Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez


En días pasados se anunció la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enmedio suposiciones y conjeturas por la condiciones en que se daba esta dimisión. El pasado 10 de octubre, con el título “Así ahorcaron a Medina Mora”, Mario Maldonado en su columna de El Universal, señala abiertamente que la renuncia del ministro sí se debió a una presión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de amenazas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto. El articulista resalta dos puntos que a continuación se transcriben:

El primero: “El pasado jueves 3 de octubre, apenas unas horas antes de la renuncia, de la oficina de Santiago Nieto salió el requerimiento 110/F/B/5182/2019 con el que se solicitaba Comisión Nacional Bancaria y de Valo0res incluir a la lista de sujetos bloqueados a 11 personas físicas y morales relacionadas con Medina Mora.”
El segundo: “Lo extraño del asunto es que, el sábado 5 de octubre, consumada y aceptada en Palacio Nacional la dimisión de Medina Mora, un segundo oficio surgió de la propia UIF; esta vez con el requerimiento 110/F/B/5212/2019 en el que se solicita a la CMBV desbloquear a las mismas 11 personas físicas y morales.” Hasta aquí las citas.

Eduardo Medina Mora
También, el 10 de octubre en conferencia de prensa el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dijo que se detectó que el magistrado del Primer Circuito tenía 'inconsistencias graves' en su situación financiera, a lo que comentó: "Derivado de la política de cero tolerancia a la corrupción que he venido encabezando. Ayer, el Pleno de la Judicatura Federal determinó suspender a un magistrado de circuito, del Primer Circuito, por inconsistencias graves en su situación financiera", así también dijo, "Seguimos combatiendo el nepotismo, con más jueces y juezas de calidad. En los hechos y no en las palabras, demostramos compromiso con la gente, por la modernización, transformación y mejoramiento del Poder Judicial", hizo hincapié.

El  ministro señalado es Jorge Arturo Camero Campos, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien en junio pasado formó parte del grupo de magistrados que concedieron una suspensión provisional de amparo al colectivo #NoMásDerroches, y ordenaron preservar las canceladas obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Los casos anteriores tienen en común que ambos personajes señalados han manifestado sus opiniones contrarias a lo que promueve el  actual gobierno federal como el caso del aeropuerto Santa Lucia y otros temas.

Con estas acciones el Presidente propondrá a un nuevo ministro a través de una terna que pasará por el Senado, lo cual le garantizará al Presidente contar con ministros a modo, situación que además de vulnerar la democracia deja visos de autoritarismo al desaparecer cualquier contrapeso al poder presidencial.

Con este escenario, amable lector, ¿cuál se imagina que será la resolución de las diferentes controversias que tienen que ver con el gobierno o con su partido MORENA?, en efecto, no es difícil presuponer que todas serán a su favor.  En estos supuestos se encuentran casos, como la llamada  Ley Bonilla de Baja California, donde prolonga a cinco años un periodo donde los ciudadanos votaron por  solo dos, o en el caso de los amparos contra la construcción del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucia, así como amparos contra leyes que tienen que ver con la legalización del aborto, matrimonios igualitarios, legalización de drogas entre otros.

Las mismas presiones tienen los órganos autónomos como el INE en sus desacuerdos con el Presidente y MORENA, ya que por medios parecidos el actual gobierno hizo renunciar al titular de la Comisión Reguladora de Energía y presionó al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En los Estados gobernados y con  mayoría de MORENA vemos exactamente lo mismo, como en el caso de Veracruz, donde la disputa entre el Gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal Jorge Winckler Ortiz terminó en la destitución ilegal de este último.

En este panorama de abierto  autoritarismo disfrazado de combate a la corrupción, los ciudadanos quedan indefensos frente a los intereses del Estado que lo afecten  y a  las ocurrencias de su  nueva mafia del poder.