Carlos Ramírez.-
El inicio del modelo de participación de fuerzas armadas
regulares y operativas en asuntos de seguridad pública para perseguir
delincuentes y deshacer cárteles comenzó el 11 de diciembre de 2006 en
Michoacán. Y si la orden fue dada por el presidente Felipe Calderón invocando
facultades constitucionales de “seguridad interior”, la petición de militarizar
la seguridad pública fue del gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel.
A un mes de iniciado el gobierno del presidente Peña
Nieto, el nuevo secretario de Gobernación, Osorio Chong, disolvió la Secretaría
de Seguridad Pública y subordinó toda la estructura de seguridad en la
Secretaría de Gobernación, con el argumento de que la seguridad era en esencia
política y poder.
El eje de las dos gestiones presidenciales y sus
estrategias de seguridad fue la militarización de la seguridad pública, sin
ofrecer ninguna reorganización, profesionalización policiaca o plazos de
terminación de ese apoyo castrense. Inclusive, Calderón, apoyado por el PAN
como partido, aprobó en agosto de 2008 un Acuerdo de Seguridad y Justicia que
estableció metas precisas en tiempo para profesionalizar policías estatales y
nacionales, mejorar ministerio publico y limpiar cárceles, pero ninguna se
cumplió.
Los militares en labores de apoyo a la seguridad pública,
por tanto, fueron decisiones civiles del PRI y del PAN, con el compromiso de
mejorar las estructuras de seguridad e impartición de justicia. En el sexenio
de Calderón-PAN se registraron 133 mil 939 homicidios dolosos y en el gobierno
de Peña Nieto-PRI-Osorio se contabilizaron 228 mil 932 homicidios criminales,
un total de 362 mil 871.
Hoy en el Senado se decidirá si el PAN que apoyó a
Calderón y el PRI que avaló a Peña Nieto cada una en estrategias de seguridad
basadas en la participación de militares de tropa operativa tendrán la
honestidad política de hacer una evaluación de sus errores y a partir de ahí
posicionar su voto sobre la Guardia Nacional. El rechazo del PRI y del PAN a la
Guardia y la participación temporal --ahora sí-- de las fuerzas armadas en
seguridad reconocerán el papel de militares y marinos o le darán una bofetada
final a su repudio --ahora también sí-- a la militarización de la seguridad
pública que sostuvo sus respectivos gobiernos panista y priísta.
En lugar de construir un puente de plata para la
finalización de la participación de tropa operativa en seguridad y de abrir
bien las puertas al ingreso a la Guardia de policías militares y navales que no
están preparados para la guerra sino para vigilar que los soldados cumplan con
las leyes constitucionales y militares, el PAN y el PRI podrían ofender a los
militares con su voto en contra de la Guardia, cuando sus sexenios 2006-2012 y
2012-2018 fueron sostenidos por la participación sin reparos de militares a los
fracasados y fallidos cuerpos civiles de seguridad pública.
Si la militarización de la seguridad fue responsabilidad
del PRI y el PAN, hoy jueves 20 las bancadas del PAN y del PRI en el Senado
estarían obligadas, de manera moral y política, a aceptar su propio fracaso en
seguridad, analizar las razones de su ineficacia y sacar del debate el tema de
la militarización porque los resultados negativos no fueron de policías y
tropas, sino de funcionarios responsables de las tácticas, estrategias y
políticas de seguridad. Sólo con esa autocrítica podría entenderse su voto
sobre la Guardia.
La participación de militares en seguridad pública fue
decisión de los presidentes Calderón y Peña Nieto y los apoyos de sus partidos
y ninguno de los dos hizo esfuerzos reales para darles un marco jurídico. Al
final de su sexenio y sin fuerza institucional, Peña Nieto promovió una ley de
seguridad interior que pareció redactada sólo para abrir el debate y ser
condenada a la anulación en la Suprema Corte. Hoy el PAN y el PRI aparecen sin
memoria política ni responsabilidad de funciones. Y quieren perder la
oportunidad para fijar un relevo institucional de las fuerzas armadas en
seguridad con un plazo sensato para su retiro y sustituir tropas de combate
regular por policías militares y navales.
El voto negativo del PAN y del PRI a la Guardia no será
un ajuste de cuentas contra la apabullante mayoría de López Obrador, sino un
voto de censura a los militares que fueron a combatir delincuentes por órdenes
del PAN y del PRI y hoy son desdeñados por políticos y partidos que los
metieron en ese berenjenal.
PRI, realineamiento. El debate nacional en torno a la
Guardia Nacional ha tenido un efecto colateral: el reacomodo de grupos de
poder. El centro de decisiones en el PRI, con miras también a su cambio de
dirección, se consolidó en los gobernadores y se alejó de la bancada tricolor
en el Senado: el gobernador campechano Alejandro Alito Moreno emergió con un
acuerdo de gobernadores, en tanto que el ex secretario de Gobernación, Miguel
Angel Osorio Chong, no pudo asumir el liderazgo. ¿Se reproduce fenómeno priísta
2006-2011 que consolidó al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto como el
poder real del PRI sin presidente de la república?
Política para dummies: La política es lo que tenemos. Y
punto.
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