Pablo Hiriart.-
Muy
bien que el gobierno actúe contra presuntos corruptos del sexenio anterior (a
través de pruebas y juicios que deben ser transparentes), porque además del
daño patrimonial destruyeron un gran proyecto político.
Pero
a la par de esas acciones –aplaudibles si se hacen bien–, vienen dos medidas
que atacan directamente a la propiedad privada.
La
primera ya se dio: el 8 de febrero se publicó en la Gaceta de la CDMX la Ley
Constitucional (sic) de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, en la que se anulan los desalojos para quienes no pagan renta en una
casa habitación, terreno o departamento.
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| Foto: internet. |
Es
una carta blanca al 'no pago', sin consecuencias, y un visto bueno al virtual
congelamiento de rentas en la capital del país.
Dice
la Ley referida en su artículo 60:
“Para
evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derechos,
el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos
excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tendrán
derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades
que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza, la debida
indemnización en caso de ser privados de bienes y sufrir pérdidas inmateriales
(sic), y contar con las debidas garantías procesales”.
En
síntesis, la Ley protege al que incumple y carga al propietario todas las
consecuencias del no pago del arrendatario.
Los
juicios se harán eternos y no habrá manera de sacar de la casa o departamento
al que se niegue a pagar la renta.
Al
contrario, el culpable será el dueño del inmueble por causarle molestias
“inmateriales” al inquilino que no quiera pagar y “hostigarlo” con llamadas
telefónicas o visitas para cobrarle la renta.
Con
esta Ley se institucionaliza, bajo el paraguas de los 'derechos humanos', el
congelamiento de rentas en la Ciudad de México.
Los
derechos humanos, como se sabe, pertenecen al ciudadano para protegerse de los
abusos de autoridad o negligencia de funcionarios o instituciones del Estado.
Entre
particulares no hay violación de derechos humanos: hay delitos.
Ya
no será delito o infracción no pagar el alquiler al dueño que de buena fe rentó
un inmueble. La protección de la ley ya no será para el propietario, sino para
el moroso.
Un
asunto ideológico, desde luego.
La
Ley referida promueve las invasiones, con el argumento de que el ciudadano
tiene derecho a una vivienda digna.
¿Está
mal que alguien invada una propiedad? Ya no. El invasor tiene derecho a
“vivienda adecuada”. Y si no están de acuerdo vámonos a juicio, pero de aquí no
me mueven.
Los
invasores, o inquilinos que se nieguen a cumplir con su obligación de pagar
renta, en el peor de los casos para ellos, deberán recibir “la debida
indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas
inmateriales”, dice la Ley publicada el pasado 8 de febrero en la Gaceta capitalina.
Esta
Ley es muy parecida a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario de Vivienda en
Caracas, la cual hace prácticamente imposibles los desalojos y trajo, entre
otras consecuencias, que la renta de casas y departamentos se haya reducido
casi a cero.
Aquí
en la Ciudad de México, como lo explicó ayer el jurista y exprocurador general
de la República, Ignacio Morales Lechuga en su artículo de El Universal, este
golpe ha pasado casi desapercibido y daña también a la industria inmobiliaria.
Lo
más grave de esta Ley, apunta el exprocurador, es que “su entrada en vigor y
observancia equivale a extender un permiso para ocupar, invadir o no pagar
renta en cualquier edificio habitacional de propiedad privada en favor de quien
se declare incapaz o inconforme con pagar renta y tenga que enfrentar un
desalojo judicial”.
La
ideología del 'socialismo del siglo XXI' que anima a un sector de la 4T también
se manifiesta en otro golpe contra la propiedad privada.
Actualmente
se le da forma de proyecto de ley, y lo comentaremos mañana en esta columna,
porque el tema de las rentas agotó el espacio por hoy.
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