Adán Córdova.-
El ejercicio de poder y su control son objeto de estudio permanente por
diversas ciencias –principalmente la jurídica y la política- considerando
básicamente el marco normativo que lo rige, el contexto social, su nivel, tipo
o jerarquía; como un tema de impacto colectivo.
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| Adán Córdova |
Para el doctor Diego Valadés-
miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM-, el estudio del poder, lleva
implicito el análisis de su control. En la lucha permanente por el poder y
contra el poder, resultan fundamentales las percepciones que se tengan de ese
poder, lo común es que quien lucha por el poder o lo ejerce expone sus
virtudes, en tanto los opositores a éstos lo descalifiquen. La función del
control del poder no es la anulación del poder sino su ejercicio racional, un
ejercicio en el cual el derecho al buen gobierno sea una garantía de que las
instituciones funcionen en los términos de eficacia, de eficiencia que el orden
constitucional democrático dispone.
Durante el sexenio anterior, casos emblemáticos como la Casa Blanca,
Odebrecht o la Estafa Maestra,
expusieron “los niveles de control” que se habían alcanzado. Elementos
conjuntos como la transparencia, el acceso a la información y archivos “no
contralaron el poder” sino que exhibieron las limitantes, deficiencias, y
resultados de las instituciones públicas encargadas de esta función, lo que
impactó de forma negativa en la percepción de la ciudadanía; los organismos
encargados de la fiscalización, judicialización y fincamiento de
responsabilidades hicieron lo propio al mostrar sus resultados.
¿Cómo es esto posible, si durante el sexenio anterior se formularon diversa
reformas que fortalecieron o pretendieron fortalecer la transparencia, la
fiscalización, el combate a la corrupción, en una expresión, la rendición de
cuentas?
Si las funciones de control, no funcionaron ¿qué fue lo que sucedió para
que quien ostentaba el poder lo perdiera? Una posible respuesta es que los mecanismos de control evolucionaron a
mecanismos de construcción, en otro contexto, la transparencia, no controla
sino que construye una relación de poder entre la ciudadanía y el sujeto
obligado a garantizarla; la fiscalización, no controla sino que fortalece
al poder sustentado en la revisión y el
impacto del buen uso y manejo de los recursos públicos; los archivos, no
controlan sino que permiten conocer nuestra historia para evitar los mismos
errores y fortalecer a un buen gobierno.
Los organismos e instituciones públicas se fortalecen en la medida que la
implementación de los mecanismos de control del poder tienen mayor impacto
positivo en la ciudadanía, lo que permite su consideración como mecanismos de
“construcción del poder” por medio de los cuales las acciones públicas son
conocidas y evaluadas por el colectivo, buscando la afinidad pública.
Los responsables de la administración pública de los tres niveles de gobierno, deben atender
que los mecanismos de control permiten
la construcción de una sociedad más empoderada y garantizan ejercicios de buena
gobernanza.
Debemos transitar de la disertación a la materialización; de las acciones
de control del poder a una mejor construcción del mismo, para edificar un mayor
poder colectivo hacia el ciudadano que es empoderado porque las instituciones
públicas lo colocan en el centro de su función, de su evaluación, no sólo como el
proveedor de impuestos para el gasto público.
(*) El autor es
Presidente del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca. Egresado
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el Centro de
Investigaciones Jurídico Políticas de las Universidad Autónoma de Tlaxcala
(CIJUREP UATx), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y actualmente cursa la Maestría
Interinstitucional en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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