- ¿También correrá sangre en la UABJO por el lavado de dinero al igual que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo empezó a correr sangre con la probable ejecución del hijo del ex rector Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad?
- Urge que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, investigue las cuentas de la UABJO, de su Fundación y de la empresa Taxx Answers S.A de C.V., en la que participan Jorge Castillo y el ex rector Eduardo Martínez Helmes.
Alfredo Martínez de Aguilar
La destrucción de las universidades públicas en México
por el populismo echeverrista, salvo cada vez menos honrosas excepciones, las
entregó a la guerrilla, al porrismo y al narcomenudismo.
Devastación de la que es claro ejemplo a nivel nacional
la otrora gloriosa Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), merced
a la complicidad y utilización de los gobiernos en turno.
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Foto: Internet |
Caja de resonancia política de intereses mezquinos, es
saqueada para financiar campañas político-electorales y enriquecer a las mafias
familiares de los rectores y de los dirigentes de los sindicatos.
El colmo de la anarquía legalizada va desde la aberración
jurídica de la existencia del Sindicato de Trabajadores de Confianza (SECUABJO)
hasta el lavado de dinero, a través del evasor outsourcing.
Con la complicidad de la coalición
PAN-PRD-PT-Convergencia, Unidos por la Paz y el Progreso, el grupo político de
Diódoro Carrasco desplazó del Gobierno de Oaxaca al PRI con Gabino Cué.
Al mismo tiempo, a través del “vicegobernador” Jorge
Castillo, se apoderó de los multimillonarios negocios en la UABJO, mediante el
manejo de la nómina con el esquema de evasión outsourcing.
Foto: internet
Antes de la dispersión del dinero montaron la
triangulación de empresas, a través de Taxx Answers S.A de C.V., supuesta
propiedad de Elios Vásquez Zárate, cuñado del ex rector, Eduardo Martínez
Helmes.
Según logramos establecer, Taxx Answers S.A de C.V.,
tiene registrado su domicilio fiscal en el número 16 de la calle Eliseo Jiménez
Ruiz, en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Etla.
Reportes de inteligencia revelan que el administrador de
esa empresa es el Doctor en Ciencias Fiscales Arturo Pérez Aquino
arturo.perez@mrci.com.mx alto ejecutivo en el corporativo MRCI.
En MRCI Servicios Integrales el D.C.F. Arturo Pérez
Aquino es responsable del Manejo de Recursos y Controles Inteligentes, en
Calzada San Felipe del Agua No. 302, Fracc. Presa, teléfono 55 36 03 41 23.
A partir de abril de 2018, irónicamente Arturo Pérez
Aquino, integra con Guilebaldo Cruz Cortés y Raúl Ángel Hernández Chávez la
Comisión de “Transparencia y rendición de cuentas” del Consejo Universitario.
El esquema de evasión fiscal outsourcing que manejan en
la UABJO Jorge Enrique Castillo Díaz y el ex rector Eduardo Martínez Helmes es
equiparable al agravado delito de lavado de dinero.
Por tal motivo, urge que el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Santiago Nieto Castillo, investigue las cuentas de la UABJO y de la
empresa Taxx Answers S.A de C.V.
La UIF debe ampliar sus investigaciones de lavado de
dinero a la Fundación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
creada por el fiscalista Francisco Martínez Neri, durante su rectorado.
En el fondo del desplome del nivel académico-docente de
excelencia subyace la escandalosa corrupción, sin llenadera alguna. Las cotas
históricas son rotas por los rectores en cada sexenio.
Así lo confirmó el escándalo de La Estafa Maestra que
involucra a ocho universidades en la triangulación de 7 mil 670 millones de pesos
del Gobierno federal vía Sedesol, Banobras y Pemex.
El dinero fue entregado a 186 empresas, pero 128 no
debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni
personalidad jurídica para proporcionar los servicios contratados.
El gobierno no entregó los contratos directamente a las
empresas, varias de las cuales no existen, sino que primero los dio a ocho
universidades públicas y éstas lo dieron después a las empresas.
Sólo por triangular los recursos, las ocho universidades
públicas cobraron mil millones de pesos de “comisión”, a través de 11
dependencias, aunque no hayan prestado ningún servicio.
Los responsables son la Secretaría de Desarrollo Social,
con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del
Mazo, y Petróleos Mexicanos en la gestión de Emilio Lozoya.
Creíamos que habíamos visto todo en la corrupción, pero
recientemente surgió el escándalo por presunto lavado de dinero en la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El 22 de febrero llegó a la Unidad de Inteligencia
Financiera un reporte del sistema financiero que alertó de movimientos
financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias de esa universidad.
El sistema financiero reportó la realización de depósitos
y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países de la Unión
Europea: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Lo recibido por la UAEH alcanzó alrededor de 150 millones
de dólares, que provenían de cuentas bancarias ubicadas en Suiza. La UIF
determinó bloquear las cuentas bancarias de la universidad.
La UIF actúa conforme a la normatividad existente para
implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos,
así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de
cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
Como es lógico y natural, el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, negó que esta
institución haya incurrido en operaciones internacionales de lavado de dinero,
pese a admitir que existe una cuenta bancaria congelada.
Sin revelar los montos financieros de que dispone la
institución -pues argumentó que el manejo de las cuentas lo realiza el
Patronato Universitario que preside el exrector Gerardo Sosa Castelán- Pontigo
Loyola señaló que el presupuesto de la institución oscila en los 2 mil 500
millones de pesos.
Entretanto, el recurso señalado como probablemente ilegal
por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) es de alrededor de 3 mil millones de pesos.
Obligado es preguntar si al igual que en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) empezó a correr sangre con la probable
ejecución del hijo del el ex rector Gerardo Sosa Castelán, presidente del
Patronato de la Universidad, también correrá sangre en la UABJO por el lavado
de dinero.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila