Raymundo Rivapalacio.-
El 2 de junio, los poblanos votarán por un nuevo
gobernador en una elección extraordinaria. Miguel Barbosa, que contendió contra
la panista Martha Érika Alonso el año pasado y perdió, se volvió a presentar
como candidato tras tener palabras indignas cuando al morir junto con su esposo
Rafael Moreno Valle en un incidente de helicóptero el 24 de diciembre, en lugar
de dar el pésame a sus familiares como dicta la civilidad republicana, celebró
sus muertes como si fuera justicia divina contra la corrupción. En medio de
críticas por su actitud, su segunda candidatura enfrentó una dura oposición
interna y externa. Finalmente la venció, y la tozudez de la presidenta de
Morena, Yeidckol Polevnsky, para que así fuera, sólo se explica por la gratitud
del presidente Andrés Manuel López Obrador con aquellos que lo apoyaron contra
las adversidades, como hizo Barbosa en el Senado, cuando representaba al PRD.
Barbosa tiene allanado el camino legal para la
gubernatura, y la fuerza de López Obrador lo ubica en todas las encuestas como
el probable ganador de la elección extraordinaria, con una ventaja cómoda de
más de un dígito de diferencia. La campaña de Barbosa, como ha sido la del
resto de los candidatos, ha carecido de mítines y eventos masivos, sustituidos
por campañas de gabinete donde lucha sus batallas en los medios de
comunicación. Esta peculiar forma de hacer campañas le ha beneficiado a Barbosa
quien, si fuera un político honesto, no debería de estar compitiendo, por
razones diferentes a su comportamiento político. Pero no puede ser gobernador,
como apuntan las evidencias en la opinión pública, y jamás debería haberlo
respaldado López Obrador por un problema serio de salud.
No hay honestidad pública, y lo impulsa la ambición. El
neomorenista asegura que está en plenitud de salud, aunque cada vez que lo
dice, su voz refleja todo lo contrario. Concluir sobre algo tan subjetivo como
la voz de una persona en un diagnóstico empírico de su salud es absurdo. Sin
embargo, su salud es precaria. En 2013, por desatender su diabetes, estuvo en
el umbral de la muerte. No le costó la vida, y su pérdida se redujo en ese
momento al pie derecho, que le amputaron. Pero esa enfermedad sigue haciendo
estragos en su salud.
Esta situación lleva a considerar la viabilidad de
Barbosa de cara a sus electores. ¿Es honesto que un político quiera un puesto
de elección popular cuando su estado de salud probablemente le impedirá estar
con sus facultades plenas para cumplir con el mandato de las urnas? En este
espacio se ha tocado regularmente el estado de salud de los políticos. Durante
la pasada campaña presidencial se habló de la salud de López Obrador como una
variable a considerar por los electores, en el entendido de que nada de lo que
tenía afectaría sus capacidades plenas para gobernar.
Años antes se mencionó la salud del presidente Enrique
Peña Nieto, de la maestra Elba Esther Gordillo, en sus años de gloria sindical,
y de su adversaria, Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación. En
2003, en este espacio se reveló que el presidente Vicente Fox tomaba el
antidepresivo Prozac. Y cada vez que escribí sobre el tema, las reacciones
fueron negativas. Pero la tesis central del porqué es un tema de interés
público, se mantiene. En 2016, dentro de ese alegato recurrente, ejemplifiqué:
“El problema de ocultar una enfermedad a los electores
puede llevar a situaciones como las que se vivieron en Rusia, cuando Boris
Yeltsin buscó –con éxito– un segundo mandato y controló a la prensa para
ocultar que tenía cáncer. Yeltsin, afecto también al alcohol, tuvo momentos
difíciles por su comportamiento como jefe de Estado. Por ejemplo, durante una
visita a Suecia, en 1997, tomó una copa de champaña que le generó un efecto
secundario que lo llevó a comparar la cara del tenista Björn Borg con albóndigas.
Por salud, Yeltsin tuvo que renunciar y dejó el cargo en manos de su primer
ministro, Vladimir Putin, por quien no habían votado los rusos”. Este es el
problema de fondo; llegan al poder quienes no fueron electos.
Dos años después de publicarse el Prozac de Fox, el
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública determinó que el
expediente médico de un candidato o un gobernante, debía mantenerse en privado
y no era de interés público. A raíz de una solicitud de acceso a la información
de Proceso en 2009 sobre el expediente médico del presidente Felipe Calderón
tras fracturarse el hombro al caer de una bicicleta en 2008, la entonces
comisionada presidente, Jacqueline Peschard, afirmó que los servidores públicos
estaban protegidos en todos sus niveles. En una entrevista con el semanario,
agregó que “informar a la población sobre la salud del presidente podría ser
importante, siempre y cuando lo permitan las normas. Si se hiciera de otra
manera, advirtió, privilegiando el interés público sobre el marco legal,
estaríamos invadiendo el terreno del derecho privado”.
Este criterio tiene que ser revisado, pero es cierto que
es un terreno gris donde se cruza lo público con lo privado. Una forma de
avanzar y madurar como sociedad sería que la divulgación de los expedientes
médicos fueran de manera voluntaria, como un ejercicio de transparencia y
responsabilidad ética y política. Siempre ha sido un tema difícil en sociedades
políticas maduras, y será más complejo que avance en México. El caso de Barbosa,
el más extremo en los tiempos de la transición y la democracia mexicana, es el
mejor ejemplo del atraso que tenemos en la materia. Pero no podemos dejar de
luchar contra la opacidad política, cuya deshonestidad afecta a los electores.
