Raymundo Rivapalacio.-
El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía
programado para este lunes un encuentro vespertino fundamental, con el director
de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con los representantes
de las gaseras con las cuales se enfrentó y amenazó que llevaría a litigio, y
con miembros del Consejo Coordinador Empresarial que han servido como
mediadores y facilitadores. Si las cosas terminan como apuntaban antes de ir a
Palacio Nacional, este martes podría darse el anuncio de un acuerdo con lo cual
un conflicto innecesario, se habrá conjurado. Nadie espera que las cosas salgan
mal en el último minuto, pero habrá que esperar el anuncio.
López Obrador había dicho que el jueves pasado se iba a
anunciar el fin de las negociaciones, pero el endurecimiento de Bartlett en la
última plática del miércoles, impidió llegar a buen puerto. Bartlett ha sido
una figura muy dura en la negociación, por la ignorancia que ha mostrado en
materia financiera y su intransigencia, describen varios de sus interlocutores,
en la negociación de temas donde podía haber entendimiento. Esa postura rígida
y sin matices obligó al presidente a hablarle fuerte hace unas semanas y
señalarle que no iba a permitir que se fuera a un litigio, que iba a durar
mucho y les iba a costar, por lo que el diferendo con las gaseras tenía que
resolverse en la mesa de las negociaciones.
Para entonces, el presidente ya tenía encima las presiones
de Estados Unidos y la información que le había dado su equipo de que no
ganarían un litigio en los tribunales internacionales. Los miembros del
Subcomité de Comercio del poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de
Representantes, se lo plantearon directamente a López Obrador en Palacio
Nacional, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, también lo ventiló con el
canciller Marcelo Ebrard durante su última reunión en la Ciudad de México.
Previamente, la embajadora en Washington, Marta Bárcena, recibió llamadas de la
Casa Blanca y el Departamento de Estado donde le plantearon el tema y su pronta
solución. Tras esas comunicaciones, el gobernador de Texas, Gregg Abbot, el
estado más afectado por el impasse, le envió una carta al presidente urgiéndolo
a resolver el problema. Además, la posición de Bartlett estaba cerrando la
pequeña ventana que todavía existe para que se apruebe el acuerdo comercial con
Estados Unidos y Canadá en los próximos 60 días.
La declaración optimista del presidente de la semana
pasada se fincaba en un encuentro que había sostenido con el mismo grupo días
antes en Palacio Nacional, donde fue muy claro que a él sólo le interesaba ver
el tema de las tarifas y cuánto ahorro iban a tener los consumidores. Para
llegar a ese punto ya habían logrado sortear una convicción equivocada de
Bartlett. El director de la CFE no entendía que el contrato con las gaseras era
por servicio de transporte de gas, y exigía que los gasoductos pasaran a poder
de la paraestatal. Ante la insistencia de Bartlett, la impresión que dejó y se
hizo ver de diferente manera, fue que lo que buscaba, en palabras claras, era
la expropiación de los gasoductos. Expropiar es una acción que el presidente ha
rechazado sobre cualquier inversión, por las múltiples consecuencias negativas
que tendría para su gobierno.
La negociación se ha dado de manera independiente con las
cuatro gaseras, que operan siete gasoductos, IEnova, filial de Sempra, con
fuertes vínculos en la Casa Blanca y el Capitolio, TransCanada, que tiene
detrás al gobierno canadiense, Fermaca, empresa mexicana que está apalancada
con bancos internacionales -por lo cual un litigio, como planteaba Bartlett,
iría a tribunales internacionales no sólo comerciales-, y Carso, cuya
participación en el mercado es marginal en la escala del corporativo, cuyos
contratos con la CFE tienen condiciones particulares.
Por insistencia del presidente, el tema central con todas
fue el de las tarifas y la extensión de los contratos. De acuerdo con personas
que participaron en las negociaciones, cada empresa planteó su propuesta de
ahorro, nivelada a 25 años con posibilidades de extensión, con lo cual
calculaban el ahorro, y se lo dijeron al presidente, de alrededor de 15%. El
anuncio del jueves pasado reflejaría el éxito de la negociación, donde las dos
partes ganaban. Pero no contaban con Bartlett.
El director de la CFE decidió que lo que quería el
presidente no bastaba, y el miércoles dijo que quería seguir discutiendo las
cláusulas de fuerza mayor de los contratos. Lo que establecen los contratos es
que las “fuerzas mayores” pueden durar hasta dos años, tiempo en el cual la CFE
debe pagar por el servicio de transporte de gas, y que si no se resuelven, se
cancelan, pero no por decisión de la CFE, sino que es facultad de cada empresa.
Esa cláusula fue uno de los pilares de la afirmación de
Bartlett que eran contratos “leoninos”, refiriéndose en particular al gasoducto
Guaymas-El Oro, que cruza Sonora y Sinaloa, que entró en operación en 2017,
pero que antes los sabotajes de la comunidad yaqui dejó de operar en agosto.
Los yaquis afirmaron que la empresa IEnova, propietaria del gasoducto, no les
había informado los detalles de la obra, pero un juez desestimó el amparo al
comprobar que sí les habían informado. En agosto, Bartlett firmó una prórroga
de cuatro meses a IEnova para seguir negociando con los yaquis para evitar la
cancelación del contrato.
Las conversaciones jueves y viernes arrojaron avances y
puntos de entendimiento con Bartlett, que les hicieron abrigar expectativas de
éxito. Las empresas confiaban en que tras la reunión con López Obrador en su
despacho, podrían limpiar el resto del camino, que era poco, y que se pudiera
anunciar en la mañanera. Pero no querían anticipar nada. Con Bartlett, nada era
seguro.