Raymundo Rivapalacio.-
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un ejemplo
refinado que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la
gimnasia y la magnesia son lo mismo. Por escrito y con seriedad, el gobierno
hizo análogos a los cárteles de las drogas y las guerrillas, que dio como
resultado una solución de susto en términos conceptuales, al fenómeno de la
violencia y la inseguridad. La estrategia, que se trabajó por casi tres años,
cuando el entonces aspirante a la candidatura presidencial le dio la encomienda
al secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, introdujo una
serie de objetivos que se antojan irrealizables y tan descabellados como exigir
en una rosticería una carne tártara.
La estrategia, cuyo decreto fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el miércoles pasado, planteó que para “emprender la
construcción de la paz”, es necesario un proceso de desmovilización, desarme y
reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en
otros países a conflictos armados”, señala el decreto. Entonces, ¿la lucha
contra el narcotráfico es en realidad una guerra civil? Debe aclararse sobre
qué base equiparan la lucha contra el narcotráfico con conflictos armados. De
acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado no
internacional es uno que surja entre fuerzas gubernamentales y actores armados
no estatales.“No existen unos criterios absolutamente claros, aunque en general
se requiere un grado de intensidad en la violencia interna”, explica la Oficina
para Refugiados de la ONU.
“Un elemento que suele ser importante es el uso de
fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un
determinado grupo insurrecto. Por otra parte, esos grupos insurrectos deben
estar organizados de forma militar, con una estructura de mando, ejercer un
control territorial y llevar a cabo operaciones militares… sostenidas y
concertadas”. Al establecer el parangón, el gobierno reconoce que los cárteles
de la droga sí controlan territorios -una de las variables del Estado fallido-,
y que hablar en esos términos es otorgarles beligerancia, por lo cual haría a
las bandas criminales grupos protegidos por el Derecho Internacional, cobijados
por la Convención de Ginebra. Esto es un disparate, sin sustento ni explicación
en el decreto.
Por otra parte, la estrategia propone que los criminales
entren a una ruta de desmovilización, desarme y reinserción, cuya utilización
de términos en el caso de narcotraficantes es inverosímil, porque ese camino
sólo se emplea con movimientos armados y guerrilleros cuando se dan procesos de
negociación, para que colectiva o individualmente se reincoporaren a la vida
legal. Esto se da mediante una amnistía, una palabra que no se menciona en la
estrategia, pero que fue propuesta por López Obrador en la campaña
presidencial, para los narcotraficantes. El decreto plantea implícitamente la
amnistía para criminales, y la sugiere como el camino a “la construcción de la
paz”.
Este es uno de los puntos más ominosos de la estrategia,
porque muestra que ni el presidente ni el gabinete de seguridad entienden de lo
que están hablando, o que quienes sí saben callaron ante López Obrador, o que
en curso viene una negociación con los cárteles. Los movimientos armados surgen
de causas políticas, económicas y sociales, que optan por la vía de las armas
como la última opción para provocar un cambio de régimen, que no pudieron
alcanzar mediante la vía pacífica. De ahí que se puedan dar los procesos de
desmovilización y reinserción como resultado de una amnistía y una negociación
en donde no hay ganadores ni perdedores. Un proceso exitoso de esa naturaleza
fue El Salvador, tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin
a 12 años de guerra civil; uno en vías de fracasar, el de Colombia con las
FARC.
El narcotráfico no es motivado ni se mantiene por una
causa para cambiar al régimen. Jamás pretenden un cambio de gobierno o de
régimen, sino corromper a sus personeros, porque no luchan por un ideal, sino
por lucro. Los cárteles de la droga operan en mercados delictivos cuya
motivación es el dinero. No es ideológico sino mercantil. Tampoco pretende el
cambio para todos, sino el enriquecimiento de sus jefes y los recursos para
sostener el negocio de la producción, distribución y comercialización de las
drogas. Los cárteles no confrontan militarmente al Estado sino tratan de
corromperlo y que sean su primera línea de fuego contra sus adversarios, para
tener el control de ese sistema económico paralelo y supuestamente clandestino.
El gobierno no entiende la dinámica de los mercados
ilícitos, o simula su incomprensión, ni la integración de los cárteles de la
droga mexicanos, o finge desconocimiento. Los cárteles mexicanos son
trasnacionales y participan en un negocio que les deja entre 19 mil y 29 mil
millones de dólares. La estrategia para disminuir la violencia y la
inseguridad, como está planteada en el decreto, no va a resolver nada. Al
contrario. Le abrirá posibilidades al crimen organizado, si se cumple con lo
planea el gobierno, para operar en mercados legales sin dejar los ilegales,
aprovechando los hoyos que deja el modelo lópezobradorista que tiene, como el
más notable, que no los combatirá.
En la columna publicada el viernes pasado, se planteó que
la estrategia apunta a que preferiría pactar con los cárteles de la droga
impunidad para su negocio -salvo en el rubro del lavado de dinero-, a cambio
que regresen la tranquilidad a las calles. La Pax Narca del viejo régimen,
ratificada por el presidente cuando la semana pasada deslizó no descartar
llegar a un acuerdo de paz con todos aquellos involucrados en el narcotráfico.
Urgen clarificaciones sobre este tema.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa
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