dirigidas y organizadas, basadas en una serie de acusaciones que intentan
vincularnos con la legislación nacional contra el terrorismo para socavar
nuestro trabajo.
Para DCIP específicamente, funcionarios como el Embajador
Danny Danon, el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, el Monitor de ONG
y los Abogados del Reino Unido para Israel (UKLFI) alegan que apoyamos y
fomentamos más actos terroristas. Afirman cariñosamente que la junta de DCIP y
los miembros del personal están «afiliados», «vinculados» o tienen «supuestos
vínculos» con el PFLP.
En cambio no se presenta evidencia de cómo el trabajo de
DCIP (nuestra investigación de campo, documentación, servicios legales y
defensa) está de alguna manera involucrado en el apoyo a actos terroristas. Además
las autoridades israelíes no han iniciado juicios ni imputaciones contra
miembros de la junta o del personal del DCIP por tales acusaciones durante su
tiempo en la organización.
En lugar de exigir a las autoridades israelíes que dejen
de asesinar a los niños palestinos que protestan en Gaza, que pongan fin a los
malos tratos y la tortura de los niños palestinos detenidos o responsabilicen a
los perpetradores, estos actores están difundiendo información errónea
destinada a silenciar, destituir y eliminar los derechos humanos legítimos, el
trabajo y crítica de las políticas ilegales israelíes hacia los palestinos. Y
desafortunadamente, a sabiendas o sin darse cuenta, gobiernos como el de
Bélgica los están ayudando.
Fuera de la lista negra de la ONU
Entonces, si Bélgica no se hubiera derrumbado ante la
presión, ¿qué no quería el Gobierno israelí que dijera hoy al Consejo de
Seguridad de la ONU?
Primero, utilizando en gran medida información verificada
por la ONU, habría explicado cómo los niños palestinos se ven
desproporcionadamente afectados por el conflicto armado a manos de las fuerzas
israelíes. En segundo lugar, habría destacado cómo el persistente fracaso del
Secretario General de las Naciones Unidas en responsabilizar a Israel ha
fomentado la impunidad por violaciones tan graves contra los niños.
En mi planificada ponencia, ofrecía una solución. Cada
año el Secretario General de la ONU presenta un informe al Consejo de Seguridad
que detalla la situación de los derechos del niño en situaciones específicas de
conflicto armado, incluidos Israel y el Estado de Palestina.
La Resolución 1612 del Consejo de Seguridad, adoptada en
2005, estableció formalmente un mecanismo de monitoreo y reporte basado en
evidencia y liderado por la ONU sobre violaciones graves contra niños durante
un conflicto armado. Las seis violaciones incluyen asesinatos y mutilaciones,
reclutamiento de niños, violencia sexual, ataques a escuelas u hospitales,
negación del acceso humanitario para niños y secuestro.
Cuando se descubre que las fuerzas o grupos armados
cometen tales violaciones contra los niños, el Secretario General está obligado
a enumerarlas en el anexo de su informe anual. Esta lista se conoce como la
«lista negra» o «lista de la vergüenza» de la ONU sobre los derechos del niño.
El mecanismo ha demostrado ser una herramienta sólida
para reforzar la protección de los niños durante los conflictos armados en la
última década. Pero a pesar de los persistentes informes de agencias de la ONU
como UNICEF y grupos locales como DCIP, tanto Guterres como su predecesor, Ban
Ki-moon, se negaron a incluir a las fuerzas armadas israelíes en la lista
negra.
Esto fue a pesar de que Ban Ki-moon, por ejemplo, señaló
en su informe de 2014 que había habido un «aumento dramático en el número de
niños muertos y heridos, especialmente en Gaza», con al menos 557 niños
palestinos y cuatro niños israelíes asesinados y 4.249 niños palestinos y 22
niños israelíes heridos.
Si bien expresó su alarma ante la «escala sin precedentes
e inaceptable» de destrucción y daños causados ââpor la operación militar
de Israel ese año, aún omitió las fuerzas de Israel del anexo. Según se
informa, cedió a la significativa presión de los Estados Unidos e Israel.
Defender el derecho internacional
La decisión de Ban Ki-moon y la continuidad de esa
decisión por parte de Guterres han transformado efectivamente un fuerte
mecanismo de rendición de cuentas en un proceso politizado donde los gobiernos
poderosos pueden eximirse del escrutinio y las reglas del derecho
internacional.
Como escribí en mi declaración preparada para el Consejo
de Seguridad, la ausencia de Israel de la lista negra esencialmente le otorga
«una aprobación tácita para continuar cometiendo impunemente infracciones
graves del derecho internacional». Todavía estamos, hoy, lidiando con el
impacto de esta decisión».
Hoy esperaba reiterar un mensaje que Hagai El-Ad,
Director Ejecutivo de la organización de derechos humanos B’Tselem, trajo al
Consejo en 2018: Un orden internacional basado en normas no se presentará.
Para que la agenda de la ONU sobre conflictos armados y
niños siga siendo relevante y creíble, es imperativo que el proceso de
inclusión no otorgue una excepción a Israel por sus graves violaciones. Año tras
año los niños palestinos deben lidiar con los fracasos impuestos por estos
formuladores de políticas y, sin rendición de cuentas, estas violaciones
continuarán sangrando un año tras otro.
Dados los ataques y campañas contra los defensores de los
derechos humanos y de la sociedad civil palestina, las acciones de Bélgica son
completamente irresponsables.
Cuando un supuesto representante de estos valores te
evita sabiendo muy bien que puede convertirte en un objetivo, es desalentador
ver que cede ante tanta presión. Esta falta de voluntad política asegura que la
impunidad sistémica seguirá siendo la norma para los niños palestinos.
Fuente: Brad
Parker, Contrainformación (Traducido del inglés para Rebelión por J. M.)