Ley “chayote”


La iniciativa “Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial para el Estado de Oaxaca”, presentada por el diputado Saúl Cruz  Jiménez, propone la regulación de la forma en que operan las dependencias en materia de comunicación social así como la asignación de publicidad oficial.

Según nos cuentan reporteros que cubren la fuente del Congreso, dicha iniciativa fue presentada el viernes pasado en un foro abierto al interior del Congreso, pero que en próximas fechas invitarán a las empresas dedicadas a los medios de comunicación para que la conozcan y aporten sus propuestas.

De inmediato, los grandes consorcios acostumbrados a disponer de millones de pesos en materia de publicidad oficial “brincaron” y es que realmente pocos devoran el presupuesto destinado a comunicación social y publicidad oficial.

Hablamos de millones de pesos repartidos en pocas empresas de manera discrecional, no por ello se le llama “Ley Chayote”, es decir, el gobierno asigna presupuestos millonarios a empresas de comunicaron a cambio de guardar silencio. Aduladores pues.

Esto, claramente transgrede la libertad de expresión porque los medios están condicionados a escribir o difundir lo que el Estado quiere que la ciudadanía sepa, una especie de adoctrinamiento ideológico-político.

Pero esto ya se terminó con la #4T, la democratización de los medios de comunicación es parte fundamental en el discurso del nuevo gobierno.

Grandes empresas de medios de comunicación disfrutaron de millonarios presupuestos, así lo documentó Fundar y Articulo 19, inclusive presentaron una demanda de amparo por afectar su derechos fundamentales producto de la opacidad en el manejo de los recursos de comunicación social.

En Oaxaca, por ejemplo, el periódico Noticias, cobró en el periodo de José Antonio Hernández Fraguas como residente municipal la cantidad de 500 mil pesos mensuales, es decir: 6 millones anuales, sólo del municipio de Oaxaca de Juárez, datos obtenidos vía Plataforma Nacional de Transparencia. 

A lo anterior se le debe sumar el cobro de publicidad oficial en los municipios más grandes de Oaxaca como Tuxtepec, Tehuantepec, Salina Cruz, Huatulco entre otros.
Estos registros sólo contemplan al periódico más grande de Oaxaca, pero aún faltan por contabilizar el cobro de los periódicos El Imparcial, Encuentro, Marca etc.; además de la contratación de espacios en medios nacionales como Reforma, Excélsior o el Universal.

Otro de los asuntos que toca la iniciativa del legislador del Partido del Trabajo, es regular el uso de los recursos de comunicación social para difundir la imagen política de los titulares de las dependencias. Esto, con un claro fin político proselitista de cara a las próximas elecciones.

La opacidad en la asignación de recursos del presupuesto de comunicación deja la puerta abierta a la autocensura, esto, con el fin de obtener recursos económicos a cambio de guardar silencio en los abusos cometidos por servidores públicos.

La siguiente semana veremos los argumentos de las grandes empresas de comunicación en cuanto a la armonización de la ley federal con la local en materia de comunicación social y publicidad oficial.
Piso parejo pues…

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