Salvador García Soto.-
Todavía no termina de formarse ni desplegarse por todo el
territorio nacional, y la Guardia Nacional, eje toral de la estrategia de
seguridad federal de Andrés Manuel López Obrador, ya enfrenta serios
cuestionamientos y problemas que complicarán su funcionamiento y que harán muy
difícil que cumpla con la entrega de resultados en la disminución de los
índices delictivos y de violencia que el presidente ofreció para finales de
este año.
Lo mismo en el paro inédito y la rebelión de decenas de
miles de integrantes de la Policía Federal por las condiciones para asimilarlos
a la Guardia, que ya suma cinco días consecutivos sin que lo puedan resolver,
que en las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos en contra de cuatro de sus leyes secundarias, lo que se
asoma en la forma es, si un torpedeo político y jurídico contra la ambiciosa
apuesta de López Obrador en materia de seguridad, pero en el fondo, también se
observa una total ausencia de operadores políticos en este gobierno que, lejos
de operar para resolverle los conflictos y allanarle el camino a su Guardia
Nacional, parece haber abierto demasiados frentes que hoy la tienen en jaque.
¿Por qué en los más de seis meses que llevó presentar y
lograr la aprobación de la Guardia Nacional, cuando ya se sabía que a la
Policía Federal se le iba a desaparecer y a sus integrantes que cumplieran con
el perfil y los controles de confianza integrarlos a la nueva corporación, el
secretario Alfonso Durazo no operó y dialogó con los mandos de la PFP para
lograr una transición ordenada y tersa, con las liquidaciones y retiros
voluntarios que hubieran evitado una crisis nunca vista en el país con un
cuerpo federal de seguridad que hoy cumple cinco días amotinado y en paro de
labores porque nadie les informó con tiempo cuáles eran sus opciones y cómo se
garantizarían sus derechos?
Peor aún, todo mundo vio venir el levantamiento de la
Policía Federal que se fue gestando ante la falta de atención de la Secretaría
de Seguridad y hasta se anticipaba en mensajes, correos y avisos en la redes
sociales. ¿Nunca se enteró Durazo con su aparato de inteligencia interno o a
través del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) de lo que se estaba
organizado dentro de la PFP y no pudo, o más bien no supo operar para evitarlo?
Tal vez por eso lo más fácil para el secretario fue repartir culpas al pasado
que luego, cuando le exigieron pruebas, no pudo sostener públicamente?
En el caso de la CNDH, las impugnaciones contra las
cuatro leyes secundarias, con las que busca acotar las facultades de la Guardia
Nacional en labores de inspección migratoria, detención de particulares, uso de
armas en manifestaciones y reserva de información, obligarán a que la Suprema
Corte revise si las funciones de la Guardia no son inconstitucionales, en lo
que representa un nuevo obstáculo que tendrá que salvar el nuevo cuerpo de
seguridad. Es inevitable apuntar que
dichas controversias se presentan en el contexto del abierto
enfrentamiento entre el gobierno de López Obrador y la Comisión Nacional, que
comenzó con el desaire inédito del presidente al ombudsman nacional, Luis Raúl
González Pérez, al no asistir a su informe anual de labores el 4 de junio
pasado, y continuó con el rechazo y la descalificación de las recomendaciones
del organismo autónomo a la violación de derechos humanos en el
desmantelamiento de las estancias infantiles.
En ambos, que hoy tienen a su Guardia Nacional bajo
fuego, a López Obrador le faltaron operadores políticos, además de prudencia y
cortesía elementales, pues aunque se le pueda reprochar al secretario de
Seguridad, Alfonso Durazo, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores o
a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no haber operado
políticamente para evitar que le estallaran estas crisis, tampoco el presidente
puso mucho de su parte cuando, de su ronco pecho –que ya sabemos, “no es
bodega”— y utilizando el púlpito de las conferencias mañaneras, atacó con
adjetivos y reproches a la “corrupta y echada a perder PFP” o a la “inaceptable
y vergonzosa recomendación de la CNDH”. Para decirlo claro: el presidente no
tiene quien le ayude, pero tampoco se deja ayudar mucho.
NOTAS INDISCRETAS…¿Será verdad que Claudia Sheimbaun está
a nada de pedirle su renuncia a su secretario de Seguridad, Jesús Orta, ante la
falta de resultados en el combate a la inseguridad? En su entorno cercano
afirman que la Jefa de Gobierno ya se cansó de esperar a que Orta demuestre sus
capacidades, si es que las tiene, y que, aún con la entrada de la Guardia
Nacional a Iztsapalapa y la definición de los nuevos ejes en materia de
seguridad, la paciencia de la doctora ya llegó a un límite y es cuestión de
semanas para que se decida a hacer un relevo que, a juzgar por los nulos
resultados y el agravamiento de la crisis de inseguridad y violencia en la
ciudad, ya debió haber hecho desde hace rato. Veremos cuánto más podemos
aguantar, en robos, asaltos y violencia creciente los capitalinos…Donde tampoco
se ven resultados, a más de un mes de ocurrido, es en el caso del secuestro y
brutal asesinato del estudiante Norberto Ronquillo. Parece que subprocuraduría
a cargo de Rodrigo de la Riva nomás no ha podido armar un caso sólido en 38
días desde que ocurrió este secuestro que cimbró a la ciudad y ha estado dando
palos de ciego. ¿Será que también en ese caso Sheimbaun le seguirá teniendo
paciencia a colaboradores que no dan resultados, mientras a ella la presión
social y mediática le sigue creciendo?…Los dados mandan Escalera doble. Bien
comienza la semana.