La iniciativa “Ley General de Comunicación Social y Publicidad
Oficial para el Estado de Oaxaca”, presentada por el diputado Saúl Cruz Jiménez, propone la regulación de la forma en que operan las dependencias en materia de
comunicación social así como la asignación de publicidad oficial.
Según nos cuentan reporteros que cubren la fuente del
Congreso, dicha iniciativa fue presentada el viernes pasado en un foro abierto
al interior del Congreso, pero que en próximas fechas invitarán a las empresas
dedicadas a los medios de comunicación para que la conozcan y aporten sus
propuestas.
De inmediato, los grandes consorcios acostumbrados a
disponer de millones de pesos en materia de publicidad oficial “brincaron” y es
que realmente pocos devoran el presupuesto destinado a comunicación social y
publicidad oficial.
Hablamos de millones de pesos repartidos en pocas
empresas de manera discrecional, no por ello se le llama “Ley Chayote”, es
decir, el gobierno asigna presupuestos millonarios a empresas de comunicaron a
cambio de guardar silencio. Aduladores pues.
Esto, claramente transgrede la libertad de expresión
porque los medios están condicionados a escribir o difundir lo que el Estado
quiere que la ciudadanía sepa, una especie de adoctrinamiento
ideológico-político.
Pero esto ya se terminó con la #4T, la democratización de
los medios de comunicación es parte fundamental en el discurso del nuevo
gobierno.
Grandes empresas de medios de comunicación disfrutaron de
millonarios presupuestos, así lo documentó Fundar y Articulo 19, inclusive
presentaron una demanda de amparo por afectar su derechos fundamentales
producto de la opacidad en el manejo de los recursos de comunicación social.
En Oaxaca, por ejemplo, el periódico Noticias, cobró en
el periodo de José Antonio Hernández Fraguas como residente municipal la
cantidad de 500 mil pesos mensuales, es decir: 6 millones anuales, sólo del
municipio de Oaxaca de Juárez, datos obtenidos vía Plataforma Nacional de Transparencia.
A lo anterior se le debe sumar el cobro de publicidad
oficial en los municipios más grandes de Oaxaca como Tuxtepec, Tehuantepec,
Salina Cruz, Huatulco entre otros.
Estos registros sólo contemplan al periódico más grande
de Oaxaca, pero aún faltan por contabilizar el cobro de los periódicos El Imparcial,
Encuentro, Marca etc.; además de la contratación de espacios en medios
nacionales como Reforma, Excélsior o el Universal.
Otro de los asuntos que toca la iniciativa del legislador
del Partido del Trabajo, es regular el uso de los recursos de comunicación social
para difundir la imagen política de los titulares de las dependencias. Esto,
con un claro fin político proselitista de cara a las próximas elecciones.
La opacidad en la asignación de recursos del presupuesto
de comunicación deja la puerta abierta a la autocensura, esto, con el fin de
obtener recursos económicos a cambio de guardar silencio en los abusos
cometidos por servidores públicos.
La siguiente semana veremos los argumentos de las grandes
empresas de comunicación en cuanto a la armonización de la ley federal con la
local en materia de comunicación social y publicidad oficial.
Piso parejo pues…
