Raymundo Rivapalcio.-
¿Alguien se sorprendió por enterarse que el primer
cuatrimestre de este año es el más violento en la historia de los registros de
incidencia delictiva desde que se iniciaron en 1997? Todo se fue al alza, de
acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que se han convertido en una de las estadísticas que se
esperan mensualmente con mayor ansiedad, al haberse convertido en pulso de la
gobernabilidad y balanza sobre el éxito o fracaso del gobierno. El sexenio del
presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con una inercia trágica de la
administración del presidente Enrique Peña Nieto, que destrozó los sistemas
policiales por ignorancia e incapacidad, pero que tampoco ha mostrado más allá
de la retórica, una idea clara de cómo enfrentar el fenómeno.
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| Foto: Internet |
Los datos del Secretariado ratifican tendencias
delictivas. Colima, donde se dieron 7.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes
-la tasa más alta del país-, no ha logrado restablecer la calma después de que
hace poco más de dos años, por el descuido en el puerto de Manzanillo
-responsabilidad de la Marina, por cierto-, empezaron a entrar cargamentos
chino de fentanilo, que recorrieron las viejas rutas de las metanfetaminas por
el noroeste de Michoacán -las zonas protegidas por los paramilitares
patrocinados por el gobierno peñista que incorporaron a miembros del Cártel
Jalisco Nueva Generación-, y entraron a Jalisco para que desde ahí se exportara
al ávido mercado de consumidores estadounidenses.
Colima viene en espiral descendiente desde el peñismo,
como el caso de Chihuahua, donde el ex gobernador César Duarte relajó el
esquema de seguridad que se había instalado, particularmente en Ciudad Juárez,
y que el gobernador Javier Corral, ha sido incapaz de restablecer. Corral ha
estado enfocado en encarcelar a priistas y no ha prestado la atención debida al
tema de la seguridad, que se agravó por un factor externo: los acuerdos de paz
en Colombia incluyeron la petición de las FARC que se suspendiera la
erradicación, por lo que la producción de cocaína volvió a florecer y se
reanudaron las exportaciones hacia Estados Unidos, que en más del 50% pasan por
el corredor Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez.
Chihuahua tiene una tasa de homicidios dolosos de 4.8 por
cada 100 mil habitantes, superior en ocho décimas a la de Guanajuato, que desde
el gobierno de Miguel Márquez se vio involucrado en la lucha de organizaciones
criminales por el control del robo de combustible, que llegó a ser más
redituable que la cocaína. La zona era controlada por Los Zetas, cuya
subsidiaria es el Cártel de Santa Rosa de Lima, pero la estabilidad se rompió
con el intento del Cártel Jalisco Nueva Generación de quedarse con el negocio.
Van avanzando, en concordancia con la estrategia del gobierno de López Obrador
de acabar con la organización de Santa Rosa, dejando de lado a los
jaliscienses. Sin embargo, nada es claro con la estrategia actual. Desde hace
casi tres meses la Marina tiene interceptadas las llamadas telefónicas de todo
el entorno de su líder en fuga, José Antonio Yépez, apodado El Marro, pero no
lo han detenido. Varias veces lo han tenido ubicado por zona, según
funcionarios federales, pero se les ha escapado.
Las dinámicas en esas entidades no son levanta cejas,
como sí lo son los datos que arrojan las estadísticas en tres nuevos gobiernos,
todos de Morena, que encabezan el incremento delictivo en el país en términos
porcentuales. A la cabeza se encuentra la Ciudad de México, donde la incidencia
delictiva subió 237.5% en el primer cuatrimestre de este año, seguida de
Morelos, que se incrementó 210%, y Veracruz, que vivía un desastre en materia
de seguridad, y que aún así incrementó su tasa 168.51%. En los tres casos han
echado la culpa a gobiernos anteriores, pero en los tres casos sus gobiernos
han sido incapaces de restablecer el orden. Problemas de aptitud de los
responsables de la seguridad y ausencia total de estrategia, o acciones
equivocadas, han producido que las peores entidades en la materia estén
asociadas a Morena, aunque en el caso de Morelos, es por alianza, y el gobernador
Cuauhtémoc Blanco está en choque incluso con el partido que respaldó su
candidatura.
Las estadísticas de la violencia no son suficientes para
entender el fenómeno que se vive. Hay características locales y regionales, así
como dinámicas diferenciadas. Sin embargo, existe un común denominador que se
trata de cubrir con la retórica y la expectativa que con la llegada de la
Guardia Nacional, habrá un antes y un después. Se trata de la falta de recursos
presupuestarios, de la debilidad institucional que muestra su cara más
vulnerable en los municipios, del quiebre de los equilibrios en varias partes
del país que muchas veces está asociada con corrupción de autoridades.
Igualmente de la negligencia del sexenio anterior al desmantelar las
plataformas de inteligencia criminal, de inteligencia para la seguridad
nacional, y del sistema federal de penales.
Todos estos factores no fueron culpa ni responsabilidad
del gobierno de López Obrador. Tampoco serán su culpa ahora, pero sí su
responsabilidad. Puede seguir achacando al pasado todos los males que afectan
su gobierno, pero los muertos de hoy, se le contabilizarán a él, no a Peña
Nieto. Por lo mismo, si continúa con la misma línea estratégica del arranque al
gobierno anterior, de dejar hacer dejar pasar, terminará peor que él en materia
de violencia y la inseguridad irá erosionando su popularidad y aprobación. Peor
aún, es que el país aumentará su teñido de rojo ante la falta de visión, de
objetivos claros y de estrategias confusas como las presentadas hasta ahora,
sin señales que vendrá una rectificación.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
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