Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez
En
días pasados se anunció la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación enmedio suposiciones y conjeturas por la
condiciones en que se daba esta dimisión. El pasado 10 de octubre, con el
título “Así ahorcaron a Medina Mora”, Mario Maldonado en su columna de El
Universal, señala abiertamente que la renuncia del ministro sí se debió a una
presión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de
amenazas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza
Santiago Nieto. El articulista resalta dos puntos que a continuación se
transcriben:
El
primero: “El pasado jueves 3 de octubre, apenas unas horas antes de la
renuncia, de la oficina de Santiago Nieto salió el requerimiento
110/F/B/5182/2019 con el que se solicitaba Comisión Nacional Bancaria y de
Valo0res incluir a la lista de sujetos bloqueados a 11 personas físicas y
morales relacionadas con Medina Mora.”
El
segundo: “Lo extraño del asunto es que, el sábado 5 de octubre, consumada y
aceptada en Palacio Nacional la dimisión de Medina Mora, un segundo oficio
surgió de la propia UIF; esta vez con el requerimiento 110/F/B/5212/2019 en el
que se solicita a la CMBV desbloquear a las mismas 11 personas físicas y
morales.” Hasta aquí las citas.
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| Eduardo Medina Mora |
También,
el 10 de octubre en conferencia de prensa el ministro presidente de la Corte,
Arturo Zaldívar, dijo que se detectó que el magistrado del Primer Circuito
tenía 'inconsistencias graves' en su situación financiera, a lo que comentó: "Derivado de la política de cero
tolerancia a la corrupción que he venido encabezando. Ayer, el Pleno de la
Judicatura Federal determinó suspender a un magistrado de circuito, del Primer
Circuito, por inconsistencias graves en su situación financiera", así
también dijo, "Seguimos combatiendo el nepotismo, con más jueces y juezas
de calidad. En los hechos y no en las palabras, demostramos compromiso con la
gente, por la modernización, transformación y mejoramiento del Poder
Judicial", hizo hincapié.
El
ministro señalado es Jorge Arturo Camero
Campos, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa, quien en junio pasado formó parte del grupo de
magistrados que concedieron una suspensión provisional de amparo al colectivo
#NoMásDerroches, y ordenaron preservar las canceladas obras del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Los casos anteriores tienen en común que ambos
personajes señalados han manifestado sus opiniones contrarias a lo que promueve
el actual gobierno federal como el caso
del aeropuerto Santa Lucia y otros temas.
Con estas acciones el Presidente propondrá a un
nuevo ministro a través de una terna que pasará por el Senado, lo cual le
garantizará al Presidente contar con ministros a modo, situación que además de
vulnerar la democracia deja visos de autoritarismo al desaparecer cualquier
contrapeso al poder presidencial.
Con
este escenario, amable lector, ¿cuál se imagina que será la resolución de las
diferentes controversias que tienen que ver con el gobierno o con su partido
MORENA?, en efecto, no es difícil presuponer que todas serán a su favor. En estos supuestos se encuentran casos, como
la llamada Ley Bonilla de Baja
California, donde prolonga a cinco años un periodo donde los ciudadanos votaron
por solo dos, o en el caso de los
amparos contra la construcción del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucia, así como amparos
contra leyes que tienen que ver con la legalización del aborto, matrimonios
igualitarios, legalización de drogas entre otros.
Las
mismas presiones tienen los órganos autónomos como el INE en sus desacuerdos
con el Presidente y MORENA, ya que por medios parecidos el actual gobierno hizo
renunciar al titular de la Comisión Reguladora de Energía y presionó al
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En
los Estados gobernados y con mayoría de
MORENA vemos exactamente lo mismo, como en el caso de Veracruz, donde la
disputa entre el Gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal Jorge Winckler Ortiz
terminó en la destitución ilegal de este último.
En
este panorama de abierto autoritarismo
disfrazado de combate a la corrupción, los ciudadanos quedan indefensos frente
a los intereses del Estado que lo afecten y a las
ocurrencias de su nueva mafia del poder.
